El expresidente de Perú, Ollanta Humala, exhortó este domingo a defender la democracia frente al “escenario golpista” planteado por el Congreso, que controla el fujimorismo con mayoría absoluta, con procesos abiertos contra el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, el Tribunal Constitucional y el fiscal de la Nación.

“No permitamos un escenario golpista”, escribió Humala en la red social Twitter desde la cárcel donde cumple prisión preventiva mientras se le investiga por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales.

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El gobernante de Perú entre 2011 y 2016 pidió dejar de lado los cálculos electorales para defender las instituciones y la democracia.

También instó a “respetar el Estado de Derecho y el debido proceso, que garantice investigaciones serias”, en referencia al proceso de destitución iniciado por el Congreso contra Kuczynski, que deberá resolverse este jueves 21.

Con 93 votos a favor de los 130 congresistas que componen el hemiciclo, el Parlamento peruano inició el viernes el proceso contra Kuczynski por supuestamente haber intentado ocultar sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica.

El Congreso debatirá la destitución del mandatario por “incapacidad moral permanente”, una figura contemplada en la Constitución que permite inhabilitar al jefe de Estado por hechos extraordinarios que no necesariamente incurren en delitos.

Los parlamentarios consideran que el mandatario “faltó a la verdad” cuando en repetidas ocasiones negó haber recibido dinero de Odebrecht.

Sin embargo, la compañía brasileña desveló esta semana haber pagado más de 782.000 dólares entre 2004 y 2007 a la consultora Westfield Capital, propiedad de Kuczynski, cuando este ejercía de ministro en el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).

Tanto Kuczynski como Odebrecht alegaron que los contratos son legales y fueron gestionados exclusivamente con el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, administrador de Westfield Capital mientras el actual presidente peruano era ministro.

Paralelamente, el Congreso peruano mantiene sendos procesos de acusaciones constitucionales contra cuatro jueces del Tribunal Constitucional y contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

En el primer caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIdh) ordenó al Estado peruano suspender el procedimiento hasta que el pleno del tribunal pueda evaluar el caso, dado que la subcomisión de Acusaciones Constitucionales había aprobado inhabilitar diez años a uno de los jueces y suspender un mes a los otros tres.

En el segundo, la misma subcomisión investiga una denuncia contra Sánchez por supuesto encubrimiento de las empresas peruanas que formaron consorcios con Odebrecht en las obras cuyas licitaciones fueron otorgadas a la compañía brasileña con base en sobornar funcionarios.

El caso Odebrecht afecta a casi toda la primera plana política de Perú por los millonarios sobornos pagados entre 2005 y 2014 para adjudicarse grandes contratos en obras públicas, además de financiar las campañas electorales de los principales candidatos.

Fruto de las investigaciones, los predecesores de Kuczynski también están inmersos en sospechas, como Toledo, con orden de captura por supuestamente recibir 20 millones de dólares en sobornos; Alan García, investigado por dádivas en el Metro de Lima; y Humala, en la cárcel por presunta financiación irregular de sus campañas.