Largo & Ancho
Acuerdos de precios
Autor: Rubén Darío Barrientos
15 de Noviembre de 2006


Las cosas hay que decirlas por su nombre: en Colombia son repetidas las reuniones entre compañías en pos de buscar acuerdos de precios.

Y no hablo de pequeños empresarios, me refiero a grandes pulpos de los negocios. Dichos conciliábulos se hacen de manera clandestina, sin levantar actas, sin testigos distintos a los presidentes de las compañías y con el sello único del “pacto de caballeros”.


También hay que afirmar que casi siempre alguno rompe el acuerdo. Y allí no hay nada que hacer: es cuestión subrepticia, que no resiste sino la censura. Hay empresarios que dudan de los acuerdos porque se topan con dirigentes que se retractan con facilidad pasmosa. Como no hay coerción, cualquiera puede decir que sí hoy y mañana que no. Desde la óptica del empresarismo, se defiende es al gremio, pero en la rapiña hay unos más voraces que otros.

Se conoció a principios de esta semana que la Superintendencia de Industria y Comercio les abrió investigación por presunto acuerdo de precios, a las tres más encopetadas empresas proveedoras de oxígeno en el país. Las denuncias provinieron de las clínicas y hospitales de Bogotá. La queja incluyó, en disfavor de estas compañías, la sindicación de acuerdo de condiciones discriminatorias que afectaron las instituciones de la salud. También se supo que cursa investigación en contra de tres grandes empresas de la capital de la República, por acuerdo tarifario en una ruta jugosa de Cundinamarca.

En Colombia, la multa más alta se impuso a los cinco principales molinos de arroz, por la friolera de $ 2.461 millones. Sucedió en septiembre de 2005. La sanción acaeció porque se probó que hubo un acuerdo de precios para comprar a los agricultores durante el primer semestre del año 2004 sus cosechas de arroz paddy verde. La investigación se suscitó por las quejas presentadas por 1.500 agricultores afectados. La Superintendencia de Industria y Comercio dijo que “el agricultor se vio obligado a aceptar el precio de compra que fijaron los molinos”. A las multas anteriores, se sumaron otras para los representantes legales de los molinos de arroz, entre 70 y 114 millones por cabeza.

En febrero de 2005, se conoció también que las nueve empresas productoras de cemento más grandes del mercado, gestaron acuerdos de precios, pactos para determinar condiciones de venta con los canales de distribución y arreglos para el acceso al mercado. Una de las que no estuvo en el “aquelarre” (Cementos Andino) denunció tres meses atrás la situación anómala.

Exactamente, mientras el bulto de cemento valía entre 20.000 y 22.000 pesos, las empresas de marras lo expendían a $ 14.000.

La verdad es que el propio artículo 333 de la Constitución Nacional señala, entre otros asuntos, que “la libre competencia económica es un derecho de todos” y enfatiza que el Estado por mandato de la ley impedirá que se obstruya o que se restrinja la libertad económica. La norma legal que implementa ese derecho objetivo que dimana de la constitución, es la Ley 155 de 1959, adicionada con el Decreto 2153 de 1992.

Por muy buenos que parezcan para las apetencias de muchos, en Colombia no es válido celebrar acuerdos de precios, ni repartirse los mercados, ni fijar acuerdos para determinar condiciones de venta, ni hacer convenios para impedir el acceso al mercado, ni limitar la producción, distribución o servicios. Si lo que se quiere es que haya precios justos, hay dos caminos para actuar: a) la regulación mediante ley o b) la imposición de la competencia leal como único instrumento para lograr conectar al usuario final entre las fuerzas de la oferta y la demanda.

Es ilegal limitar la libre competencia y determinar precios inequitativos. El comprador tiene derecho a revisar las ofertas, no a estar subyugado por los precios en línea. Pero siguen las reuniones clandestinas, secretas, furtivas y misteriosas, en donde la libre competencia vale un rábano. Hasta que salta la liebre.