Los inexplicables, y condenables, grafitis amenazantes pintados en la madrugada del martes en el corregimiento San José de Apartadó llegan a engrosar la ya larga e inaceptable sucesión de crímenes contra vidas humanas, así como amenazas e incidentes contra la región de Urabá y sus habitantes, que se han sucedido durante los últimos meses acrecentando la sensación de pérdida de seguridad y tranquilidad en esa región.

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Urabá comparte con otras regiones colombianas, 51 municipios según declaraciones del presidente de la República, ser objeto de luchas de grupos no desmovilizados y bandas emergentes por el control de territorios y corredores estratégicos para sus intereses. Frente a esos riesgos, el doctor Santos ha reconocido que, para el gobierno, su “principal reto es iniciar el desarrollo de estas zonas más afectadas lo más pronto posible”, por lo que ha anunciado que “la idea es llevar la oferta de muchos de los ministerios” a esos municipios que describió “con características similares. Afectados por el conflicto, que tienen debilidad institucional, que tienen presencia de economías ilegales, que tienen unas grandes brechas socioeconómicas”. Además de la necesaria inversión para ofrecer oportunidades a poblaciones que han sentido su ausencia, el Gobierno ha ofrecido a estas comunidades que seguirá “adelantando operaciones en muchos frentes para darles cada vez más seguridad”.

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La situación de Urabá reclama a los alcaldes municipales y la Gobernación de Antioquia, actuar ante los ministerios del Interior y el Posconflicto exigiendo que las promesas presidenciales a las regiones más afectadas por el conflicto se traduzcan en prontas intervenciones con ofertas ciertas de oportunidades de desarrollo para las comunidades y los territorios, y de seguridad obtenida por el control legítimo a los grupos que se disputan estos territorios.