Editorial

De penas y conmutaciones máximas
13 de Octubre de 2016


Se extiende una espada que pretende usar sus valores para anular su eficacia como acto de disuasión, reparación y ejemplo.

En la conmemoración, cada 10 de octubre desde 2001, del Día contra la pena de muerte, según designio de la Unión Europea, ese organismo y ONG como Amnistía internacional reabren el debate sobre un castigo que en 2015 fue impuesto, por lo menos, a 1.634 personas, 537 más que las así penalizadas en 2014, un dato que la ONG asentada en Londres explica por su mayor aplicación en Arabia Saudí, Pakistán e Irán, contra terroristas. Además de impactantes, los datos están viciados por la falta de información de países totalitarios, que la usan también contra delincuentes políticos, como China, el que más la aplica; Corea del Norte, blindado a los ojos del mundo, y Cuba, que reportó su última ejecución en 2003. 


Venezuela ha dado a sus hijos el orgullo de ser el primer país del mundo que abolió la pena de muerte de su Constitución Política. Ello ocurrió en 1863. A un siglo y medio de abierto el debate abolicionista, la pena de muerte sigue siendo opción para cien de 198 países, de los cuales 65 todavía la aplican con alguna regularidad. Esto significa que las sociedades siguen enfrentadas a escoger entre el respeto a los derechos de las potenciales víctimas de quien, en caso de recuperar la libertad podría reiterar su conducta altamente criminal, o defender el don sagrado de la vida en el entendimiento de que cada ser es único y toda persona que ha cometido errores puede enmendarse. En el centro del debate persisten las preguntas por la función del castigo judicial frente a la sociedad, los directamente ofendidos por el criminal, y el delincuente. En razón del valor indiscutible de la vida y de la renuncia a la resocialización, pilar, con el castigo y el aislamiento, de la sanción penal, la imposición de la pena de muerte es excesiva e indeseable para superar la amenaza criminal a las sociedades civilizadas y sus miembros. 


Pero tan grave como el castigo capital, aunque sin merecer la preocupación académica que este tiene, es la intención de desconocer los mínimos de justicia por delitos atroces y de lesa humanidad, como ha ocurrido en fallidos procesos en el mundo y puede ocurrir en Colombia si no se hacen modificaciones al Acuerdo final del Gobierno y las Farc. Habiéndose basado en las premisas y valores universalmente aceptadas de la justicia transicional, el documento de La Habana estira los límites de ese modelo de justicia para la paz, a fin de ofrecer amnistía a responsables de delitos comunes o conexos a los políticos y brindar a los responsables de crímenes de lesa humanidad unas garantías de tal calado que terminan haciendo muy discutible el fin aislante de la pena y nugatorio su carácter sancionatorio; en el que se encuentra el debido rechazo social, que actúa como elemento disuasivo y pedagógico en la sociedad. 


El juicio y la publicidad de la actuación del Estado frente al responsable de violaciones de derechos, graves crímenes o delitos, le da a la sociedad la potestad de imponer sanción moral a los culpables y mantener viva su memoria sobre hechos que la han herido. Yendo en contravía de valores modernos de memoria para evitar la repetición de daños generalizados, como los que las Farc han hecho al pueblo colombiano, el Acuerdo de La Habana impone la prohibición -¿con censura?- de estigmatizar, o sea de reconocer y recordar los crímenes, a esa organización y sus integrantes. Imponer el olvido como política de Estado contraría los derechos de las víctimas que, se vuelve a demostrar, nunca estuvieron en el centro de la negociación, al menos no las de las Farc.


En las decisiones sobre justicia, se extiende una espada que pretende usar sus valores para anular su eficacia como acto de disuasión, reparación y ejemplo. El acuerdo niega el aislamiento de los responsables al ofrecer derechos de participación política, primeros negados hasta a los investigados, que implican estar en contacto directo y permanente con sus potenciales electores, además de ejercer actividades públicas en los escenarios donde la democracia se realiza cotidianamente. ¿De qué reclusión, así sea en granjas especiales, se puede hablar cuando hay libertad de participación política, con todo lo que ella implica? ¿En el siglo XXI se puede llamar aislamiento a tenues restricciones a la movilidad física? La lógica de la pena de muerte para evitar la posible pérdida de otras vidas humanas es una derrota de la justicia.  La lógica de la impunidad más allá de los límites mínimos como salida para evitar inminentes amenazas sobre la vida de otros seres humanos, no sólo es una derrota de la justicia sino un vil chantaje.