Columnistas

Los vicealcaldes militares
Autor: Jorge Mejía Martinez
26 de Octubre de 2016


La sugerencia del gobernador de Antioquia a los alcaldes de zonas azotadas por el conflicto armado de crear vicealcaldías militares, temporales y articuladas con equipos civiles para la inversión social,

La sugerencia del gobernador de Antioquia a los alcaldes de zonas azotadas por el conflicto armado de crear vicealcaldías militares, temporales y articuladas con equipos civiles para la inversión social, circunscritas a las veredas o lugares donde existen rentas ilegales como coca y minería, susceptibles de ser controlados por otras estructuras delincuenciales luego de la salida de la guerrilla, es polémica, pero evaluable. Ha recibido cuestionamientos desde todas las orillas. La voz de Luis Pérez aparece solitaria. Sus amigos o subalternos, no arriesgan un pronunciamiento solidario, como sí lo han hecho algunos mandatarios locales atraídos por la iniciativa (alcaldes de Briceño, Vigia del Fuerte y Apartado, EL MUNDO 23 de octubre 2016).


El gobernador da muestras de ser propositivo de cara a las exigencias del posconflicto. La experiencia vivida con la desmovilización de las Auc de relegar a los mandatarios regionales y concentrar todo el proceso en las dos manos de Luis Carlos Restrepo, quien clandestinizó los acuerdos, no se puede repetir. La construcción territorial de la paz es el enfoque. De allí que Pérez exija información detallada de los avances que impliquen jurisdicción del departamento, con protocolos de compromisos de todos los actores para evitar sorpresas y desfallecimientos en la ejecución de los pactos. Otra experiencia con las Auc, irrepetible, es no copar con la institucionalidad aquellos territorios abandonados por los grupos en vías de desmovilización y desarme. Esa es la gran preocupación del mandatario. 


Asumir la presencia integral de territorios abandonados durante décadas no será como una posta que el Estado recibe de manos de las Farc. Es empoderar el lugar con bienes y servicios y con la autoridad suficiente para desalojar o no permitir el control de agentes de la ilegalidad, para quienes el principal enemigo es la inversión social pública. A la delincuencia que se nutre del cultivo de la coca y su comercialización, o de la minería ilegal, no le conviene que el gobierno construya escuelas o centros de salud, viviendas o estaciones de policía. No le conviene que los pobladores identifiquen al Estado como su protector. Los delincuentes harán hasta lo imposible para desestimular la inversión oficial por la vía de la extorsión o persecución a los funcionarios y contratistas. Si lo hemos vivido en comunas de Medellín, que decir de lugares apartados de Urabá, Bajo cauca o el Nordeste. Si no hay mínimas garantías, difícilmente habrá inversión social. 


Algunos sectores de izquierda siguen presos de la dicotomía seguridad-inversión. La una hace parte de la otra. Es más, menosprecian el concepto de la seguridad y no conciben que para las personas es un bien público y colectivo fundamental. La variable seguridad ha estado presente, con carácter definitorio, en la agenda electoral nacional y local en los últimos 20 años. Si no hay tranquilidad para preservar la vida y enseres propios, no hay como disfrutar la educación, la salud o la vivienda. De allí que ante la ausencia de la izquierda, la derecha asume la bandera. Pura miopía. 


No sobra reiterar que la propuesta de Luis Perez es para garantizar la oferta pública integral, con equipos civiles, en sitios de tradición ilegal por la presencia de las Farc, susceptibles de disputas por grupos delincuenciales interesados en controlar las rentas ilícitas producidas en los mismos. 


El alcalde popular no pierde su carácter de máxima autoridad, e incluso, la designación de un miembro de la fuerza pública con funciones de comisario o corregidor temporal es opcional, si lo considera, puede ser un civil. Un asunto distinto es la pertinencia de que el designado sea un miembro de la policía, el ejército o la marina. En ausencia de un civil apto, debe ser de la policía, entidad más preparada hoy para los retos del posconflicto.