Desde su particular perspectiva en torno a la decisión tomada el pasado 14 de diciembre por las comisiones conjuntas de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República, el gobernador del Chocó, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, le envió una carta a su homólogo Luis Pérez Gutiérrez, en la que, además de ratificar que no retirará a sus funcionarios del corregimiento de Belén de Bajirá, pide que sean los servidores públicos de Antioquia los que abandonen “de inmediato” el territorio en disputa.

El mandatario chocoano argumenta que la decisión del Congreso de devolver al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) el informe técnico que había sido radicado en febrero de 2016, para que de acuerdo con la Ley 1447 de 2011 el Legislativo definiera el diferendo limítrofe entre los dos departamentos, deja en firme el expediente según el cual Belén de Bajirá y los corregimientos de Nuevo Oriente, Macondo y Blanquizet, del municipio de Turbo, pasan a ser parte del territorio del vecino departamento.

“Dicha comisión explicó que no se podría continuar con el debate, debido a que no se reunían los requisitos de límite dudoso, y que en dichas condiciones el Congreso se declaraba incompetente para fallar sobre el tema en curso”, señala la misiva, dada a conocer este martes.

La carta es respuesta a otra que, en similares términos, envió el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, a su homólogo del Chocó, el pasado 23 de diciembre, en la cual le solicitaba “de la manera más diplomática”, “retirar los servidores que estén ejerciendo funciones públicas en ese territorio antioqueño y que son pagadas por el Departamento del Chocó o por un municipio del mismo”.

El gobernador del Chocó explicó que no retirará los servidores públicos que tiene el Chocó en Belén de Bajirá y que, en cambio, los aumentará. “El departamento del Chocó mantendrá de manera categórica y desde la institucionalidad su autoridad y posesión de este territorio”, sentencia.

Distintas interpretaciones

Mientras del lado chocano se sigue señalando que el territorio de Belén de Bajirá ha sido legal y ancestralmente suyo, del lado antioqueño se ha expuesto el concepto de límite tradicional, que según el asesor de la Gobernación de Antioquia, Guillermo Mejía, hace referencia al comportamiento histórico de la tradición cartográfica, catastral, registral, ambiental, notarial y de prestación de los servicios de salud, educación y construcción de obras públicas, el cual ha corrido por cuenta de Antioquia durante los últimos 98 años.

En la sesión del 14 de diciembre, el gobernador Luis Pérez justificó que tales consideraciones fueron desconocidas en el informe del Igac, lo que llevó a las comisiones conjuntas, efectivamente, a devolverlo y solicitar al Ministerio del Interior realizar una consulta popular para saldar el diferendo.

Sin embargo, para Antioquia el efecto legal de la devolución del expediente del Igac implica la invalidez del mismo, puesto que el Congreso cumplió con el requisito establecido en su reglamento de darle trámite antes de un año de su radicación, plazo que se cumplía en febrero próximo. Al no haber expediente, la plenaria del Senado no tiene materia prima para adelantar un debate de definición de límites, que habría sido el siguiente paso si las comisiones hubiesen aprobado el informe.

El caso, a juicio del lado antioqueño, quedó en un punto muerto, a la espera, o bien de un nuevo informe del Igac, o bien de la celebración de la consulta popular, sobre la cual no se conoce pronunciamiento del Ministerio del Interior.