Editorial

Vientos antidemocráticos
22 de Octubre de 2016


Las esperanzas quedan puestas nuevamente en la OEA, a cuyo secretario general, Luis Almagro, pedirá la Asamblea Nacional que reactive la Carta Democrática Interamericana.

En inadmisible e ilegítima intromisión en asuntos electorales, los tribunales penales de los estados venezolanos de Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo y Monagas dictaron el jueves medidas cautelares para suspender el proceso de convocatoria al referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro, mientras se investiga el supuesto fraude cometido por los partidos de oposición durante la primera fase del proceso, que consistió en la recolección de firmas equivalentes al 1% del censo electoral. Este paso, que no por predecible resulta menos grave, le da una estocada a la posibilidad de que el pueblo se pronuncie en las urnas a favor o en contra de la continuidad del actual mandatario y ahonda el ya pronunciado deterioro de la democracia en el vecino país.


Las constantes demoras del Consejo Nacional Electoral para fijar las fechas de la segunda fase del revocatorio, que finalmente se iba a cumplir entre el 26 y el 28 de octubre próximo y que consistía en la recolección de apoyos equivalentes al 20% del censo electoral; la definición de tales fechas sin margen de maniobra para que el revocatorio se adelantara este mismo año; la manipulación de los parámetros constitucionales para la recolección de firmas por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que buscaba que en cada estado se recogiera el 20% de su padrón electoral cuando la Carta habla del 20% en todo el país, así como los constantes hostigamientos que desde el Ejecutivo ha sufrido la Asamblea Nacional, de amplia mayoría opositora, tenía a los dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática a la expectativa de decisiones que siguieran entorpeciendo el proceso, aunque seguramente nunca esperaron que un movimiento de la justicia, sospechosamente sincrónico y concurrente, fuera a frenar en seco un proceso en que tenían fincadas sus esperanzas tanto los venezolanos como quienes hemos defendido de tiempo atrás la urgencia de desenmascarar la dictadura con poses de democracia que se tomó al vecino país.


En tanto los dirigentes opositores han anunciado que será en las calles en donde seguirán buscando el referendo revocatorio como única vía democrática para sacar del poder a Nicolás Maduro, se abre un periodo de gran incertidumbre por el riesgo que conlleva que las movilizaciones ciudadanas sean infiltradas por el oficialismo con el ánimo de generar hechos violentos de los cuales acusar luego a la oposición, cuyos máximos líderes también fueron imputados por la jurisdicción penal, e incluso a varios de ellos se les prohibió salir del país, cuando cualquier objeción a su actuación respecto del referendo revocatorio haría parte de la jurisdicción electoral. Y si bien la comunidad internacional es el otro escenario al que la MUD anunció que acudirá para denunciar la ruptura del orden constitucional en Venezuela, el momento aparentemente no es bueno para ello, pues tanto en la ONU como en los Estados Unidos la transición de poder pone en lugar secundario cualquier otra cuestión, mientras Colombia sigue maniatada por el extendido proceso de acuerdo de paz con las Farc. Las esperanzas quedan puestas, nuevamente, en la OEA, a cuyo secretario general, Luis Almagro, pedirá la Asamblea Nacional que reactive la Carta Democrática Interamericana, un camino que ya se había empezado a andar pero que se detuvo mientras las gestiones lideradas por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Leonel Fernández, de República Dominicana, y Martín Torrijos, de Panamá, se desenvolvían apuntando a la celebración del revocatorio. Frustrada esa salida, es el momento para que Almagro convoque a los países miembros y para que estos, a su vez, asuman una posición responsable y comprometida.


Nos asalta un gran temor ver cómo el desconocer la voluntad popular empieza a hacer carrera en el hemisferio, pues a la crisis venezolana se sumó el miércoles la notificación del candidato Donald Trump en el sentido de que tal vez no reconozca los resultados de las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos, a menos que él sea el ganador, algo que vendría a romper la larga y sólida tradición democrática de la potencia occidental; y también el desconocimiento que la Corte Constitucional colombiana podría hacer de los resultados del plebiscito del 2 de octubre, reviviendo el “fast track” para la implementación de los acuerdos con las Farc y su incorporación al bloque de constitucionalidad, como si dicha Corte fuera superior a la Constitución. Tres formas, no se sabe cuál más burda, de desconocer los principios de la democracia y del Estado de Derecho que, para el caso de Venezuela es fiel reflejo de su realidad política; en Estados Unidos tiene en alerta al electorado y al mundo entero y, en Colombia, de darse, será la consumación de la mayor traición a nuestra Carta Política.