Editorial

Las ternas de uno
23 de Agosto de 2016


Habiendo concentrado tal poder, es f醕il que el Gobierno, y sus aliados, asuman, como lo hacen hoy, que esos organismos trasmuten en ap閚dices del Ejecutivo.

Las elecciones de fiscal general, por la Corte Suprema de Justicia, y defensor del pueblo, por la Cámara de Representantes, sobre ternas presentadas por el presidente, y el proceso de formación de ternas para sustituir al doctor Alejandro Ordoñez en la Procuraduría evidencian inconsistencias y acechanzas interesadas que ensombrecen la confianza en los órganos de control. 


El presidencialismo en Colombia amenaza macrocefalia. Se demuestra en el inmenso poder del jefe de Estado para participar en la selección de funcionarios judiciales y cabezas de los órganos de control, pues tiene potestad para conformar las ternas mencionadas y las de candidatos a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Además, presenta uno de tres candidatos a procurador General y una de tres ternas para elección de magistrados de la Corte Constitucional. Esas condiciones favorecen exabruptos como la obligada renuncia, tras agresiva campaña, de Jorge Armando Rojas, defensor del pueblo juicioso en sus responsabilidades y aún no condenado por los delitos de que fue acusado. Habiendo concentrado tal poder, es fácil que el Gobierno, y sus aliados, asuman, como lo hacen hoy, que esos organismos trasmuten en apéndices del Ejecutivo. 


Después de un aparatoso proceso que incumplió la promesa de un ejercicio de meritocracia para elegir fiscal general –¿será premonitorio de los procesos que asoman con la Jurisdicción especial para la Paz y la Unidad de investigación y acusación?- y de votaciones en que la Corte Suprema de Justicia intentó mostrar independencia del Ejecutivo, la elección recayó -como se sabía- en el doctor Néstor Humberto Martínez Neira, candidato del Gobierno, asesor de compañías privadas cercanas al presidente y su familia, así como exfuncionario de la Casa de Nariño y experimentado en “tránsitos entre cargos públicos y las asesorías a grandes compañías privadas, y entre partidos y grupos políticos”. 


Sin conocer su ejercicio profesional en derechos humanos, es difícil forjarse expectativas sobre el doctor Carlos Negret Mosquera y su desempeño como defensor del Pueblo. Quedan, sí, interrogantes por su elección como un proceso en el que ni el Gobierno ni la Cámara de Representantes se esforzaron por ocultar que se había conformado una terna de un candidato, y que esta fue acogida sin mayor discusión, ni ajuste a las reglas de juego, según las denuncias de la prestigiosa Elección visible, que lidera la académica Elisabeth Ungar. Dado que tiene la responsabilidad institucional de controlar a las otras ramas del poder público en lo atinente a los derechos humanos, no tenemos grandes expectativas frente a quien fue elegido por su ejercicio como secretario general del partido político del presidente de la República y cuya elección ya fue demandada por una congresista.


Al doctor Alejandro Ordoñez le quedan cuatro meses de ejercicio de responsabilidades en las que ha demostrado valiente independencia frente a incesantes presiones del Ejecutivo, los partidos afines a él, la Mesa de conversaciones y los parcializados medios nacionales de comunicación.  A pesar del lapso, en los círculos capitalinos avanza una intensa campaña para definir un sustituto al agrado del presidente Santos, quien, según El Tiempo trabaja para “nominar a un candidato de su confianza, que tenga más o menos garantizada su elección en el Senado, donde el Gobierno tiene mayoría”. Concebir la jefatura del Ministerio Público como aliada al Gobierno, y no como el “representante del pueblo” en el poder público siempre es un riesgo para el equilibrio en el ejercicio de las funciones públicas como garantías a todos los ciudadanos. 


Dejar la investigación penal y el control al Estado en amigos del Ejecutivo es riesgoso en todo momento. Y peligroso cuando avanza una negociación en la que, entre otras incongruencias, se definen (punto 2) “garantías para el ejercicio de la oposición”, pero sólo la de izquierda; se propone (punto 3) una difusa “persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”, y se anuncia, en cabeza del comandante del Ejército, el general Mejía, que “las labores de inteligencia son una prioridad grande en las áreas donde tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad de las Farc”, acción necesaria pero insuficiente frente al reto de garantizar el orden público, como manda la Constitución.