Economía

Tax Reform project, between sympathizers and skeptics
Proyecto de la Reforma Tributaria, entre simpatizantes y escépticos
21 de Octubre de 2016


Además de los temas más controversiales como el impuesto Monotributo y el gravamen a las bebidas azucaradas, el documento expuso propuestas urticantes para los gremios económicos del país.



La Reforma incluiría pena de cárcel para quienes oculten bienes  a partir de 5.000 millones de pesos.  

Yonatan Rodrìguez


Con la esperada radicación del proyecto de ley, el pasado 20 de octubre, que buscaría una reforma estructural en el sistema tributario del país, las reacciones de los gremios y analistas económicos ante la exposición del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, no tardaron en referirse a los postulados del documento, tanto para reconocer sus bondades, como para resaltar posibles desaciertos que afectarían la política fiscal del país. 


Aunque con algunas reservas, uno de los principales defensores tanto de la pertinencia, como de las propuestas de la reforma, es el director ejecutivo del Centro de Investigación Económica y Social (Fedesarrollo), Leonardo Villar. Desde su perspectiva, el Gobierno ha recogido en buena parte las recomendaciones de la Comisión Tributaria, un organismo consultor que desde el año pasado venía estudiando el tema y que, entre otras cosas, propuso en su documento final el incremento al 19% en el IVA y la declaración de renta para más contribuyentes. “Creo que es integral y, en caso de ser aprobada, despejará el futuro fiscal, por ello es muy positiva desde ese punto de vista. Estoy de acuerdo con el aporte que hace en la parte de formalización, la opción del Monotributo a los pequeños negocios para simplificar el pago de sus impuestos que, entre otras cosas, no es un tributo nuevo. Por otro lado, lo que menos me gusta es la propuesta específica sobre impuestos a los dividendos, porque es muy tímida. Nosotros propusimos un 15% y el Gobierno presentó un 10%”, detalló el directivo, quien enfatizó la función protagónica que tendrían en adelante los mecanismos para evitar la elusión en personas naturales, especialmente para contrarrestar la aparición de pequeñas sociedades que encubran las declaraciones de sus dueños. 


Críticas


Orientado a otro punto de vista, Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), recuerda que desde hace más de 30 años se viene repitiendo que al lograr acabar con la evasión y la elusión se terminaría con el problema tributario, y aún no se ha logrado: “Yo creo que lo más importante de esta reforma han sido los elementos que apuntan a modernización de la Dian, una necesidad que señaló la misma Ocde en el reporte que denunció un anquilosamiento y una falta de capital humano en esta Dirección. Aún así, creo que el Gobierno no pudo haber encontrado, en todos estos ocho años, un momento más inoportuno para presentar una tardía e insuficiente reforma, pero no hay alternativa ante el precipicio. De no hacerlo, sólo nos conduciría a un descalabro”, pronosticó Clavijo, quien explicó que esta reforma no sería “una varita mágica” que supla la falta de los dos puntos porcentuales del PIB que ha dejado, entre otros factores, la crisis del petróleo y la devaluación del peso.


 Sobre el tema, el ministro Cárdenas explicó a la opinión pública que la reforma busca precisamente fortalecer las medidas antievasión, y busca que sean especialmente efectivas en las Entidades Sin Ánimo de Lucro (Esal): “La Reforma Tributaria viene con una cláusula general antievasión: la Dian puede retirar del Régimen Tributario Especial a una entidad sin ánimo de lucro al evidenciar el  incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos”, sentenció el jefe de cartera, sobre las futuras acciones que aplicaría la Reforma. 


Inconformidad 


Desde sectores específicos de la economía, algunas medidas propuestas por el Ministerio también generaron reservas sobre su pertinencia. Es el caso de Camacol, que ha señalado en la voz de su presidente, Sandra Forero, que la eliminación de la exención del impuesto de renta derivada de la enajenación de Vivienda de Interés Social (VIS), podría afectar negativamente no sólo al sector sino a la economía colombiana en su conjunto: "Eliminar este beneficio haría nula la posibilidad de ofertar nuevos proyectos de vivienda social y afectaría profundamente la ejecución de los programas de política pública, caso en el cual 230.000 subsidios estarían en riesgo de perderse. Esto corresponde al 77% de los recursos que ha dispuesto el Gobierno para fortalecer la política integral de vivienda", argumentó Forero, sumando a esta situación el aporte de la inversión anual que mueve la vivienda social, una cifra que ronda los $4,8 billones de pesos y que genera 337.000 empleos anuales. 


Entre simpatizantes y escépticos, surgen voces que consideran que aún es muy pronto para evaluar la eficacia del proyecto de ley, teniendo en cuenta los cambios que seguramente sufrirá en su paso por los recintos del Congreso. Uno de ellos es Jaime Echeverry, vicepresidente de Planeación y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia:  “Hasta que no se finiquite la discusión de la Reforma Tributaria no habrá mucho por decir de manera certera, está demostrado que el proceso de debate cambia mucho lo que se plantea en el primer día”, declaró el directivo, considerando que muchos de los posibles defectos que se han señalado en el documento serían revisados y corregidos para la víspera de aprobación. 


El escenario futuro


Aunque en el primer año el Gobierno proyecta un efecto negativo en la demanda interna, especialmente en los sectores de alimentos procesados, textiles y vestidos y servicios, se espera que para el segundo año los beneficios de la medida se derramen directamente sobre el consumo. El incremento se daría a partir de 2018 a razón de un punto porcentual más cada año, comparado con un escenario sin la Reforma. Según estos cálculos, para 2022 habría un incremento de 4,6% en el Producto Interno Bruto (PIB), un dato que se ubicaría 0,2 puntos sobre lo que sería una proyección sin los efectos de esta Reforma. 


Según el articulado del texto, la no aprobación de este proyecto de ley se vería reflejado directamente sobre la tasa de ahorro y el volumen de la inversión de manera negativa. “Las simulaciones muestran que, a pesar del incremento en la tributación indirecta, el consumo se expande cerca de un punto porcentual por año más (excepto en 2017), que en el escenario sin reforma”, señala el cuerpo de la Reforma al explicar las pérdidas en materia de crecimiento económico.


El articulado señala además que el incremento en el recaudo, que sería en su mayoría resultado del aumento en el IVA,  sería gradual, de esta manera para el año entrante se esperarían cerca de $8,2 billones más en impuestos, un monto que para 2022 se estaría ubicando en 10,8 billones más del recaudo actual. 


En materia de instituciones, como lo ha sugerido la Ocde, se espera mejorar la operatividad de la Dian, una optimización en la gestión que estaría reflejada en $3,6 billones para 2019, y que se duplicaría para el 2022, llegando a $7,2 billones provenientes de la captura de fugas por evasión nacional e internacional. 


Aunque el escenario proyectado es prometedor, el documento resalta que el año en el que más se sufrirán las turbulencias de la reforma será el 2019, un periodo en el que el país pararía de tributar $9,7 billones (en 2018) a 19,5 billones para ese año. 




Sobre la Comisión

La Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria fue un organismo compuesto por nueve expertos en materia fiscal que entregó el pasado mes de diciembre ante el Ministerio de Hacienda un informe en que recopila recomendaciones sobre temas como impuestos directos e indirectos, territoriales, régimen tributario para Esal y administración tributaria. Su trabajo fue generar un informe detallado compuesto por más de 200 páginas en el que extendía sus recomendaciones sobre los cambios que debería proponer una Reforma Tributaria estructural, desde la perspectiva de las diferentes entidades y agremiaciones de la economía colombiana.