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Exporesiduos 2016, oportunidad para reflexionar sobre los recicladores
Autor: Carlos Alberto Atehortua R韔s
21 de Octubre de 2016


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Es común que los textos normativos resulten siendo mutados en su interpretación en decisiones judiciales, en el caso de los derechos de los recicladores podría estar sucediendo todo lo contrario, pues frente a la claridad de providencias como las contenidas en las sentencias T-274-03,  T-291-09 y T-740-15  y en especial  los autos 275-11 y 587-15 de la Corte Constitucional, en los que se obliga a adoptar acciones afirmativas a favor de una población vulnerable como son los recicladores, en la vía administrativa no se actúa con la misma contundencia con la que ha actuado la Corte.


Para el examen de temas como el planteado, debemos aprovechar la especial circunstancia de que cada año Acodal y Exoresiduos , nos brindan la oportunidad de hacer una  reflexión técnica, económica, jurídica  y social sobre los avances del reciclaje en la sociedad colombiana, y que este año el análisis académico girará precisamente  sobre la manera como el Decreto 596 de 2016 expedido por el Gobierno Nacional, ha entendido la doctrina Constitucional de la Corte y sobre las razones por las cuales aún los derechos de los recicladores de oficio siguen siendo desconocidos.


Hablar del servicio público de aseo, en especial de su actividad complementaria de aprovechamiento, es mucho más que hablar de negocios y de clientes, pues en esta actividad confluyen temas como: (i) la protección del medio ambiente y el espacio público (ii) la salud pública, (iii) la ampliación de los ciclos económicos de materiales reutilizables como parte del ahorro social, y (iv) la protección del derecho a una vida digna de las personas que se dedican a la prestación de este servicio. 


Es inadmisible que, al hacer análisis sobre la prestación del servicio de aseo, el referente sea exclusivamentela libre explotación económica de una actividad rentable, pues sin duda un razonamiento como ese está en contravía del régimen jurídico especial que se da a esta modalidad de servicios, pues ella radica en su vinculación a la calidad de vida de las personas y al desarrollo de la sociedad.


Las acciones afirmativas que la Corte ha reclamado a favor de los recicladores, no pueden recaer exclusivamente en los municipios, ni limitarse a ser actos de “concientización” y de “promoción”, por el contrario, en esas acciones deben involucrarnos a todos, en especial a los usuarios, los prestadores del servicio de aseo en su componente de material no aprovechable y a las autoridades nacionales, pero además,  el núcleo de las mismas, debe radicar en discriminaciones positivas que permitan la remuneración de los recicladores, el desarrollo económico de la actividad que realizan y la protección de su trabajo. 


Aunque la dinámica reglamentaria y regulatoria venía mostrando unos avances que llegaron a ilusionarnos, la realidad es que, salvo algunas excepciones, los recicladores de oficio no reciben remuneración equitativa por sus trabajo, los planes de gestión integral de residuos sólidos no se han expedido en muchos de los municipios del país, la regulación tarifaria estimula la disposición final y no el aprovechamiento, aún no existe una regulación adecuada para la competencia en el servicio de aseo y el real avance ha sido trasladarle a los usuarios el valor del corte de césped, la poda de arbole y el lavado de áreas públicas que antes asumían los prestadores del servicio o los municipios.


La verdad es que no se avanza en el camino de la paz, auspiciando la degradación del medio ambiente y promoviendo esquemas de prestación del servicio de aseo en los que se privilegie la disposición final en lugar del aprovechamiento, en los que no se facilite la remuneración del trabajo que realizan los recicladores y en la que en lugar de garantizar el acceso seguro y cierto de los recicladores al material aprovechable, se predique que los recicladores deben realizar su trabajo en un escenario de libre competencia con los “empresarios del aseo”.


1 Docente y asesor.