Columnistas

Corrupci髇 y pol韙ica
Autor: Jorge Mej韆 Martinez
23 de Noviembre de 2016


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Me encarto si digo que, durante muchos años, la corrupción fue hija de la violencia, o al contrario. Pero si de la mano. Los grupos ilegales recurrieron a la política para hacerse al control de los territorios productores de las rentas ilegales y depositarios de los presupuestos oficiales. La delincuencia ocupó espacios de elección popular con candidatos propios, de sus entrañas, o con políticos vendidos al mejor postor a cambio de financiación y votos cautivos. Esa fue la parapolítica. ¿Quién buscó primero a quién? no tiene sentido. Lo cierto es que había un costo beneficio positivo en ese maridaje. Por la valentía de algunos legisladores como Gustavo Petro, Investigadoras como Claudia López y la decisión de la Corte suprema de Justicia, la tercera parte del Congreso de la república terminó en la cárcel o por fuera de la corporación. Según expertos, la violencia para acceder a la política propició el asesinato de 554 funcionarios públicos entre 1998 y 2002.


Citado por el Centro de Investigación del crimen organizado, InSight Crime, el experto político Javier Duque Daza calculó que más de la mitad de los 283 gobernadores elegidos o designados entre 1992 —inmediatamente después de las primeras elecciones populares de gobernadores— y 2014 han sido encarcelados, suspendidos o despedidos de sus cargos. 


Según la Fiscalía, 8 de 24 gobernadores y 154 de 947 alcaldes electos en 2015 se posesionaron con alguna investigación por sospecha de distintos delitos. Es posible que allí no estén todos los que sean, ni sean todos los que están, pero es diciente que la tercera parte de los mandatarios territoriales actuales arrancaron con sospechas. 


La corrupción ligada al amedrentamiento violento aún persiste, pero el fenómeno hoy es su territorialización sin armas. 


La respuesta del Estado y la sociedad, además de tibia, es jurídica y normativa. Para atacar el desangre en que se convirtió el mercado de las regalías se expidió la ley Nacional de Regalías de 2012 que fortaleció el papel del gobierno central en la asignación de los recursos a las regiones, sin importar la vocación descentralizadora de la Constitución vigente. Otra salida recurrente es la administrativista: crear, suprimir, transformar, fusionar entidades, con iguales o diferentes funciones pero ineficaces. Ahora el contralor general propone acabar con las 63 Contralorías territoriales y fortalecer la entidad nacional dada la “poca efectividad de las contralorías regionales en la vigilancia de los presupuestos que deben ejecutar los alcaldes y gobernadores”. Como si la actual Contraloría General fuese un modelo en la lucha contra la corrupción que se genera en la administración central.


Nuestra inefable corrupción, más que hija de la violencia, carencia de normas o de la precaria descentralización, proviene de un sistema político electoral no acorde con las realidades del país. Los ciudadanos no confían en sus partidos y los partidos no controlan a sus avalados. La corrupción es resultado de la crisis de la política. Resultado: un Estado incapaz y una sociedad complaciente con el pantanero. Como el ejercicio de la política es penosa y marginal, será inevitable que esté por encima de sus “justas proporciones”.