El Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 2019 generó una dura respuesta del Gobierno, que consideró que la recomendación de que la Policía Nacional hiciese parte del Ministerio del Interior y no del de Defensa, era una intromisión en la soberanía nacional;  se lamentó de que el Informe fuese sesgado al no dar la relevancia debida a las acciones positivas de la administración en asuntos como el aumento de los Planes de Desarrollo con Enfoque territorial, Pdet, que pasaron de dos obras, al finalizar el gobierno de Santos, a 680 durante el mandato de Duque. Este, en cambio, guardó silencio sobre la denuncia en el texto de la Alta Comisionada del creciente número de líderes sociales asesinados en el país.

Lea también: Atentado terrorismo y fallas

El presidente es un hombre acorralado. Nada, o casi nada, de lo que hace, incluso si le sale bien –y hay cosas que le han salido bien, como la manera en que ha enfrentado hasta ahora a los promotores del paro político - es percibido por la opinión pública como bueno. Su aprobación ronda el 23%, y su desaprobación, el 71%, según la última encuesta Gallup.

Tal vez esto se explique a) por su negativa, hasta hace poco, a tener gobernabilidad, negando la presencia en su administración de fuerzas políticas que podían contribuir a generarle buena opinión a su gobierno dentro del Congreso, lo que lo llevó a que la mayoría de sus proyectos bandera fracasaran; b ) por la incapacidad de Duque de poner en práctica, a pesar de su buena fe manifiesta y esfuerzo,  una estrategia multidireccional contundente y efectiva que apunte a terminar con la minería ilegal y el narcotráfico del Eln, las Farc disidentes, el Epl y bandas como el Clan del Golfo o los Caparrapos. Eso ha llevado al consecuente deterioro de la seguridad en el campo y el aumento incontrolable del microtráfico en las grandes y pequeñas ciudades, en poblaciones y veredas; c) por la incapacidad de comunicar sus políticas y logros y generar empatía con los ciudadanos.

La suma de todas esas variables, y de otras no mencionadas, tiene como corolario que esté perdiendo la iniciativa, no ya en los escenarios nacionales, sino en los internacionales. Ese es el caso de informe que comento. Veamos.

En primer lugar, hay que reconocer que, casi siempre, por no decir, todas las veces, esos informes han sido contrarios a los gobiernos colombianos y que ahora la cabeza de la Oficina de la Alta Comisionada está en manos de una reconocida izquierdista radical, la señora Michelle Bachelet, con el consecuente sesgo ideológico que sus intervenciones tienen. Pero, en segundo lugar, también es cierto que en el país hay violencia endémica y que en 2019 hubo 36 masacres con 133 muertos (cifras que pueden variar de acuerdo a quien las establece, pero que fijan un escenario aproximado), causados básicamente por los actores ilegales violentos que el documento menciona y, agrego yo, por las disidencias de las Farc.

Ya se sabe que el llamado Acuerdo de Paz entre Santos y las Farc fue un fiasco que consagró la impunidad y dejó abierta la puerta para la legalización de los cultivos de coca y marihuana, al permitir cultivos pequeños; acabar con los métodos de erradicación efectivos, como la fumigación aérea y disminuir el presupuesto de las Fuerzas Armadas y de Policía, reduciendo dramáticamente sus efectivos y recursos para la lucha antinarcóticos a gran escala, así como el combate a la minería ilegal. El resultado, más de 200.000 hectáreas de coca y la proliferación de explotaciones de oro que destruyen nuestras selvas y contaminan nuestros ríos.

También sabemos que Duque ha hecho un esfuerzo importante para combatir esos dos flagelos, pero no ha sido suficiente, pues la erradicación aérea está congelada, y sobre todo porque ante el copamiento de los territorios donde se producen esas actividades por parte de los ilegales, no ha podido recuperarlos para imponer el imperio de la ley y ni siquiera defender a los líderes sociales que se oponen a esas prácticas, quienes han sido asesinados impunemente.

Que apenas van corridos 19 meses del gobierno, cierto. Que muchos de los muertos en masacres son el resultado de enfrentamientos entre bandas rivales, verdadero. Pero ya es tiempo de que se vean resultados importantes en la pacificación de esos territorios y en defensa de la vida y demás derechos de los campesinos que apoyan las políticas de sustitución.

El espejo retrovisor no funciona, entre otras cosas, porque Duque perdió tiempo precioso en el Congreso para que se aprobara con el suficiente respaldo político las modificaciones de ley a las políticas pertinentes a la política de la lucha contra el narcotráfico. Porque no es lo mismo un manejo de estas con un respaldo mayoritario de los partidos en el parlamento, que una realizada sólo con el apoyo del CD. Al menos, no es lo mismo para la Corte Constitucional a la que le queda fácil echar para atrás las propuestas de Duque porque este no cuenta con apoyo suficiente, a enfrentar al poder legislativo rodeando esas iniciativas.  Y no es lo mismo que el país vea que tiene respaldo suficiente para sus proyectos, a que perciba que está aislado. Afortunadamente, ya está corrigiendo ese error.

Por supuesto, hay sesgo en el Informe, claro. Lo de los Pdet son sólo un caso.  La reforma del estatus de la Policía, también. Desconoce la realidad colombiana. En otros países, la policía es un ente civil armado con asiento en los Ministerio del Interior y altamente descentralizada, incluso autónoma, en los ámbitos regional y local. Pero en el país la experiencia de una policía descentralizada resultó amarga pues fue generadora de violencia. Por eso el presidente Lleras Camargo la nacionalizó en 1959.

El caso es que la Policía Nacional adjunta al Ministerio de Defensa ha contribuido en gran medida a defender las instituciones democráticas en el conflicto interno que nos asola desde el fin de la violencia partidista, así como en la lucha contra las mafias, a pesar de que en ocasiones haya sido infiltrada por estas, algo que, afortunadamente ha podido superar. Separarla del Ministerio de Defensa para asignarla al del Interior, rompería la cadena de mando y la coordinación existente entre las distintas Fuerzas, incluyendo la Policía, en situación de conflicto interno y lucha contra las mafias. Presupone, además, que las Fuerzas Armadas violan los derechos humanos de los ciudadanos, algo que niega el comportamiento apegado a estos que por años las fuerzas de seguridad han tenido como una política institucional, más allá de que algunos pocos miembros individualmente los hayan violado.

Esa medida sería un golpe mortal a la política de seguridad del estado. Por eso es una gran aspiración de la izquierda radical nacional e internacional. 

Le puede interesar: Pensar con el deseo

Me imagino que esas son las razones que tiene Duque para criticar la propuesta de Bachelet. Y sí, es una intromisión en los asuntos internos del país en boca de una vocera de dicha izquierda mundial para favorecer a sus camaradas en Colombia. En eso hay que apoyarlo vehementemente. Tiene razón, además, en señalar el sesgo del documento y en reivindicar sus logros. Y en las denuncias sobre las masacres, encarar la realidad y actuar en consecuencia.