Como era de esperarse la propuesta del presidente Santos en torno a que el Estado financie las campañas políticas por  cierto tiempo para evitar la corrupción electoral, armó desde ayer, como muchas veces ya ha ocurrido en el pasado, la controversia sobre cuál es el mejor sistema electoral que necesita Colombia.
Hoy la financiación electoral es mixta y la intervención de capitales privados y de otros nada santos ha llevado a que algunos políticos queden comprometidos u obligados con sus mecenas a recompensarlos con la contratación pública, que es la principal vena abierta por donde corre la corruptela en el país.
A la idea presidencial reaccionaron diversos sectores partidistas y congresistas, que en su mayoría estuvieron de acuerdo con la financiación estatal de las campañas, pero sobre la base que en el sistema político electoral imperen las listas de partidos cerradas y se acaben las planchas con voto preferente, a las cuales les atribuyen todos los males.
Este debate en el país ya ajusta unos 20 años desde que se comenzaron a introducir fuertes  modificaciones electorales con los actos legislativos reformatorios de la Constitución del 2003 y del 2009.
Pero ahora con ocasión del acuerdo con las Farc, otra vez vuelve y juega un revolcón a la arquitectura electoral, que debe recomendar en tres meses la Misión Especial Electoral que se instaló el pasado martes.
Obviamente a todo el mundo le suena bien la propuesta santista, pero a la hora de la verdad los proyectos de ley o de reforma constitucional en esta sensible materia se hunden en el propio Congreso, pues no hay voluntad de cambio en los legisladores, cuidando intereses particulares y no colectivos.
Ayer se propalaron por medios nacionales afirmaciones de políticos como que “el gran problema es la fuente de los recursos, es necesario la lista cerrada”. 
O también que “los recursos electorales tienen que tener mayores controles del Consejo Nacional Electoral”,  entidad severamente cuestionada por su origen político y a merced de los congresistas.
Otra aseveración bastante elocuente del problema es que “en Colombia no hay financiación de campañas, sino inversiones” para “conseguir más adelante los jugosos contratos públicos” y otra más que “la solución son las listas cerradas con las cuales no se financien a personas y los partidos políticos se logren fortalecer”.

Los culpables
En su nota introductoria al libro “Régimen Jurídico de las elecciones en Colombia”, el catedrático de Ciencias Políticas, Armando Estrada Villa, argumenta con contundencia que el voto preferente no es tan malo como lo pintan, y que el voto cerrado no es tan bondadoso como ahora lo defienden.
Para ello sostiene que la corrupción electoral no es propiciada por el ciudadano y menos por el elector, sino por algunos políticos, no todos.
Según este analista, la patología del voto en Colombia pasa por tres estadios bien definidos: el voto clientelizado, el voto constreñido y el voto comprado.
En su criterio los únicos responsables de esta degradación del voto, de esta enfermedad del sistema político electoral colombiano son los políticos que no escatiman procedimientos con tal de conquistar votos y curules.
Al respecto, enfatizó aún más su tesis al recalcar que “son los políticos los que clientelizan al elector con la ‘mermelada’ que les entrega el Gobierno; son los políticos los que se valen de los grupos ilegales para forzar al votante; son los políticos los que con los dineros de la corrupción y de la ‘mermelada’ compran el voto de los sufragantes”.
Esto lo lleva a afirmar que no resulta válido achacarle a la lista abierta con voto preferente  todos los males de la democracia colombiana y no reconocerle algunas de sus ventajas y beneficios, para, de paso, exculpar a los políticos de sus faltas y cobrarle al ciudadano las fallas en que incurren los políticos.
Muchas veces se le escuchó decir al exsenador liberal antioqueño Bernardo Guerra Serna que “el Partido Liberal no era el corrupto, sino algunos de sus militantes”.
Eso refuerza la tesis que los electores y los partidos no son los malos del paseo, sino políticos de carne y hueso.

Siete razones
El experto Armando Estrada Villa sustenta la validez del voto preferente con estas siete ventajas para el elector:
1. Es un derecho del ciudadano.
2. Aumenta la representatividad al hacer que lleguen los que prefieren los ciudadanos.
3. Disminuye el poder del aparato del partido y aumenta el del ciudadano.
4. Incrementa el grado de conocimiento de los candidatos por parte de los votantes y la responsabilidad del representante ante sus electores.
5. Permite establecer una relación más directa  entre electores y elegidos. 
6. Mantiene cauces abiertos para la selección por el votante de los candidatos individuales más capaces, más honestos y representativos.
7. Facilita la elaboración y presentación de listas.
En cambio, sostiene, las listas cerradas favorecen principalmente a las minorías de dirigentes de los partidos y movimientos que son quienes tienen la enorme facultad para decidir quiénes van a ser congresistas, diputados o concejales, pero alejan al elector de sus  representantes.
“Si de democracia se trata, cómo no va ser más democrática la definición de quienes son senadores o representantes según escogencia directa por el ciudadano que vota, que si lo deciden los directivos de los partidos o las convenciones con un número limitado de delegados”, concluye Estrada Villa.