Editorial

Un reportaje para la historia
14 de Septiembre de 2016


Muestran cuán lacerante es el sacrificio de justicia, así se haga con la esperanza de la desmovilización de organizaciones criminales, su dejación de armas y la reducción de la violencia.

Han sido profusos el despliegue y los comentarios al reportaje Justicia interrumpida: paramilitares en Colombia, presos privilegiados en Estados Unidos (accesible en: http://goo.gl/9qSTMS), publicado por The New York Times, que denuncia la insatisfacción de las víctimas por la impunidad para los extraditados, el 13 de mayo de 2008, con el compromiso de que responderían por delitos de narcotráfico y sus obligaciones con las víctimas. 


El documento hace razonables críticas a la falta de sanciones para violadores de derechos humanos y responsables de crímenes de lesa humanidad extraditados. Por la importancia del problema, así como por el medio que de él se ocupa, en el reportaje se extrañan voces que hubieran enriquecido el contexto y precisado sus datos: las de Fiscalía General de la Nación y el Gobierno Nacional, responsables de dejar los procesos al desgaire, y el Departamento de Justicia de EE.UU., que vigila las causas. Y es que la amplitud en testimonios no representa pluralidad de conceptos ni riqueza de elementos que permitieran entender los impactos en la sociedad por uno de los procesos de negociación con grupos ilegales en los que el Estado colombiano ha admitido modular los legítimos derechos fundamentales a la justicia y a la paz, a fin, se ha dicho, de satisfacer algo de cada uno.


El reportaje que se centra en la historia de un narco-paramilitar que delinquió en Santa Marta y que después de ocho años y medio en Estados Unidos no ha recibido sentencia, la cual podría ser, para la periodista Deborah Sontag, semejante a la de los otros paras, que, después de colaborar, terminaron pagando penas entre cinco y doce años, sin que en ellas se hubieran castigado los crímenes en Colombia, en lo que es cabo suelto pues el reportaje descuida las fallas de la Fiscalía y el Gobierno Nacional al no presentar causas contra ellos. Como telón de fondo el reportaje recoge otras historias de extraditados, así como testimonios de activistas que muestran a dos extraditados que, en vez de ser deportados a Colombia después de cumplida su pena en EE.UU., recibieron tarjeta de residencia en ese país, gozando de libertad semejante a la que hoy disfrutan desmovilizados que cumplieron las penas establecidas en la ley de Justicia y paz, y aceptadas por la CPI, a pesar de que Colombia había hecho ratificación condicionada del Estatuto de Roma. Tanto lo que dice el diario como la publicitada indignación del expresidente César Gaviria por la libertad de jefes paramilitares muestran cuán lacerante es el sacrificio de justicia, así se haga con la esperanza de la desmovilización de organizaciones criminales, su dejación de armas y la reducción de la violencia.


En ejercicio prospectivo, más frecuente en Ciencias Sociales que en Periodismo, tiene interés pensar a Colombia en 2024, si se aprueba el plebiscito del 2 de octubre y se adopta el modelo de justicia llamado Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, según la definición del Acuerdo de La Habana. Este esfuerzo parte de la esperanza de que el Tribunal especial para la paz funcione con la eficiencia que le atribuyen hasta expresidentes de la República, que por desencanto con los resultados de la Fiscalía General de la Nación y la justicia ordinaria admitieron sacrificar esos organismos a una nueva institucionalidad. El mejor mecanismo, sin embargo, no espanta la impunidad en la justicia acordada para las Farc. El punto Quinto del Acuerdo, admite que los máximos responsables podrán ser exonerados de penas de prisión, luego de decir la “verdad” que les acomode, pues no se determinan medios para cotejar testimonios, y sin tener que reparar a las víctimas. A ello se agrega que en ningún caso perderán sus derechos políticos a elegir o ser elegidos. 


Tan publicitado como el documento periodístico neoyorkino ha sido el mensaje de Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, a propósito del acuerdo con las Farc. Al divulgarlo, los panegiristas han minimizado condicionantes que recuerdan que la defensa de los derechos humanos no interroga la filiación ideológica de los criminales sino que exige castigo, aun bajo mecanismos de justicia transicional, para responsables de delitos castigados por el Estatuto de Roma, demanda que la jurista ratificó al comunicar al Gobierno que vigilará la protección a las víctimas, señalando que sus “aspiraciones deben ser atendidas plenamente, a través de medidas que aseguren que los responsables de sus sufrimientos sean genuinamente puestos a disposición de la justicia”.