La Defensoría del Pueblo pidió este viernes a las autoridades que atiendan de manera urgente la situación humanitaria de las comunidades indígenas y afrocolombianas que, desde el 2 de mayo, se han movilizado a la cabecera municipal de Riosucio, Chocó, para exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos suscritos con las Farc que garantizan la no repetición de los hechos victimizantes.

Entre estos, destacaron la necesidad del proceso del desminado de las cuencas, la entrega de los territorios libres de actores armados, la implementación de proyectos productivos para los procesos de retorno y el reconocimiento de estas comunidades como sujetos de reparación colectiva.

En un comunicado, esta cartera del Ministerio Público manifestó que los integrantes de los pueblos Embera Dovidá, Katío, Chamí, y Wounáan y las comunidades negras de las cuencas de los rios Salaquí, Domingodó, Truandó y Jiguamiandó, ubicados en la subregión del Bajo Atrato (Riosucio y Carmen del Darién), “han sido víctimas de graves vulneraciones a los Derechos Humanos desde el año 2015 con la incursión de las Autodefensas Gaitanistas y el ELN”.

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Según esta autoridad, esto repercute en “la configuración de un escenario de confrontación y disputa territorial que ha generado desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas a líderes, reclutamientos forzados y la instalación de minas antipersonal, y restricciones a la libre movilidad que impide el acceso a las zonas de cultivo, cacería y pesca que afecta gravemente la seguridad alimentaria de las comunidades”.

La Defensoría notificó que en territorios de la margen oriental del río Atrato como La Larga Tumaradó, Pedeguita Mancilla, Curvaradó y Jiguamiandó, donde se adelantan procesos de restitución de tierras y de retornos de población desplazada, “se continúa presentando ataques, destrucción de cultivos y caminos comunitarios y amenazas”.

Esta entidad envió informes y cerca de 27 oficios en los que denunció que en esta región, entre enero y marzo del presente año, han reportado 1.206 personas desplazadas y 815 familias en situación de confinamiento.

Así mismo, la Entidad ha realizado múltiples misiones de verificación de la situación humanitaria y el acompañamiento a las comunidades, a través de la Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada, la Defensoría Regional de Urabá y el Sistema de Alertas Tempranas.

A la par, esta institución de protección de poblaciones sostuvo que se han adelantado gestiones defensoriales requiriendo a los Gobiernos Municipal, Departamental y Nacional la pronta atención a la población desplazada y confinada y la protección de las personas y autoridades étnico-territoriales que han recibido múltiples amenazas.

El ente manifestó que “ante estas situaciones deben concertar acciones y estrategias urgentes para la protección de la vida, libertad e integridad de las comunidades y líderes, la atención humanitaria integral con enfoque diferencial a la población desplazada y confinada a través de la oportuna entrega de alimentos, garantías de seguridad para la permanencia en el territorio, la urgencia del desminado humanitario, la sostenibilidad de los retornos, así mismo insta al gobierno Nacional a atender las peticiones de las comunidades y respetar sus derechos fundamentales a la autonomía y autodeterminación”.