Editorial

Sin paro y sin arreglo
30 de Septiembre de 2016


Con bombos y platillos la Gobernación de Antioquia anunció el miércoles la solución al bloqueo al que un puñado de personas con capacidad de atemorizar a la población, mantenía sometidos desde hacía diez días a los municipios de Segovia y Remedios.

Con bombos y platillos la Gobernación de Antioquia anunció el miércoles la solución al bloqueo al que un puñado de personas con capacidad de atemorizar a la población, mantenía sometidos desde hacía diez días a los municipios de Segovia y Remedios, y que bajo el ostentoso nombre de “paro cívico” pretendía soluciones a problemas de inclusión social y desarrollo económico. No se quedó atrás en grandilocuencia la secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez Vélez, al calificar el logro como la “pacificación” del Nordeste por el mero hecho de lograr la normalización de las actividades en ambas poblaciones. Ante la realidad socioeconómica del sector extractivo y de la zona del Nordeste, y ante la reiteración de las causas y las consecuencias de las movilizaciones mineras, podemos asegurar que las buenas intenciones del Estado por resolver esta problemática no pasarán de ser una mera declaración y que la situación se repetirá más temprano que tarde.


No hay que ir muy lejos. En noviembre de 2015, una decisión de la Procuraduría para clausurar once minas ilegales paralizó el comercio y el transporte durante 17 días en la misma zona. La situación se normalizó tras el ofrecimiento de Gran Colombia Gold de apoyar la formalización de algunas de las bocas sobre las cuales recaía el amparo administrativo que obligaba su cierre. Aunque nunca lo admitirán, esta vez las protestas obedecían a la inconformidad de los mineros ilegales asentados en los terrenos del título con el Decreto 1421 del Ministerio de Minas, que reglamenta los procesos de formalización y que tiene un plazo de seis meses para su plena aplicación, a partir del pasado 16 de septiembre. La resistencia de quienes no ejercen la minería como una vocación económica sino como partícipes del entramado de ilegalidad que ha permeado esta actividad, no hace más que confirmar su carácter criminal, cuyos vínculos con el narcotráfico son estrechos al ser el oro uno de los vehículos más efectivos para el lavado de dinero.


La capacidad de bloqueo de las poblaciones, mediante mensajes en cadena por redes sociales, y la intimidación a los trabajadores de minas formalizadas y de la propia multinacional, buscaba movilizar al Estado usando como cortinas de humo los problemas sociales que, innegablemente, afectan a las comunidades y que no han sido únicamente producto del abandono oficial, sino también consecuencia de la cultura de ilegalidad imperante, que se manifiesta en el no pago de impuestos que impide la inversión pública, la desescolarización que fomenta el trabajo infantil y la proliferación de economías subterráneas como la prostitución y el microtráfico. En este contexto, muchas veces son las empresas dueñas de los títulos las que, además de hacer frente a los ilegales con sus amenazas, abusos y vías de hecho, deben suplir al Estado desde sus oficinas de Responsabilidad Social. Pero más allá de paliar ciertas carencias, las empresas legalmente constituidas se convierten en las únicas que cumplen y buscan hacer cumplir la ley en aspectos como, por ejemplo, la denuncia de bocas de mina ilegales dentro de sus títulos, que  deberían mover a las administraciones municipales a dictar los amparos administrativos para su clausura, contra la voluntad de los propietarios de los socavones y los entables que, como forma de resistencia, acuden al bloqueo disfrazado de  paro cívico y a la intimidación para convocar el apoyo popular.


La “Mesa Minera de Soluciones” con que se levantó este nuevo paro hará que la historia se repita, pues no hay solución de fondo sino apenas el desenlace de un nuevo pulso entre los ilegales y el Estado. Más allá de las pérdidas económicas para la compañía propietaria del título, no ha habido un aparente vencedor. Pero sí lo hubo, pues el objetivo de estos pulsos de poder es ganar tiempo, en este caso para quienes no están dispuestos a cumplir las leyes y usan estas “mesas” para persistir en su actividad mientras el Estado aplaza sus obligaciones. 


Aunque este fenómeno tiene sus particularidades en la minería, es pan de cada día en el campo y en las ciudades. Mucho tememos que, pasado el 2 de octubre y desvanecida la obra teatral sobre la guerra y la paz, la sociedad tendrá menos herramientas para enfrentarlo, pues con los acuerdos y sus innegables y desequilibradas concesiones a las Farc, agravadas con el aumento significativo de burocracia y, por ende, del riesgo de corrupción, cada vez serán más los funcionarios aparentando hacer cumplir la ley pero sin capacidad de hacer efectivas las sanciones por su incumplimiento, lo que terminará por aumentar la cultura de la ilegalidad que fomentará, en círculo vicioso, ese modus operandi de bloqueos y protestas. Perfecto caldo de cultivo para el discurso populista de las Farc.