Hace dos semanas se conoció que veinticinco miembros del Parlamento Europeo enviaron una carta al gobierno colombiano y a los dueños de Hidroituango pidiendo que se suspenda el llenado del embalse, programado para julio de 2018, hasta que se recuperen todos los restos de víctimas de la violencia que pudiesen estar sepultados en esa zona.

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Es importante destacar que la carta no vino del Parlamento Europeo, cuyas funciones legislativas y de control político sólo aplican para la Comunidad Europea. Esos eurodiputados actuaron a título personal, respaldando la posición de Ríos Vivos Colombia.

Ríos Vivos es un grupo vinculado con la entidad extranjera International Rivers, que desarrolla actividades en sesenta países del mundo. En América Latina están en México, Panamá, Colombia, Brasil y Chile. Su objetivo es oponerse a los embalses y a las centrales hidroeléctricas, con el argumento de la defensa de los territorios.

Esa solicitud de suspender el avance de la obra tiene implicaciones de gran trascendencia.

Por un lado, durante muchos años la zona careció de presencia institucional del Estado y la violencia allí fue generalizada, causando un gran número de víctimas y de desaparecidos. Pero es imposible saber cuántas de ellas están sepultadas en la zona del embalse. A la fecha, la Fiscalía General de la Nación ha exhumado los restos de 159 personas. Así las cosas, ¿por cuánto tiempo debería eventualmente suspenderse el llenado del embalse? ¿Indefinidamente? ¿Durante un tiempo determinado? ¿Hasta completar la recuperación de un cierto número de restos humanos? ¿Cuáles serían los criterios para determinarlos?

Por otro lado, la central Hidroituango debe entrar en operación en una fecha precisa, diciembre de 2018, de acuerdo con compromisos ineludibles, entre los cuales se destacan: garantizarle al país el suministro de la energía que requiere; cumplir el contrato de suministro de energía firme que tiene suscrito la empresa con el gobierno nacional, y cumplir compromisos internacionales de Colombia de sustituir emisiones de dióxido de carbono.

El argumento más fuerte para zanjar la discusión es que la empresa Hidroeléctrica Ituango S. A. ha formulado, desarrollado y cumplido un programa estricto de manejo de los impactos físicos, bióticos y sociales de la obra, basado en el principio del respeto absoluto de los derechos de la comunidad y movido por el propósito de convertir la zona de influencia de la central en un territorio sostenible.

En desarrollo de ese programa, se ha conseguido: la recuperación de la presencia del Estado en la zona; la reubicación de las 273 familias desplazadas, manteniendo la cohesión social de las comunidades, los medios de producción y los servicios fundamentales; la mejora de la infraestructura en vías de comunicación, escuelas, hospitales y seguridad; el incremento de la capacidad productiva de la comunidad, mediante proyectos agropecuarios, comerciales y turísticos sostenibles en el tiempo, entre otros beneficios. No es de menor monto que los tres cementerios comunitarios que había en la zona se recuperaron y trasladaron cumpliendo los más estrictos protocolos.

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El restablecimiento de la presencia de las instituciones del Estado en la zona ha permitido controlar la violencia endémica que sufría la región. En ella se ha cumplido satisfactoriamente el acuerdo de paz con los grupos de las Farc que allí operaban, permitiendo la terminación de esa violencia y la reincorporación de los antiguos guerrilleros a la sociedad. Varios de ellos, inclusive, han sido vinculados como trabajadores en la construcción de Hidroituango. Es cierto que bandas delincuenciales continúan operando en la zona, dedicadas al cultivo y comercialización de la coca. Pero el avance ha sido gigantesco.

A todos nos duele el dolor de los familiares de las víctimas que quisieran recuperar los restos de sus seres queridos. Pero la solicitud de los eurodiputados es inaceptable porque no hay manera de delimitar su alcance ni sus consecuencias; porque los perjuicios que se generarían serían enormes, y porque la empresa ha cumplido con absoluta responsabilidad sus compromisos con la comunidad afectada por la obra. Colombia e Hidroituango merecen respeto.