Columnistas

Paz: la mentira del siglo
Autor: Jorge Arango Mejía
2 de Octubre de 2016


Hoy dos de octubre de 2016, los colombianos saldremos a votar, porque así lo determinaron las autoridades electorales, que se limitaron a cumplir lo ordenado por el presidente de la República.

Hoy dos de octubre de 2016, los colombianos saldremos a votar, porque así lo determinaron las autoridades electorales, que se limitaron a cumplir lo ordenado por el presidente de la República. Éste, sin embargo, no actuó “como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa”, como lo define el artículo 189 de la Constitución. No, actuó en cumplimiento de lo acordado por los cabecillas del grupo criminal denominado Farc con delegados designados por el propio Juan Manuel Santos. Dicho en los términos más sencillos: el Presidente delegó unas facultades y terminó obedeciendo a sus delegados y a los de la asociación para delinquir mencionada. Fueron esos “señores”, cómodamente  sentados en La Habana, los que negociaron y entregaron la autoridad y la justicia en las manos manchadas de sangre de los bandidos.


¿Cuál ha sido el precio de este pacto nefando? ¿Qué reciben los delincuentes y que se nos arrebata a los colombianos?


La primera víctima del Tratado Timochenko–Santos ha sido la propia Constitución. A sus 380 artículos permanentes habrá que sumar ahora las 297 páginas del “ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA.” Ahora ha quedado convertida, sin lugar a dudas, en la más extensa del mundo, y, por lo mismo, en la más ininteligible hasta ahora conocida.


Pero, además, el Acuerdo que ahora hace parte de la Constitución es lo más contrario al texto de una constitución, a la forma y al contenido de la norma de normas. Bastan un ejemplo:


“La Jurisdicción Especial para la Paz es una jurisdicción especial que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente sobre los asuntos de su competencia, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos. Se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor.”


Al analizar este párrafo, hay aspectos que es imposible ignorar. El primero, que la Jurisdicción Especial para la Paz es completamente independiente de la rama judicial del poder público, establecida en la Constitución. Por eso se dice que ejerce funciones judiciales de manera autónoma. El segundo, que prevalece sobre toda la administración de justicia. Para esta jurisdicción la cosa juzgada (vale decir, lo decidido definitivamente por la justicia de Colombia) no existe. Sentencias dictadas en procesos seguidos de conformidad con las leyes vigentes, serán desconocidas, desaparecerán.


Y lo más exótico de todo: a pesar de que el principio general, aceptado universalmente, implica que las leyes se aplican hacia el futuro, es decir, a los hechos que se cometan a partir de su vigencia,  estas normas del Acuerdo se aplican únicamente a “conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor.” Dicho en los términos más sencillos: una organización criminal, verdadera asociación para delinquir, comete durante años toda clase de delitos: asesinatos, secuestros, extorsiones, asalto a poblados inermes, tráfico de drogas prohibidas etc. Después, se dictan normas para aplicarlas a esas conductas y convertirlas en actos lícitos, en conductas socialmente permitidas. Y finalmente se quebranta la Constitución y se convoca a un plebiscito para que la gente, engañada por una propaganda mentirosa, vote por la paz, cuando en realidad lo que se le somete a la consideración es algo que nadie ha leído ni leerá: 297 páginas que pasarán a la historia por su ramplonería y por la desfachatez de quienes prometen lo que jamás podrá cumplirse.


Como lo he escrito y lo seguiré sosteniendo, solamente el prevaricato explica que la Corte Constitucional haya pasado por alto la inconstitucionalidad de todo el proyecto de ley estatutaria que regula el plebiscito.  El haber reducido al 13% el umbral  es una burda maniobra que demuestra como el Congreso ha perdido su independencia frente al ejecutivo.


Lo peor de todo es el pésimo ejemplo que se da: ha quedado demostrado que el crimen sí paga; que la debilidad del gobierno lo lleva a claudicar ante los violentos. Y quedan unas preguntas que nadie responderá:


¿Quién sabe la cantidad y calidad de las armas de las Farc? ¿No guardarán lo mejor de su armamento y entregarán un puñado  de fierros viejos? 


De otra parte, ¿a cuántos bandoleros se darán las recompensas en dinero, por varios años, y con la única condición de no delinquir públicamente? 


Mi formación jurídica y el respeto por la justicia a la cual he servido siempre, me obligan a rechazar tantos desmanes. Por eso, votaré NO…