Columnistas

¿Vamos hacia un Guatepeor judicial?
Autor: José Alvear Sanin
9 de Noviembre de 2016


Dado el elevado número de militares largamente detenidos, en su mayoría con base en acusaciones falsas o temerarias, uno quisiera ver con mayor frecuencia noticias como la de la absolución del general Lelio F. Suárez, acusado de tres delitos,

Dado el elevado número de militares largamente detenidos, en su mayoría con base en acusaciones falsas o temerarias, uno quisiera ver con mayor frecuencia noticias como la de la absolución del general Lelio F. Suárez, acusado de tres delitos, y quien duró privado de la libertad por seis años. 


Todos recordamos los ocho años de cautiverio padecidos por el coronel Plazas Vega y el interminable calvario del coronel Mejía Gutiérrez, situaciones terribles que afectan también a varios miles de militares, a los que ofrece impunidad alguna de las 297 páginas del mamotreto, siempre que confiesen delitos (cometidos o no) a la justicia especial de paz (JEP). 


Esa truculenta parodia, rechazada en principio por militares falsamente acusados, tendría finalmente que ser aceptada por muchos de ellos, ante la alternativa de veinte años de prisión. Como quien dice: “Escoja usted: la indignidad o la cárcel”, mientras a los guerrilleros rasos se les daría amnistía. Pero a un puñado de ellos, los peores, a cambio de una confesión con lágrimas de cocodrilo, se les conmutarían los crímenes de lesa humanidad por trabajo social, simultáneo con las pesadas labores de congresista. 


Ahora bien, si Timo y Santos imponen finalmente su “acuerdo”, contrariando la voluntad ciudadana, con el mayor conejo de la historia, el perverso mecanismo de la JEP anularía todas las sentencias absolutorias, para devolver a Plazas Vega, Lelio Suárez y demás militares, a las cárceles. 


Debemos contemplar la situación de los militares detenidos. Tanto los falsamente acusados como los que han cometido delitos tienen que esperar largos años antes de ser condenados o absueltos. Para ellos no corren los términos judiciales y no son cobijados por ningún habeas corpus. No es que la justicia colombiana sea ágil o expedita, pero para los militares y cierto número de civiles es especial y selectivamente ciega, sorda y muda. No responde memoriales, no respeta términos, no define situaciones. También lo de Luis Alfredo Ramos y Óscar Arboleda indica que sí hay detenidos políticos en Colombia. Para ellos y para todos los que se han opuesto a las guerrillas se organizará la tenebrosa JEP, donde no habrá dilación, porque allí no regirá la definición previa de delitos y penas, la cosa juzgada, la prescripción, la segunda instancia ni el debido proceso, obsoletos conceptos burgueses, en todo caso. 


Hasta ahora, las personas injustamente acusadas pasan largos años privadas de la libertad y de ingresos. Sus familias tienen que vender la casa para costear los aterradores honorarios de los penalistas. A la tristeza se une el recelo social, cuando no el desprecio. El colegio se vuelve hostil para los hijos… y pare de contar…


Si el martirio por fin cesa por apelación, es posible que varios años después se obtenga alguna indemnización del Estado, para compartir con otro buitre, el abogado civilista. 


En cambio, a los jueces inicuos que condenan con pruebas falsas o que hacen permanecer al detenido largos años sin definir su situación, nadie les pide cuentas, ni contra ellos repite el Estado. Hay, por desgracia, numerosos operadores judiciales culpables de criminal negligencia deliberada, para no hablar de los políticamente motivados, hábiles prevaricadores, especialmente en las “altas cortes”.


Para lograr una paz estable y duradera es mil veces más importante acometer la moralización del aparato judicial, para que cumpla su fundamental misión con imparcialidad, celeridad y legitimidad, que coronarlo con una omnipotente, proterva y revanchista JEP, escogida en contubernio con los mayores criminales. 


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CULTURA CIUDADANA Y DEPORTIVA – Pocos temas más importantes que el de la ordenada convivencia social, en la cual la noción de buena vecindad no puede separarse de la limpia práctica deportiva. Esta aglutina las comunidades, evitando enfrentamientos o rivalidades baladíes. Un fútbol fraternal es el ideal que Francisco Zapata Vanegas, líder cívico y profesor de derecho constitucional, a través de la Corporación de Ligas de Medellín y Antioquia (Colima), viene inspirando desde 1980, con resonante acogida local y repercusión internacional. 


La COPA COLIMA SUB-15, que llega a su XXV edición (bronce), registra también la aparición de nuevos dirigentes cívicos y deportivos: Wber Álvarez, Andrés Pineda, Nubia Giraldo, Alexis Ramírez, Laura Cardona, Leison Zapata, Geovanny Tobón y Mateo Cardona, a los que esperan los mejores resultados cívicos en esta nueva etapa de Colima.