Editorial

Petici髇 solidaria por paz con justicia
5 de Diciembre de 2016


Sin justicia integral garantizada por el Estado es dif韈il esperar que lo acordado en La Habana siente las bases para construir la paz incluyente, estable, sostenible y duradera.

Con encuentros como el de las Farc con viudas y huérfanos de la masacre de los diputados del Valle se anuncian pretensiones de que esos eventos privados transmuten en asuntos públicos, a fin de que se les admita como parte del proceso que compromete al Estado y a ese grupo con mínimos de justicia para la sociedad afectada por crímenes de lesa humanidad y de guerra. La confusión amenaza extenderse en un contexto de intencionado ocultamiento del sufrimiento y la soledad de las víctimas, entre las cuales muchas todavía padecen el horror del conflicto. La voluntad particular de perdonar y reconciliarse no sustituye la obligación del Estado con la justicia.


Los procesos de justicia transicional posibilitan que se cumpla la incorporación prometida si se garantiza la verdad. Con dolor, Colombia tiene que aceptar que esta ni asoma en el proceso de negociaciones con las Farc. No la ha habido sobre la suerte de 704 secuestrados por ese grupo, algunos de ellos durante el período de diálogos, en hechos debidamente documentados por la Federación colombiana de víctimas de las Farc, Fevcol, y el programa Las voces del secuestro, dirigido con transparencia y valentía por Herbin Hoyos. Tampoco ha habido verdad, a pesar de reiterados compromisos de los jefes de ese grupo, para los que el Gobierno ha olvidado exigir cumplimiento, sobre la entrega de los menores de edad reclutados. Y sigue sin haberla, y difícilmente la habrá, con los mapas de ubicación de las minas antipersona, armas letales que convierten las áreas rurales en las peores amenazas contra los campesinos que las habitan, transitan y desean cultivarlas. Si las verdades humanitarias le son tan difíciles a las Farc, ¿qué esperanza les queda a las víctimas de conocer la que les incumbe, si no cuentan con un Estado que las defienda?


El modelo transicional no renuncia a la justicia, o sea a que el Estado asuma la responsabilidad de liderar y vigilar procesos judiciales legales que esclarezcan los hechos victimizantes y las responsabilidades en ellos, fijando sanciones, atenuadas en virtud de los acuerdos de transición. La justicia no es renunciable, delegable, ni obviable, ni siquiera porque así lo pidieran las víctimas directas de hechos que ofendieron al conjunto de la sociedad y que el Estado tiene la obligación de esclarecer y castigar porque, aunque un Gobierno temporal sea renuente, así se lo exigen la Constitución y la comunidad internacional, representada por la Corte Penal Internacional, a la que el país se adhirió al firmar el Estatuto de Roma y ante la que tendría que responder si los estándares de justicia en este proceso fuesen insuficientes.


Aunque los negociadores del Gobierno, y hasta el doctor Santos, insisten en que el Acuerdo Final renegociado contempla garantías de reparación, los representantes de las víctimas han encontrado que estas son tan etéreas que dependerán de si las Farc deciden entregar bienes que todavía hoy siguen negando poseer, con agravantes como lo denunciado por el editor de The Economist, sobre el retiro por el Gobierno de un alto funcionario del MinHacienda que los estaba buscando y tenía indicios de ellos.


Las víctimas esperan no volver a sufrir la violencia y el Estado y las Farc son los responsables de que ello no suceda. Los indicios, hasta ahora, no demuestran que exista intención de evitar nuevas victimizaciones. Como denunció la senadora Sofía Gaviria en su intervención en el Senado (accesible en: https://goo.gl/llg3Fu), las narrativas del conflicto se están construyendo para hacer a las Farc, y no a quienes sufrieron los crímenes de lesa humanidad por ellas perpetrados, los héroes de la historia reciente. En el proceso, el Gobierno habló de poner a las víctimas en el centro de la negociación, promesa vacía que sirvió de excusa para minimizar a las víctimas de las Farc imponiéndoles una invisibilización a la que ellas se han resistido gracias a su voluntad para organizarse. Tras la negociación, poco se ha interesado el Estado por fortalecer su presencia en las zonas de conflicto, de modo que evite su toma por otras organizaciones criminales acechantes; allí, las víctimas vuelven a sentir la amenaza del conflicto sobre sus vidas.


Sin justicia integral garantizada por el Estado es difícil esperar que lo acordado en La Habana siente las bases para construir la paz incluyente, estable, sostenible y duradera, que ha prometido el Gobierno del doctor Santos.