Economía

Legal uncertainty, a burden for mining
Incertidumbre jurídica, una carga de la minería
Autor: Duván Vásquez
22 de Agosto de 2016


El próximo 2 de octubre los ciudadanos de Ibagué acudirán a una consulta popular para definir si aceptan o no la ejecución de actividades mineras en su territorio.


La poca claridad sobre dónde y cómo se debe hacer minería ha socavado el desarrollo de este sector, tanto así que sólo en los últimos seis años los altos tribunales se han pronunciado en 25 oportunidades.


Esa cifra hace parte de un análisis del sector que calcula que el 90% de los fallos ha sido adverso para la industria, como las recientes sentencias que prohibieron la actividad en el Páramo de Santurbán, que perjudicó a la empresa Eco Oro, y que declararon inexequible el Artículo 37 del Código Minero (Ley 685 de 2001), que prohibía la oposición de los entes territoriales a proyectos mineros.


Todas estas decisiones han creado una incomodidad e inquietud a los inversionistas, ya que “generan toda la incertidumbre, toda la inseguridad jurídica”, como lo expresó a EL MUNDO el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Santiago Ángel Urdinola, quien agregó que “esas volteretas en los temas normativos, han hecho que hoy en día tengamos una gran preocupación de cuál es el siguiente paso a seguir”.


Y esa es precisamente la razón por la cual los inversionistas sienten temor, no por lo ya decidido o establecido en el Código Minero sino por cómo pueden cambiar las reglas de juego.


GranColombiaGold es una de las grandes empresas mineras que explota el subsuelo de Segovia y Remedios, en el Nordeste antioqueño. Ella, como todas las compañías del sector, es respetuosa de las decisiones legales y judiciales.


Sin embargo, considera “prudente analizar las implicaciones que las decisiones tienen en la estabilidad jurídica y en las inversiones que ha efectuado la industria en Colombia”, como se lo respondió a este diario en un comunicado, en el que no escondió que “como compañía del sector minero nos inquietan las decisiones judiciales que cambian de manera súbita las reglas del juego. Esto genera un alto grado de incertidumbre jurídica” y para ellos es importante que la normatividad sea estable para lograr competitividad y afianzar la confianza de los inversionistas.


Esto es muestra de lo que afirmó Ángel Urdinola, quien sostuvo que la jurisprudencia ha afectado “gravemente” la confianza de la industria en las normas, y aunque no puede divulgar cada caso, aceptó que le han contado los empresarios que ahora piensan dos veces antes de hacer una inversión.


Y eso no ha sido sólo palabras porque, sumado a la crisis internacional y el bajo precio de las materias primas, la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector cayó un 92% en el primer trimestre del año, al pasar de US$477 millones en igual periodo de 2015 a sólo US$38 millones.


Estas cifras no sólo inquietan al sector sino a las finanzas estatales, ya que la industria minera aporta anualmente $3,5 billones entre impuestos y regalías y generan más de 1,2 millones de puestos de trabajos directos e indirectos.


Hay que diferenciar los tipos de minería


Para Anglo Gold Ashanti, más allá de las decisiones legales y judiciales –de las que es respetuosa-, es “urgente que en el país se magnifique el daño real que está causando la minería ilegal, que no tiene ningún control y es depredadora”, como lo dijo a EL MUNDO su director de Asuntos Corporativos, Juan Camilo Nariño.


Según él, es necesario que se diferencie esta actividad de la minería que realizan las empresas formales, porque estas últimas sí cumplen con “las exigencias y protocolos en el cuidado del medio ambiente y la relación con comunidades, que aportamos al desarrollo del país a través de regalías, impuestos, generación de empleo formal y desarrollo de actividades locales e industriales, que hacen parte de la cadena”.


Es por eso que Anglo Gold Ashanti ha invertido unos US$700 millones en sus diez años de actividades exploratorias en Colombia, “estamos convencidos de que es posible hacer minería bien hecha”.


Por eso, “hacemos un llamado para que la industria minera sea abordada integralmente con argumentos. No podemos seguir promoviendo un debate superficial, con base en supuestos y politizado”, aseveró Nariño al indicar que la pregunta que se hará el próximo 2 de octubre en la consulta popular de Ibagué, donde la empresa tiene su proyecto de exploración La Colosa, “no aplica al sector formal ya que existen autoridades y procesos que regulan al sector legal, asegurando una gestión que garantiza el tratamiento apropiado de los recursos naturales y las relaciones con las comunidades”.


Esa consulta popular fue convocada por el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, luego de recibir el permiso del Concejo Municipal el pasado 8 de agosto, una autorización por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 28 de julio, y que venía con impulso porque al final de mayo la Corte Constitucional declaró inexequible el Artículo 37 del Código Minero que indica: “(…) Ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería” (ver recuadro).


Prevalece el interés general


“Consultas sobre temas mineros no puede hacer Ibagué, a pesar de que el Tribunal Administrativo del Tolima lo autorizó”, aseguró el abogado experto en derecho minero y ambiental, Hernando Escobar, al explicar que el Artículo 105 de la Constitución dice que esas consultas solamente son para temas locales: como residencial, industrial sobre la ubicación de un matadero, etc., pero no para decidir por asuntos de interés nacional.


Por ejemplo, explicó Escobar, tanto la política minera como petrolera no puede quedar en poder de los municipios, porque la Nación no se puede privar de esos ingresos. Y si estos no permiten el desarrollo del interés nacional “es anteponer el interés particular de una comunidad local o de un municipio sobre el de todo el país, cuando la Constitución dice lo contrario: que prevalece el interés general”.


Sin embargo, continuó el experto, no significa que los entes territoriales no puedan participar, por lo que ahí está el error del Código Minero con su Artículo 37 que establece prohibiciones.


“Está bien que el municipio no puede fijar la política petrolera o minera, pero tampoco tiene que ser excluido y ahí está el error del Código”, ya que la explotación del territorio nacional debe ser concertada entre el municipio, el departamento y la Nación como lo dicta la Constitución.


Para lograrlo, se debe hacer una planificación desde el Plan Nacional de Desarrollo que determine cómo debe ser el manejo de los recursos naturales e identificar qué tiene prioridades en el territorio.


Según Escobar, esto dejaría claras las reglas de juego ambientales y mineras en la Nación, lo que permitiría un desarrollo de la industria de manera sostenible y responsable, y de paso evitaría una serie de reclamaciones internacionales por entregar autorizaciones y luego retractarse.



Decisión sobre Artículo 37 sería mal interpretada

La decisión de la Corte Constitucional de tumbar ese artículo del Código Minero es una buena señal, según Hernando Escobar, de que Colombia tiene que planificar para que todos los entes territoriales participen en la política minera.


Sin embargo, eliminar esa prohibición no implica que automáticamente los entes municipales y departamentales estén autorizados a oponerse a los proyectos mineros.


Así lo sostiene el experto en derecho minero y ambiental, porque “en el Derecho Público, hay una cosa que es contraria al Derecho Privado. En el Derecho Público si se quita esa prohibición, no implica que estén autorizados, porque los funcionarios sólo pueden hacer lo que está expresamente permitido”. Es decir, si no se aprueba un artículo en el Código Minero que diga que los alcaldes y gobernadores pueden oponerse, no es legal. A diferencia del Derecho Privado que permite todo lo que no esté prohibido.


“Realmente tumbando ese artículo nada pasó”, afirmó el abogado y agregó que “lo importante es que ese conflicto haya escalado para poderlo resolver”.