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¿Puede haber una paz duradera con una Constitución débil?
Autor: Juan Felipe Vélez Tamayo
28 de Septiembre de 2016


Con la firma de los acuerdos de paz el pasado lunes y la muy probable victoria del Sí el próximo domingo,

Con la firma de los acuerdos de paz el pasado lunes y la muy probable victoria del Sí el próximo domingo, uno podría atreverse a afirmar que el tratado de paz y sus implicaciones ya son una realidad en el panorama político de Colombia al menos en la próxima década.


Aunque en esta columna me he inclinado por el Sí, y lo sigo haciendo, debo admitir que los acuerdos me dejan un sabor agridulce, y espero que su ejecución no resulte vinagre. Por un lado me uno al clamor de resolver las diferencias políticas por medio de la vía democrática como herramienta para fortalecer, en el largo plazo, la institucionalidad del país; igualmente creo que una inversión sustancial en bienes públicos le convendría mucho al campo colombiano, y este acuerdo presenta una plataforma adecuada para ello; por último creo que desmovilizar al grupo criminal más grande de la historia del país y convertirlo, a fin de cuentas, en un partido político minoritario es una victoria para el Estado.


Por el otro lado, a pesar de los aspectos positivos, y que a mi juicio superan a los negativos, el acuerdo debe ser revisado y ejecutado con lupa en mano.  El acuerdo es muy largo, promete mucho, menciona muchos grupos implicados, y aun así sigue siendo sumamente vago en cuanto a las especificaciones de su ejecución.


Sorprende, por ejemplo, la cantidad de entidades especiales que se crearan para verificar el acuerdo. Uno entiende que cierto incremento de la burocracia es necesario en un proceso de paz; pero entre las comisiones, comités, juntas, secretarías e instancias que promete el acuerdo cabe preguntarse si el Estado no cuenta con organismos ya existentes que puedan cubrir las funciones de las al menos 25 entidades que se crearán por la firma de estos acuerdos; eso sin incluir todas las organizaciones departamentales y municipales que puedan surgir según lo contemplado por el documento. Con excepción del columnista de Semana José Manuel Acevedo, a ningún periodista, académico o figura pública parece inquietarle el riesgo, o el costo, de un desmedido incremento de la burocracia como consecuencia del proceso. 


También es  preocupante el poder que estas nuevas figuras tienen, en especial sobre el sistema legal y la Constitución. El documento es claro en que se harán las reformas constitucionales y legales necesarias para el cumplimiento de los lineamientos de la paz que estarán integrados en el Plan Nacional de Desarrollo. Aunque se sabe que es necesario hacer varias reformas, a nadie parece preocuparle qué cambios puedan instaurarse en un país que lleva más de 41 reformas constitucionales en menos de 25 años. 


Todos sabemos que las Farc no serán mayoría en el Congreso; no obstante, los partidos que se la jugaron por la paz sí lo son (La U, Los Liberales, La Alianza Verde, Cambio Radical, El Polo, y un sector grande de los conservadores), por ende, es muy posible que todas las reformas constitucionales poco llamativas para el público puedan ser aprobadas sin mayor debate.


Es decir, si por ejemplo, la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (Csvr) a través de un documento Conpes determina que la Regla Fiscal, hoy norma constitucional, es inconveniente para la implementación y financiación de los acuerdos, el Congreso jugándosela por la paz no tendrá muchos incentivos para conservarla. La regla fiscal, en pocas palabras, es la norma encargada de controlar el nivel de endeudamiento que puede asumir el Estado colombiano; para el ciudadano de a pie no significa mucho, pero para los economistas y expertos en finanzas públicas es una práctica estándar de buen gobierno.  Al ser una norma prácticamente desconocida dudo mucho que nuestros congresistas la defiendan a capa y espada, arriesgándose a perder votos al ser tachados de enemigos de la paz.


Sé que para algunos el anterior ejemplo puede resultar exagerado, pero es ahí donde radica mi principal preocupación; la legislación colombiana cuenta con una serie de normas y leyes de buen gobierno que por desconocimiento del público no cuentan con respaldo popular y corren el riesgo de ser cambiadas o eliminadas frívolamente bajo el cuento de “todo por la paz”, arriesgando la gobernabilidad del futuro. ¿Se la jugarán nuestros congresistas por la paz de hoy o por el buen gobierno del mañana?