Cuando el país casi ni recordaba las dificultades y extracostos causados por Termocandelaria y Termovalle, plantas termoeléctricas que incumplieron con la obligación de tener energía disponible cuando se la necesitara, la Superservicios sancionó a Termocandelaria multándola con $35.400 millones, castigo que no la exime de otras obligaciones que pueda imponerle la justicia.

La sanción obedece a la incapacidad de la generadora para explicar en qué gastó $83.066 millones recibidos por el cargo de confiabilidad, que es el mecanismo por el cual la Nación (los usuarios) paga anticipadamente recursos que los generadores necesitarían para tener capacidad de generar a máxima potencia cuando el sistema lo exija. Porque hechos como el fenómeno del Niño son cíclicos, el país ha definido este cargo como un seguro contra los apagones.

Esta decisión revierte las actuaciones de esa Superintendencia en noviembre de 2015, cuando, habiendo tomado posesión de Termocandelaria, aprobó que se le aumentara el valor a pagarle por kilovatio/hora generado, costo que excusó en el mayor valor de los líquidos para generación y en la escasez de gas. Sin vergüenza del Gobierno o de la generadora incumplida, ese mayor valor fue cobrado a los usuarios, que lo asumieron chantajeados por la amenaza de un fuerte racionamiento. Fue tan exótico el comportamiento de las autoridades del sector eléctrico ante el incumplido que en estas páginas denunciamos que “le va mejor aún a las que de manera unilateral cierran sus operaciones, sin más ni más, pues allí el Estado interviene, transfiere parte de la carga al consumidor y además les da un semestre de gracia” (ver en: https://goo.gl/PpblhN).

Definida en la misma línea de la valerosa intervención de Electricaribe, a pesar de presiones internas del Gobierno y externas de “países amigos”, esta multa, menos costosa que indicativa de voluntad, crea esperanza en una institución llamada a la independencia frente a poderosos agentes privados en el mercado de servicios públicos -no sólo el eléctrico- y a los no despreciables intereses del Ejecutivo.