Hoy la Fiscalía General de la Nación anunció un “duro golpe contra finanzas de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal en Chocó”.
Se trata de la destrucción de un 20 dragas brasileras, catorce excavadoras y un buldócer, en desarrollo de una investigación que adelanta el Eje Temático de Protección a los Recursos Naturales y Medio Ambiente, de la Dirección de Fiscalías Nacionales.
El operativo duró tres días y se hizo con el objetivo de “mitigar los daños y afectaciones que se están causando a los recursos naturales y el medio ambiente” y “afectar las finanzas de las organizaciones criminales que se lucran con la minería ilegal para delinquir en el departamento chocoano”, según señaló la Fiscalía.
En la primera fase de operaciones terrestres, realizadas en el municipio de Río Quito, participaron más de 150 personas especializadas en medio ambiente de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Chocó, “quienes ocuparon los campamentos mineros de Paimadó – Río Quito, en su mayoría administrados por personas de nacionalidad brasileña”, indicó el ente investigador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, “el daño ambiental ya supera los mil millones de pesos y existe una alta probabilidad de que no se pueda restaurar. El uso de esta maquinaria más conocida como dragones brasileros, debido a la procedencia de su creación, causa enormes daños al medio ambiente porque son construidos para arrasar con todo lo que quede a su paso durante día y noche”.
Estas estructuras metálicas o de madera son operadas por diez a quince personas, y producen aproximadamente de uno a tres libras de oro por semana, con un valor en el mercado de 136 millones de pesos por kilo de oro aproximadamente.
Este operativo hace parte de la estrategia de la Fiscalía contra la minería criminal y los delitos conexos, donde fueron priorizados los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca y Antioquia.
En Antioquia, varias subregiones tienen un panorama similar, destacándose el Nordeste y el Bajo Cauca, donde la mayoría de los habitantes dependen de esta actividad económica. Ellos denuncian que estos operativos estatales, la mayoría de las veces, sólo afectan a los pequeños y medianos mineros, pero no a los verdaderos ilegales.