55.000 hectáreas de cultivos con fines ilícitos han sido erradicadas

Autor: Andrés Felipe Gallego Patiño
24 noviembre de 2017 - 05:30 AM

Entre problemas de seguridad para erradicadores y ante el escepticismo de diferentes sectores sociales, el proceso de erradicación y sustitución de cultivos para uso ilícito ha avanzado en Colombia tras un año de firmado el acuerdo final.

Medellín

Tras un año de firmado el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc, el punto de la sustitución de cultivos ha enfrentado una situación delicada debido al aumento de las hectáreas de coca cultivadas y las amenazas a erradicadores que en algunos casos han derivado en asesinatos. Pese a esto, el alto comisionado para La Paz señaló a EL MUNDO que hasta el momento han sido erradicadas 55.000 hectáreas de cultivos con fines ilícitos, “esto se ha dado a través de dos estrategias complementarias, por un lado la erradicación forzosa que ha permitido acabar con 46.000 hectáreas y por otra parte la sustitución voluntaria, con la que hasta hoy se tienen registros de 9.000 hectáreas erradicadas”.

En el caso de Antioquia, Luis Fernando Pineda, coordinador del Programa Integral de Sustitución en el departamento, señaló que el proceso de sustitución voluntaria arrancó en mayo y cuenta a la fecha con 8.000 personas vinculadas en Briceño, Anorí, Cáceres, Tarazá, Ituango, Campamento y Valdivia; localidades que representan el 90% de la coca sembrada en Antioquia y en las que se espera lograr la erradicación del cultivo antes de junio próximo.

Pineda precisó que al concluir el proceso de erradicación se inicia con la asistencia técnica para la implementación de proyectos productivos, “esta se hace con organizaciones de los mismos territorios para explorar los productos adecuados en cada zona y designar suelos para proyectos de largo plazo como cacao, café y aguacate; algunos de corto plazo como maíz, yuca o plátano e incluso iniciativas de subsistencia o asistencia alimentaria como cría de marranos, gallinas o huertas caseras”.

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Al respecto, Diego Miguel Sierra, investigador y secretario de Agricultura de Antioquia en diferentes periodos, señaló que identificar nuevas alternativas de producción es un tema fundamental que exige mucha sabiduría “porque se va a sustituir un cultivo que no tiene remplazo, entendiendo que ningún otro produce la rentabilidad que tiene la coca ni iguala la relativa facilidad, la organización logística de las bandas criminales en el suministro de los insumos y el resultado final de los propios productores y de los cristalizaderos. Encontrar esos productos sustitutos requiere también un acompañamiento en la generación de cultura de la legalidad porque si solamente se aborda el carácter de negocio no hay manera de reemplazarlo”.

Pineda coincidió con el planteamiento de Sierra y agregó que el tema de la sustitución de cultivos para usos ilícitos es un reto en el que se lucha contra factores como la lejanía entre los sectores cocaleros y centros urbanos, las condiciones de la marginalidad de estas zonas y la informalidad de la tenencia de la tierra que suele ser constante en estos territorios. Agregó además “la desconfianza de la gente porque el programa debe ganar credibilidad en zonas de baja institucionalidad histórica, así que son muchos lo retos, pero esto hace parte del cambio que se tiene que producir”.

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El coordinador del programa de sustitución en Antioquia también apuntó a los sistemas de información como una dificultad que se ha vivido en el proceso de implementación de este punto del acuerdo y señaló que al ser una iniciativa en la que se trabaja con grupos familiares ha sido complejo acceder a encuestas del Sisbén actualizadas, “muchas veces encontramos familias que no han sido encuestadas en mucho tiempo y aparecen en sus registros con hijos que ya están fuera del núcleo familiar y conformaron su propio hogar, esto dificulta el trabajo”, precisó.

Sierra puntualizó que hasta ahora no se ha presentado ningún cambio en la estructura agrícola, “hay cambios en institucionalidad porque entre diciembre y enero hemos tenido mínimo trece instrumentos jurídicos nuevos; se crearon la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia de Renovación del Territorio. Se les definieron una estructura y unos alcances de norma superior a lo que se tenía en ley 160 de 1994. El asunto ahora es tener plata, si el Gobierno no pone el dinero para las ejecuciones en 2018 y 2019 lo que plantea la nueva institucionalidad no se va a poder concretar, porque hasta ahora es más norma que realidad, pero ahí está el camino”, concluyó.

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