Columnistas

Nuevo acuerdo y Estado de derecho
Autor: Alfonso Monsalve Solórzano
16 de Octubre de 2016


Cuando el acuerdo es rechazado democráticamente por los ciudadanos en un plebiscito, el asunto no tiene interpretaciones que busquen pasar de contrabando lo que las Farc y el gobierno pactaron.

Cuando el acuerdo es rechazado democráticamente por los ciudadanos en un plebiscito, el asunto no tiene interpretaciones que busquen pasar de contrabando lo que las Farc y el gobierno pactaron. La regla de mayorías no se discute en los estados de derecho. Es el mecanismo supremo de resolución de las alternativas políticas que definen el curso de una nación cobijada por una democracia. En caso de que el sí hubiese triunfado, ese era el veredicto inapelable de las urnas, aunque la diferencia hubiera sido inferior a los cincuenta mil votos por los que triunfó el no,


La voluntad popular no puede ser reemplazada por artimañas jurídicas que busquen que jueces proclives a Santos y a las Farc ilegalicen la determinación tomada por el pueblo, ni por ninguna otra maniobra que busque deslegitimarla -como hacen Benedetti y Claudia López, o la de utilizar las declaraciones de Juan Carlos Vélez, como si ellos, los responsables máximos del sí no hubiesen utilizado el voto emocional. Y menos, aún enterrarla con las estrategias del presidente de dividir a los que votaron por el no, imponer condiciones como la de no hacer “propuestas imposibles” y presionar un acuerdo ya.  


El resultado del plebiscito tampoco puede ser sustituido por un discutible premio Nobel, ni por los intereses económicos que el gobierno noruego, garante de la negociación y nominador del galardón mencionado, pueda tener sobre el petróleo colombiano mediante concesiones otorgadas durante el período de Santos (algo denunciado por columnistas internacionales, sin que hasta ahora haya sido desmentido por los mandatarios de ese país); ni por los intereses de la Venezuela bolivariana, aliada y mentora de las Farc y en una espiral dictatorial sin límites. Tampoco por la manera como los medios presentan los pronunciamientos de los distintos gobiernos, porque (salvo, claro está, Venezuela y los pocos amigos que le quedan) han aceptado, a su manera, la obligación de respetar la decisión del voto negativo de los colombianos. Y, menos aún, por las declaraciones de las Ongs, muchas de las cuales bendicen o descalifican, según el credo que profesan, a individuos y países.


Desaprobado el acuerdo, lo que procede es negociar uno nuevo, tratando de buscar un verdadero consenso, pero sobre la base de cambiar lo que pactaron Santos y Timochenko, y no de retocarlo cosméticamente, porque lo pactado por ellos no existe desde el punto de vista político, pero tampoco jurídico, pues el soberano se pronunció en contra, no de una parte, sino de todo el texto, ya que así estaba redactada la pregunta. En este sentido, lo que es una propuesta imposible es la del presidente de querer mantener el texto como si aquí no hubiese pasado nada y la gente apenas rechazara algunas arandelas y no el texto completo. 


Un número importante de colombianos ha salido a la calle a manifestarse a favor de un acuerdo perentorio. Allí hay gente de todo tipo: individuos movilizados por las Farc y el gobierno; también gente de buena fe que votó por el sí y se siente frustrada por el resultado; y partidarios del no, que demuestran que todos estamos por un arreglo aceptable e inclusivo. La inmensa mayoría de esos ciudadanos merece mi respeto y admiración, pero quiero manifestar mi punto de vista: la premura es coherente con la posición santista de desconocer la voluntad popular, buscando que no haya tiempo para discutir las propuestas de los ganadores, que ya se presentaron por escrito, así como las de otros que sienten que deben ser tenidas en cuenta, como las víctimas de las Farc. Es una maniobra despreciable, pues, el presidente sabe, que es   una exigencia imposible de cumplir por parte de los voceros del no, que están en la obligación de propender por un consenso que incorpore los puntos esenciales que den salida a lo que se objetó en el plebiscito. La premura no le sirve al país, sólo a Santos y su grupo de politicastros, porque sería generadora de nuevas violencias. No sería útil ni siquiera a las Farc, que ingresarían a la vida política por la puerta de atrás, luego de que sus pretensiones fueran rechazadas. Y es un despropósito, porque el gobierno tardó mucho más de 4 años en obtener este pésimo pacto a espaldas del país nacional. Se necesita sí, diligencia y apertura de los involucrados para obtener un buen acuerdo en un tiempo razonable en el marco del estado de derecho y la presión del pueblo colombiano para que lo ganado en las urnas no se pierda en las jugadas malévolas de un perdedor. Si no es capaz de encabezar una verdadera salida negociada, Santos debe renunciar. Pero sí decide continuar, al menos debería cambiar a sus negociadores, que está visto, se resisten a cambiar lo pactado.