Editorial

Legal y legítima recuperación de la Plaza de Bolívar
23 de Noviembre de 2016


La autoridad se ajustó al marco legal que exige garantizar la libre movilidad, el libre acceso al espacio público y la seguridad en él.

Mediante cuidadoso dictamen que certifica que estuvo vigilante en todos los momentos del procedimiento por el cual la Alcaldía de Bogotá recuperó la Plaza de Bolívar como espacio público para el uso y disfrute colectivo de los colombianos, la Personería de la capital ha certificado la legitimidad de una actuación que se ajustó a la Ley, protegió los derechos de los manifestantes y se cumplió mediante concertación, que precedió la retoma prudente y pacífica del espacio público. 


El pronunciamiento del Ministerio Público, publicado en la tarde del lunes, contradijo vehementes pronunciamientos contra el doctor Enrique Peñalosa y esta decisión, que fueron movidos en las apasionadas redes sociales capitalinas y amplificados, e incluso retomados, en medios nacionales de comunicación. Hasta la intervención técnica de la Personería (publicada en https://goo.gl/Kg4TcR), el debate giró sobre los tópicos recurrentes de la política personalista cada vez más imperante y que se centra en la descalificación de los críticos del Gobierno, las Farc y el Sí absoluto como guerreristas o enemigos de la paz, o en el señalamiento de las acciones encaminadas a defender los territorios o los derechos de los ciudadanos (tomadas con total apego a la Constitución y sus instituciones) como comportamientos contra la paz, o el feliz término de la negociación con las Farc. Bajo este lente, las acciones decididas del Ejército contra la minería ilegal o del alcalde mayor de Bogotá por la recuperación del espacio público, se ven como agresiones inaceptables.


Siendo la Personería la legítima representante de la ciudadanía y defensora de sus intereses y decisiones, los debates que deberían suscitarse con su pronunciamiento, y que habían sido sugeridos por el alcalde Peñalosa, deben girar más bien en torno a las obligaciones de las autoridades ante la Ley, así como alrededor de las muy interesantes, y todavía no zanjadas, discusiones sobre el uso y la apropiación del espacio público ya no sólo por informales con sus negocios callejeros sino por particulares o grupos de ciudadanos que, así sea de manera pacífica, o con propuestas artísticas, exceden los límites del uso del espacio público. 


Quienes pretendieron instalar tribunales mediáticos contra el alcalde Peñalosa le atribuyeron arbitrariedades, que no se pudieron demostrar en múltiples videos publicados en redes sociales, e incluso pretendieron descalificarlo por haberse apoyado en el Esmad de la Policía Nacional. Puede haber incomodidad, especialmente para los contrariados por el ejercicio legítimo de la autoridad, pero claramente no hubo ejercicio abusivo de las facultades y el mandato del alcalde como responsable de la protección del espacio público y guardián del orden en su jurisdicción. Y es posible sentirse indispuesto ante la ordenada y aparente fría presencia del escuadrón antimotines, organismo especializado para actuar frente a movilizaciones ciudadanas, pero tal disgusto no implica ilegalidad de la Policía o sus miembros.


Se ha de admitir, entonces, que la molestia de los manifestantes respondió a la fijación de límites a su pretensión de apropiarse del espacio colectivo, llegando a interferir con eventos como Salsa al parque, cumplido el viernes con mínima asistencia, por temor al campamento, y el sábado en alegre explosión de ciudadanía. Lo justo, entonces, es reconocer que la autoridad se ajustó al marco legal que exige, como en circunstancias semejantes, garantizar la libre movilidad, el acceso al espacio público y la seguridad en él. Así se hizo durante el paro camionero, cuando los manifestantes fueron exigidos a desbloquear las carreteras del país y no impedir que otros transportadores las usaran, en acciones, también legales, que pretendieron boicotear la movilización. Ha sucedido en tomas y ocupaciones abusivas de universidades y otros edificios públicos. Y habrá de repetirse tantas veces como un grupo de interés, por legítimas y bondadosas que sean sus pretensiones, pretenda imponerse sobre la Ley. Y la recuperación del espacio público deberá ser repetitiva mientras no se apruebe, en improbable tergiversación de los principios democráticos y constitucionales, que cualquier protesta puede ocupar, con pretensión de permanencia, alguna porción del espacio público. Entonces, y sólo entonces, el doctor Peñalosa estaría obligado a ceder más de la mitad de la Plaza de Bolívar a no más de 20 manifestantes reacios a levantar el campamento-protesta que la mayoría había aceptado dejar a un lado, en el entendido de haber alcanzado el propósito de su movilización, que era la negociación de un nuevo Acuerdo de Gobierno y Farc.