Editorial

Paso a las instituciones
25 de Noviembre de 2016


Corresponde a las instituciones democráticas actuar para darle la legitimidad que le falta, en el marco de la Constitución y la ley.

La segunda firma del Acuerdo de La Habana no logró superar el amplio consenso que dio vida al Frente Nacional, el más incluyente y participativo de los siete acuerdos firmados desde el Tratado del Winsconsin (1902) con la esperanza de terminar con las violencias justificadas en exclusiones políticas, como la de las Farc arguyendo no ser parte del plebiscito de 1957, o en debilidades del Estado colombiano para atender sus obligaciones, como dijeron hacerlo los paramilitares. Incumplida la promesa, corresponde a las instituciones democráticas actuar para darle la legitimidad que le falta, en el marco de la Constitución y la ley.


En el acto de ayer estuvieron representados los 6’377.482 de colombianos que el 2 de octubre votaron Sí al Acuerdo final para cesar el conflicto armado con las Farc. También se reconocieron las voces y expectativas de la “comunidad internacional”, inclusive los otorgantes del Premio Nobel de Paz al doctor Santos, que ha apoyado el proceso de negociación en busca de un acuerdo final, pero no se ha manifestado sobre el contenido material del Acuerdo que deberá ser implementado por el Congreso de la República. El documento desconoció a buena parte de los 6’431.376 de votantes que rechazaron el Acuerdo y el Acto legislativo para la paz y cuyos voceros políticos se declararon insatisfechos con la reforma. También dejó por fuera a las organizaciones de víctimas de las Farc, cuyos integrantes presentaron observaciones a la renegociación y hoy se sienten defraudados porque ni siquiera lograron el mínimo de que se entregue información sobre secuestrados, desaparecidos y menores víctimas de reclutamiento. La reiterada actitud excluyente de estas negociaciones inició con la designación del mismo equipo negociador que había declarado imposible un mejor Acuerdo y se confirmó con la notificación de que no habría espacio para discutir los alcances de las reformas al primer Acuerdo, aspiración apenas lógica por parte de quienes representan las mayorías electorales y siguen reclamando su derecho a ser incluidos en el proceso. El cierre prematuro de la discusión, que nadie pretendió eterna, le negó al Gobierno ser el gran protagonista de un acuerdo para forjar la paz incluyente, estable, sostenible y duradera que el país reclamó en las elecciones del 2 de octubre.  


Las limitaciones del Gobierno ensimismado y el precario sustento del Acuerdo firmado ayer ponen grandes retos a los personeros de la democracia.


El protagonismo del Gobierno Nacional en este Acuerdo ha terminado en forma menos gloriosa de lo que seguramente esperaron sus líderes. Ahora le corresponde al presidente actuar, eso esperamos, según el marco legal, propiciando la discusión del Congreso y permitiendo el espacio para que las voces críticas e insatisfechas, mayoría en el plebiscito, se expresen en la discusión que acompañará con la presentación de los proyectos normativos que faciliten la implementación del Acuerdo y cumpliendo con las leyes que aprueben las cámaras. El Congreso asume responsabilidades históricas en las que tiene el compromiso, según su presidente, de no ser notario de las decisiones ajenas. Los partidos de la coalición le han cumplido a la unidad nacional acompañando con generosidad al Gobierno en la busca de este Acuerdo, propósito de sus dos mandatos. Como delegatarios de la voluntad del soberano, están obligados a la fidelidad con la voluntad ciudadana, lo que significa que se le impone reconocer las decisiones ciudadanas, mediante análisis responsable de los proyectos de la implementación. En el proceso, no puede el Congreso aceptar presiones temporales o de forma para dar trámites apresurados o revivir el Fast track ya negado. El país sigue urgido del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el Acto legislativo 1 de 2016, ya negado por la ciudadanía, a fin de que se finiquite el cierre de atajos y compuertas que algunos despistados pretenden empujar para revivir un procedimiento que derrota el espíritu de la Carta Política.


Las organizaciones de víctimas de las Farc, o mayoritariamente de ellas, como la Federación de víctimas de las Farc, la Fundación víctimas visibles, la asociación Madres de la Candelaria línea fundadora y la Red de organizaciones de víctimas de minas antipersona se han declarado en alerta por el desconocimiento de sus voces. Nos sumamos a sus reclamos de libertad para secuestrados y desaparecidos, verdad plena, reparación integral y garantías de sus derechos políticos y estaremos vigilantes a la atención que se les brinde.