Editorial

Las fundaciones y el recaudador
13 de Diciembre de 2016


El abuso de unas cuantas organizaciones, no justifica renunciar al valor fundamental y ejemplar de la solidaridad y a una cultura cada vez m醩 colaborativa y de libre compartir, para convertirlos en fuente de sospechas.

El premio Superhéroe CNN concedido al colombiano Jeison Aristizábal, gestor de la ONG Asodivalle, hace justicia a un ciudadano integral que conquistó la autonomía que le era esquiva y ha forjado un ejemplar modelo de solidaridad con sus pares en la pérdida de capacidades físicas o mentales para desarrollar sus capacidades humanas. Hay regocijo por el acierto en su preselección entre “los diez héroes que hacen del mundo un lugar mejor” y por la votación, una parte acompañada de donaciones, que lo llevó a este momento de gloria. 


En medios de comunicación y redes sociales se ha informado la historia de Jeison, afectado por una parálisis cerebral parcial que afectó su movilidad y lenguaje, pero no sus capacidades de aprendizaje y comunicación. El mundo conoce y aplaude la decisión, acompañada por su familia, de no arredrarse por la enfermedad o las precarias condiciones económicas y las dificultades de su barrio. Hoy, Asodivalle ofrece equipos de movilidad, terapias, capacitación básica y cuidados, a cerca de 500 infantes y adolescentes que residen en el distrito de Aguablanca. Su ayuda es insuficiente en una comunidad donde se calcula la existencia de 24.000 personas en discapacidad; sin embargo, ha sido transformadora de las vidas y esperanzas tocadas por el ejemplo y el tesón del Héroe.


Tan interesante y aleccionadora como su vocación para ayudar es su capacidad de gestión personal -con 33 años avanza en el estudio de su segunda carrera profesional- así como la de una organización que desde su nacimiento ha tendido puentes entre las necesidades individuales de las personas en discapacidad y las posibilidades, cada una diferente, de dar apoyo que tienen personas dispuestas a la solidaridad. A través de distintos medios, Asodivalle canaliza la generosidad de otros hacia las personas que, efectivamente, requieren de sus ayudas, incluidas las que se ofrecen mediante esquemas de crowdfunding, al que el Ministerio de Hacienda anuncia que desea vigilar y controlar.


El país que salta de alegría con el ejemplo de un ciudadano que ha logrado sobresalir en el mundo por su integridad es dirigido por un Gobierno alcabalero que avanza, con los validos que le hacen mayoría en el Congreso, en el camino de registrar los bolsillos de la mayoría, incluso aquellos hasta ahora respetados de las organizaciones sin ánimo de lucro, exceptuando sindicatos y comunitarias, para buscar en ellos los centavos, nunca los inmensos desangres de casos como Reficar, para sólo mencionar el más reciente. A través de disposiciones definidas en 24 de los 311 artículos incluidos en el proyecto en debate en el Congreso y puesto a disposición de la ciudadanía en el sitio https://goo.gl/ICljtu, la iniciativa revela a un Gobierno necesitado de refinanciarse, como es de todos conocido. En contradicción inexplicable, el proyecto determina crear nuevas instancias burocráticas para imponer trabas a las organizaciones sin ánimo de lucro, además de perseguir a las que incurran en “faltas”, según la norma, como autogestionar su financiación mediante actividades que no responden a su razón social; vincular laboralmente o contratar con fundadores o sus parientes, dizque porque así evadirían pagar impuestos, o tener excedentes, cuando la falla es no dedicarlos a su objeto. Y como corolario representativo de su espíritu policivo, le entrega a la Dian potestades para ejercer “la fiscalización de las entidades sin ánimo de lucro a través de la verificación de los requisitos establecidos para ello, cuando las entidades de las que trata el artículo 19 soliciten su calificación en el Régimen Tributario Especial”. Lo que es exótico de por sí se vuelve estrambótico ante la evidencia de las incapacidades de la dependencia para contener la evasión y el contrabando, realizando sus objetivos.


El abuso de unas cuantas organizaciones, que fácilmente pueden detectarse y repelerse con normas ya existentes, en el manejo de recursos destinados a apoyar al ineficiente Estado en la realización de sus objetivos de promoción de los derechos humanos, el bien común, la equidad y la sostenibilidad, no justifica a un Gobierno que pide a la sociedad renunciar al valor fundamental y ejemplar de la solidaridad y a una cultura cada vez más colaborativa y de libre compartir, para convertirlos en fuente de sospechas.