Editorial

Trampas o retaliaciones contra la infancia
6 de Octubre de 2016


Estas tragedias evitables deben avergonzar a Colombia, pero muy especialmente al Congreso, titubeante para instituir un modelo eficiente de seguridad alimentaria.

Hasta el pasado 24 de septiembre, el Gobierno Nacional había registrado (pueden ser muchas más) las muertes de 214 menores de 5 años por causas asociadas a la desnutrición. Durante el año, el pueblo wayuu ha esperado a que el Gobierno Nacional atienda las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar muertes, enfermedades y atroces impactos sobre el cerebro y el organismo de las víctimas del hambre. Estas tragedias evitables deben avergonzar a Colombia, pero muy especialmente al Congreso, titubeante para instituir un modelo eficiente de seguridad alimentaria, que se le presentó como proyecto de ley desde 2014.


La creación del Sistema Nacional de Gestión Alimentaria, que sigue y profundiza el programa de seguridad alimentaria que Maná implementó desde 2001 en Antioquia y que la FAO reconoció como modelo para el mundo, fue promovida en la legislatura 2014-2015 en proyecto presentado por la senadora Sofía Gaviria Correa que llegó hasta la plenaria de la Cámara de Representantes, que el pasado mes de junio lo enterró por falta de debate, tras la ruptura del quórum, en sospechosa maniobra de última hora. Firme en su convicción y propósito, y tan pronto inició la nueva legislatura, la senadora presentó la nueva versión del proyecto del Sistema Nacional Integral de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Sinsán, esta vez acompañado y enriquecido con los aportes ya no sólo del Partido Liberal sino de Alianza Verde y Centro Democrático, además del ministro de Salud, doctor Alejandro Gaviria.


Dados el interés superior de la infancia, la coordinación con el Gobierno Nacional y el impulso de distintos partidos en el Congreso, se esperaba que el proyecto (cuya versión original ya había pasado los dos debates en el Senado) pudiera hacer primero el tránsito en la Cámara de Representantes. Pero hace un mes, cuando se hizo el primer intento de discutirlo en la Comisión Séptima, el grupo de tres representantes que siguen a Pablo Edgar Gómez, liberal, y Didier Burgos, del Partido de la U, levantó el quórum para evitar el debate y votación que hubieran facilitado su tránsito a la plenaria. El martes, estos parlamentarios, más Ana Cristina Paz, de la Alianza Verde, promovieron un debate que se reveló tramposo desde la convocatoria en un momento en que nueve representantes a favor del proyecto atendían otras obligaciones, entre ellos Óscar Hurtado y Fabio Amín, liberales; Ángela Robledo y Óscar Ospina, de la Alianza Verde, y Margarita Restrepo y Wilson Córdoba, del Centro Democrático. De manera que los contradictores fueron elevados a decisores, consiguiendo una muy precaria mayoría 6-4, de 19. La actuación no sólo es un ejemplo penoso de obstruccionismo parlamentario sino que deja preguntas sobre su legitimidad. La Cámara de Representantes todavía puede salvar la iniciativa, mediante análisis del caso y votación de la plenaria.


¿Cuáles pueden ser las razones de este nuevo bloqueo intencionado y sin argumentos, a un proyecto de ley que identifica y propone soluciones frente al hambre como uno de los problemas más limitantes del ser humano en el ejercicio de todos sus derechos, el desarrollo de sus potencialidades, y que llega a niveles que ponen en peligro o cobran las vidas de niños y otras poblaciones vulnerables? ¿Cómo dejar de debatir un proyecto que está basado en un modelo tan exitoso que ha perdurado durante cinco administraciones en Antioquia y producido resultados que han sorprendido a expertos nacionales e internacionales? Es profundamente doloroso pero realista pensar que las razones obedecen más a presiones y retaliaciones de distintos miembros del Gobierno Nacional, por las defensas valerosas e independientes que la senadora Gaviria Correa ha librado en temas como la oposición a la venta de Isagén, el respeto a las víctimas de las Farc en el proceso de negociaciones con ese grupo guerrillero, su denuncia por plagio contra la exministra Gina Parody, o los debates de control político a la directora del Icbf, Cristina Plazas, o al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.


Contrasta este saboteo del Gobierno/Congreso a este proyecto de ley que pretende la paz territorial con acciones directas para la población desprotegida, con el respaldo que los voceros del Gobierno en la Mesa de conversaciones de La Habana dieron al acápite final del Punto 1, sobre Reforma rural integral, el cual acordaba, en documento que adquiría rango constitucional, la definición de un sistema integral de seguridad alimentaria que resultaba ser una mala enunciación del proyecto propuesto a discusión del Congreso.