Editorial

Presiones al pueblo o a la Corte
22 de Noviembre de 2016


Los responsables de las presiones han escogido mal al destinatario: se equivocan al pensar que la celeridad en la firma de los acuerdos va a poner fin a los confusos hechos violentos que hoy afectan al pa韘.

Los aborrecibles asesinatos de líderes en regiones donde confluyen organizaciones criminales asociadas a la minería ilegal y el narcotráfico deben ser aclarados con urgencia y sancionados con todo rigor, a fin de reparar a las víctimas, disuadir a los criminales y evitar especulaciones de quienes sirven a causas más políticas que humanitarias. Duele reconocer que estos hechos presagian un posconflicto que tendrá desmovilizados en proceso de integrarse a la sociedad, exintegrantes de las Farc buscando nuevas toldas, y organizaciones criminales tratando de tomarse jugosos negocios a la deriva. Contener tanto mal será posible si el país consolida instituciones democráticas, en especial la Fuerza Pública y la justicia, para que sean pilares de la preservación de los acuerdos y la protección de los firmantes. La esperanza no encuentra correspondencia en actuaciones de esos entes.


Ajenos a los deudos de crímenes contra líderes y a víctimas de secuestro, como la profesora Rosalba Ariza cuyo paradero y captores siguen siendo un misterio, o de asesinatos y atentados responsabilidad del Eln o el Epl, como los perpetrados contra miembros de la Fuerza Pública, insistentes grupos de presión avanzan en una fuerte campaña, que encontró rápido eco entre los impulsores del Sí en el plebiscito, para asociar los crímenes contra líderes sociales con el voto No y con la exigencia de las organizaciones de víctimas y los personeros de la victoria del 2 de octubre, de que se reconozcan sus dudas y reclamos sobre temas que el nuevo Acuerdo de La Habana dejó irresueltos. En ese contexto, parece exagerado vincular el manejo propagandístico de las muertes de líderes con la frase del analista radial que culpó a los votantes del No por la muerte de dos guerrilleros de las Farc, ocurrida en combate y lejos del lugar de pre-concentración, pero sí es posible entender el afán de manipulación de estos hechos para fines distintos a la verdad.


Los responsables de las presiones han escogido mal al destinatario: se equivocan al pensar que la celeridad en la firma de los acuerdos va a poner fin a los confusos hechos violentos que hoy afectan al país. Sin normas claras sobre la forma como se va a implementar el Acuerdo y sin instituciones sólidas que puedan diferenciar qué es ejercicio pleno de las funciones de las autoridades para retomar control del territorio, y qué son abusos de poder, se harán interminables las discusiones y recriminaciones. Mientras tanto, sólo unos cuantos seguimos insistiendo que es la Corte Constitucional la que debe romper su silencio sobre la inconstitucionalidad o no del Acto legislativo para la paz, con su bloque de constitucionalidad en artículo extemporáneo, su prioritario Fast Track, su facultades presidenciales extraordinarias y sus recortes al control constitucional. Aprovechando ese silencio, el Gobierno sólo aumenta la confusión: al explicar el nuevo Acuerdo, el doctor De La Calle dejó en claro que el Acto Legislativo 1 de 2016 carecía de vigencia pues el pueblo lo rechazó en su pronunciamiento del 2 de octubre. Lo que fue claro el 12 de noviembre, comenzó a cambiar tras intervenciones de los asesores de las Farc que reclaman resucitar la norma, bien mediante laxas interpretaciones del sentido de “refrendación popular” descrito en el Artículo 5 de esa pretendida reforma constitucional, o bien mediante intento de hundir ese artículo, pero no el acto que lo contiene.


Expertos, como el exviceministro y hoy decano de Derecho, Miguel Ceballos, reconocen que la Corte Constitucional tiene plazo hasta marzo del 2017 para expedir su primer pronunciamiento sobre la exequibilidad de este Acto Legislativo y que podría tomarse hasta mayo próximo para decidir sobre las cinco demandas interpuestas contra la norma. La legalidad de los plazos para actuar no se compadece, sin embargo, con la urgencia de un pronunciamiento que sería definitivo para dar claridad sobre la implementación del nuevo Acuerdo, que en nuestro criterio, debe darse bajo los procesos preestablecidos de nuestra democracia, en el Congreso. Pero el silencio de la Corte es como una carta que se está jugando por debajo de la mesa, y pocos se percatan. ¡Si la cabeza de la rama Judicial así actúa, qué se puede esperar de su actuar oportuno y transparente para generar las confianzas necesarias en la difícil transición que vivirá Colombia!