Editorial

Nuevos caminos para la paz estable y duradera
3 de Octubre de 2016


La votación también tuvo un importantísimo efecto jurídico porque su resultado determinaba la vigencia o no del temible Acto Legislativo 1 de 2016.

La jornada plebiscitaria deja grandes espacios para la reflexión y motivos de orgullo para una sociedad que entendió la dimensión del reto que se impuso y actuó en consecuencia. El resultado tiene que entenderse como la oportunidad para reencausar la negociación con las Farc y respetar los límites que nuestra sociedad ha determinado como irrenunciables para forjar un país en paz, o sea protector de la vida humana, respetuoso de las libertades ciudadanas, garante de la vigencia universal de los derechos humanos, democrático. 


Ayer fueron confirmadas la seriedad de la Registraduría, su imparcialidad y la idoneidad técnica, pues le bastaron dos horas para aclarar tendencias y definir los resultados. El rigor del órgano electoral, una virtud que esta democracia debe defender a toda costa, facilita la aceptación unánime del conteo, como ayer sucedió.


Un riesgo de la convocatoria a este plebiscito era una abstención muy alta, que condujera a un limbo político y jurídico. Ese temor alentó el nuevo mecanismo, que recibió aval de la Corte Constitucional y que fue legitimado con la participación del 37,43% del censo electoral. Esta votación en una elección abstracta, así sea la más importante de su vida para la mayor parte de los ciudadanos, muestra el surgir de la ciudadanía participante y autónoma. Y con la decisión por el No, ella aparece independiente de la arrolladora publicidad oficial, la intervención en campaña -no en pedagogía- de las autoridades y la inocultable -y antiética- toma de partido (en sus espacios informativos) por los grandes medios nacionales de comunicación, que transmutaron a agencias propagandísticas del Gobierno y aprovecharon las fracasadas encuestas para satanizar las objeciones al Acuerdo y a los opositores al Gobierno.


Anoche persistían interpretaciones de la diferencia de apenas 0,43% a favor del No como prueba de polarización del país. Asumir el plebiscito como una situación blanco/negro, sin grises, es negar la pluralidad de visiones. Es pensar que todos los votantes del Sí fueron representados por voceros pro-farianos que vieron en estos acuerdos una oportunidad de revancha contra la democracia, o que el No es una apuesta por la guerra como única salida al conflicto. Las declaraciones posteriores de unos y otros muestran un amplio centro favorable a una salida negociada, que optó por matices: el Sí a la esperanza de la paz fruto del silenciamiento de los fusiles, algunos, o el No para defender la Constitución, los derechos y libertades que garantiza. El mandato más claro, pues, es por la renegociación en justicia, respeto a las víctimas, razonabilidad de participación política y mecanismos de implementación, en los que se habían sobrepasado los límites. Reconocemos y valoramos que los responsables de la negociación, el presidente Santos y alias timochenko, hayan entendido el mensaje del pueblo y anunciado que darán nuevos pasos hacia la negociación, como lo dijo el Mandatario, y que “reiteran su disposición de usar la palabra como arma de construcción hacia el futuro”, según la guerrilla. Para recomponer la ecuación que verdaderamente representa al pueblo colombiano, el presidente Santos ha anunciado su intención de convocar a todas las fuerzas políticas y muy especialmente a las que defendieron el No. Unidos por fin, pero en igualdad de condiciones, los colombianos del Sí y del No sabremos tender la mano pero sin sacrificar valores y principios que garantizan nuestra dignidad.


Los colombianos tomamos una decisión política al rechazar el Acuerdo Final en los términos en que fue redactado y ahora esperamos su renegociación. Su consecuencia política ha sido aceptada. La votación, como advertimos en el editorial El engañoso “sí” doble de ayer, también tuvo un importantísimo  efecto jurídico porque su resultado determinaba la vigencia o no del temible Acto Legislativo 1 de 2016, norma que pretendió limitar la agenda del Congreso al trámite -apresurado y sin mayores posibilidades de modificaciones- de reformas y leyes relacionadas con el Acuerdo, el cual se elevaba a la jerarquía de norma constitucional; otorgar poderes extraordinarios al presidente y cercenar el control constitucional. Según el Artículo 5 del mismo  Acto legislativo para la paz , “el presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Se entiende entonces que la no refrendación hundió la reforma y que ya no es necesario el pronunciamiento que tanto pedimos a la Corte Constitucional sobre su inexequibilidad. Habiéndose producido la votación, hemos llegado a la clásica situación jurídica de “Roma locuta, causa finita”, en la que la Corte Constitucional queda obligada a pasar la página que, para su vergüenza y tristeza, dejó de escribir en su oportunidad.