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¿Es posible hablar de paz duradera si continúa la guerra contra las drogas?
Autor: Juan Felipe Vélez Tamayo
14 de Septiembre de 2016


En mi columna anterior hablé de los Acuerdos de paz y las preocupaciones que me generaban al respecto.

En mi columna anterior hablé de los Acuerdos de paz y las preocupaciones que me generaban al respecto. En esta ocasión me enfocare solo en el punto del narcotráfico, o como lo llama el acuerdo: “Solución al problema de las drogas ilícitas”.


En este punto, el Gobierno y las Farc se enfocan principalmente en atender los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, que son los pequeños cultivadores de coca y el consumidor. La postura que se asume en el acuerdo al respecto de los pequeños cultivadores de coca es que son campesinos quienes por la baja rentabilidad de los cultivos tradicionales, la existencia de grupos armados en la zona, la pobreza e inequidad se han visto obligados a sembrar coca para revender a los narcotraficantes. Por el lado del consumidor se reconoce que el consumo de drogas es un problema de salud pública y se le debe atender de forma tal que éste supere su adicción.


El programa por ese lado me deja la sensación de dar buenos pasos al dar un enfoque diferente a estos eslabones de la cadena, dando así entender que hasta cierto grado el Gobierno por fin reconoce al narcotráfico como producto de fuertes problemas socio-económicos por parte de los cultivadores y de salud por parte del consumidor, y no como actos delincuenciales como tradicionalmente se han clasificado en Colombia en su cruzada contra las drogas.


El Gobierno ofrece un plan de sustitución “voluntaria” de cultivos, siendo el adverbio “voluntario” una formalidad más que una realidad, donde se le ofrecerán en conjunción con el plan de Reforma Rural Integral (RRI) las herramientas necesarias al pequeño campesino cultivador de coca para reenfocar su producción a cultivos lícitos de tal forma que este pueda tener un sustento que le permita vivir dignamente. Para esto se contempla darle al pequeño productor acceso a subsidios, créditos, asistencia técnica, apoyo comunitario y todas las herramientas contempladas dentro del primer punto del acuerdo sobre la RRI.


Por el lado del consumidor el gobierno planea crear un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas, donde se plantea rehabilitar a consumidores frecuentes y reintegrarlos a la sociedad como ciudadanos funcionales. El programa también busca replantearse con base en la literatura académica disponible y las experiencias internacionales el problema del consumo, dándole un enfoque socio-económico y de salud pública.


Por esos dos lados el acuerdo parece avanzar de forma correcta, el problema es que en cuanto respecta al resto de la cadena de producción el acuerdo promete más de lo mismo, que en resumen es la continuación de la guerra contra las drogas.


Nada dice el acuerdo del replantear la postura del Estado frente a la ilegalidad de la comercialización de drogas, tampoco se ven propuestas de replantear ante la comunidad internacional un nuevo enfoque para combatir dicho problema.


Literalmente el resto de éste punto pareciera que redujera el narcotráfico a un simple problema de lavado de activos, y se niega a verlo como consecuencia de una fatídica guerra contra las drogas impuesta por Estados Unidos y la comunidad internacional en los años 70.


Incluso cuando la misma comunidad internacional se replantea la guerra contra las drogas, el gobierno colombiano se niega a hacerlo en el acuerdo más relevante que firmará el país en los próximos 50 años.


Dudo mucho de que si Colombia no empieza a plantear un caso de despenalización y descriminalización del consumo y comercialización de drogas ante el mundo podamos hablar de una paz duradera. De hecho, puede que incluso nos estemos arriesgando a que el vacío que deje las Farc en el mundo del hampa sea llenado por las Bacrim y el Eln, mediante el lucro que el monopolio de esta actividad permite, con el Estado como garante inconsciente de dichos monopolios.