El pasado 9 de diciembre se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena la Cumbre para el diálogo social, convocada y organizada por la Procuraduría General De La Nación. Evento que contó con la presencia del presidente de la República, los presidentes de los partidos políticos, una amplia representación de empresarios, gremios, indígenas, lideres sociales y sindicales, los ministerios del Interior y del Trabajo, excombatientes, víctimas del conflicto, académicos y estudiantes, entre otros. Las diferentes intervenciones iban mostrando la realidad del país. Somos un país de regiones, de voces, de opiniones y de diversas realidades que, en el variopinto escenario, la cumbre no fue otra cosa que la voz de una Colombia cansada de tanta inequidad, injusticia y el optimismo de, a pesar de tantas situaciones dolorosas, ser un pueblo resiliente, capaz de levantarse a seguir construyendo.  Muchos de los reclamos expresaban los 13 puntos del contenido que ha convocado la protesta social; sin embargo, algo que realmente nos preocupa a muchos es que la reflexión adquiere un nivel intelectual tal, que el mismo discurso impide que se hable de cosas concretas, de las cosas que hay que hacer en el corto plazo, del camino que se debe emprender para ir solucionando lo que hay que resolver.

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Esa es una constante en Colombia. Los discursos elevados terminan nublando lo que hay que hacer. Sin embargo, en medio de la cumbre, un empresario haciendo uso de la palabra lanzó una propuesta que paralizó por un momento la cumbre. En mi columna anterior, había dicho que, si los empresarios no asumían el proceso de paz del país, este sin duda iba a quedar sin muchas posibilidades. Bueno, pues el empresario Jesús Guerrero, fundador de Servientrega y de otras empresas del país, en el marco de la cumbre lanzó una propuesta realmente innovadora. Inicia diciendo que iba a proponer la “Ley Chucho”, el auditorio quedo sorprendido y las risas no se dejaron esperar. La “Ley Chucho” consiste en distribuir el 15% de los excedentes de las empresas en sus empleados. Esto ya es una realidad en el Ecuador y, empresas como Servientrega, presente en este país, lo hace y la experiencia, según el empresario Guerrero, realmente es muy exitosa. ¿Qué quedaría de esta ley? Aparte de la bonificación adicional que los empleados reciben, el prestigio, una justa distribución, el sentido de pertenencia por las organizaciones, el deseo de cuidarlas y dar lo mejor por ellas. Este es un estímulo a la creatividad y la productividad, es el impulso para que un empleado de una empresa siga desarrollándose, capacitándose y renovando las prácticas para tener mejores empresas.

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¿Cómo funcionaría la Ley Chucho? Tomemos el caso del Ecuador: la ley tiene un techo, esto es que quienes superen determinado número de salarios no recibirían este incentivo. Se privilegia a la base de las empresas, esos que ganan desde un salario mínimo. Se propone el 15%, dejando claro que este recurso puede tener destinación directa, como por ejemplo la compra de vivienda, educación, salud, emprendimientos y auxilio familiar. Se trata de un recurso que no puede ir al gasto de la economía de un empleado, sino que debe ser inversión y ahorro. En el caso del Ecuador, un fallo de la Corte declaró la constitucionalidad del derecho de los empleados a recibir el 15% de las utilidades totales anuales de una compañía. Esto debería pasar en Colombia, ampararnos del derecho constitucional de la equidad y la justa distribución. Si la “ley Chucho” es tenida en cuenta por algún partido político, es estudiada y construida en serio, veremos un claro ejemplo de lo que puede hacer el empresariado por este país. Según la norma ecuatoriana, las empresas del país deben entregar el 15% de sus utilidades a los empleados, en caso de haberlas generado, hasta el 15 de abril de cada año: 10% para los empleados y 5% para las cargas familiares. Entre los sectores que mayor monto de utilidades reparten y, cuyos colaboradores se vieron afectados por el tope, se encuentran: energético (extracción de petróleo y gas), bancos, telecomunicaciones, automotriz, cervecero, camaronero y cementero. Para Telefónica Movistar, la eliminación al techo de las utilidades benefició tanto a sus trabajadores como a la empresa, al fomentar un mejor trabajo y en consecuencia un mayor desarrollo de la compañía. “El objetivo de las utilidades es que los trabajadores participen de las ganancias que ellos mismos, con su aporte, ayudaron a generar. Cualquier limitación en ese sentido siempre generará desmotivación, afectando a la productividad del propio colaborador y de la empresa”, subrayó la firma. Una última cosa, se trata de una anécdota. Cuando termina la cumbre, teníamos que dirigirnos hacia el ascensor del recinto donde nos encontrábamos, ya dentro de él, la gente hablaba de la “Ley Chucho”. Algunos decían, inclusive, “necesitamos 10 empresarios así en el país”. Seguro los tenemos, tan solo necesitamos que se junten para que este tipo de propuestas salgan en un momento coyuntural como este.

Comentarios:

Edgar
2019-12-26 11:28:24

Pues es verdad que ya hay empresas que comparten las ganancias con el resto del personal, donde todo el mundo trabaja con ahínco, son como una familia donde la estabilidad es asombrosa. Conozco una de esas maravillas cuyas siglas son I.Ap. (No digo más porque no estoy autorizado).

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