Editorial

Camino al apaciguamiento
16 de Diciembre de 2016


Ha subyugado la defensa de sus gentes y de los más caros principios democráticos a su interés de tener firmados e “implementados” sus acuerdos con inocultables aliados del chavismo.

Experto en manipulaciones, el Gobierno venezolano busca diluir su responsabilidad en el fracaso de los “diálogos” que la Mesa de Unidad Democrática admitió como puerta a una transición pacífica de la dictadura a la estabilidad democrática anhelada por las mayorías. Para ello, ha reabierto conflictos en el frente internacional, eficientes cortinas de humo dentro y fuera del país. La estrategia explica el cínico desparpajo con que la canciller Rodríguez intentó irrumpir “por la ventana”, y alzada en los hombros de Evo Morales, en la cumbre extraordinaria en que Mercosur revisaba la suspensión a Venezuela, condicionada a que cumpla compromisos con los derechos humanos y la libertad económica. Ella también da razón de las determinaciones de recoger los billetes de cien bolívares, intervención antitécnica con gran contenido ideológico que ha sido excusa para cerrar las fronteras con Brasil y Colombia.


El cierre de la frontera con Colombia agrede a ciudadanos y empresarios que han construido canales de intercambio social, cultural y económico entre departamentos fronterizos; también lo hace con miles de venezolanos que han buscado alternativas económicas y refugio político en un país que los recibe con la consciencia de la hermandad histórica de los pueblos. El Gobierno de Nicolás Maduro reitera la agresión contra las comunidades fronterizas porque reconoce que goza de tolerancia complaciente de un Gobierno, el del doctor Santos, que ha subyugado la defensa de sus gentes y de los más caros principios democráticos a su interés de tener firmados e “implementados” sus acuerdos con inocultables aliados del chavismo: las Farc y el Eln. Sólo la complicidad con el agresor explica los dóciles términos del comunicado de nuestra Cancillería ante el cierre de la frontera y los epítetos del chavismo contra los colombianos (se pueden leer en https://goo.gl/RSHSn5) que son triste remate de actitudes complacientes, todas en materia grave, entre las que se cuentan la falta de reclamo por la entrega de gas que debió llegar desde enero, y que hoy se requiere ante escasez costosa; la inacción en la causa que cursa en la Cidh por el refugio ofrecido por ese país a guerrilleros de las Farc, así como el silencio, costoso para la vida y seguridad de los pueblos araucano y norsantandereano, ante la presencia de frentes del Eln tras la frontera. Cómo será de evidente la complacencia de la Cancillería que voceros de los partidos de la Unidad Nacional reclamaron las mínimas medidas diplomáticas, entre ellas el llamado del embajador a consultas. 


La aspiración de buscar la paz por la vía negociada, esperanza que todas las sociedades albergan pero no todos los guerreros admiten a menos que ese camino les sea estratégico a sus propósitos de toma del poder, arriesga crear apaciguamientos. El que se presenta con Venezuela, causando sufrimiento, humillaciones y pobreza a los habitantes de frontera, en ambos países, ha obtenido ya sus resultados: pueblos agredidos o abandonados por sus estados optan por la solidaridad y hermandad para resistir la soledad pero también huyen en busca de opciones. Con la firma del Acuerdo final se avizoran otras señales de apaciguamiento que pesan sobre los colombianos.


En Guaviare, guerrilleros de las Farc “retuvieron” a un campesino, que habría de convertirse en el 705 de una lista de secuestrados que padecen la indolencia de sus plagiarios y el olvido del Gobierno. Con el desparpajo de quien se siente impune, los responsables del crimen culparon al ciudadano de “acercarse” a la que será Zona veredal de concentración, si esa organización algún día decide declarar cumplidas sus exigencias al Estado colombiano para admitir la declaración del Día D, o sea el inicio de desmovilización. En la misma tónica, los jefes farianos empiezan a lavarse las manos por la persistencia de frentes y grupos guerrilleros en actividades criminales como las que hoy azotan a los valientes tumaqueños, único municipio asolado por ese grupo que grita su soledad y exige la protección que el Estado nunca debió negarle. Como reacción a demostraciones iniciales de la pobre voluntad de ese grupo para dar cumplimiento a las mínimas exigencias que se le hicieron en el Acuerdo, el Estado colombiano -el Gobierno del doctor Santos, el Congreso del doctor Lizcano y la Corte de la doctora Calle- se une para promover, firmar y avalar las decisiones legislativas, todavía inconstitucionales, que las Farc reclaman.