Columnistas

Proyecto: convertir a Medellín en caja menor del gobernador
Autor: Guillermo Maya Muñoz
22 de Agosto de 2016


El Doctor Raúl Tamayo Gaviria, columnista y dirigente político conservador, perdiendo el equilibrio intelectual al descalificar sin discutir con argumentos de economía política de las decisiones públicas, me ha honrado con su columna.

El Doctor Raúl Tamayo Gaviria, columnista y dirigente político conservador, perdiendo el equilibrio intelectual al descalificar sin discutir con argumentos de economía política de las decisiones públicas, me ha honrado con su columna “Tacaños Desinformados” (elcolombiano.com, agosto 20-2016), en respuesta a mi columna “Los medellinenses tenemos que pagar las obras del Gobernador” (EL MUNDO, agosto 15-2016).


Al notable columnista, generoso en adjetivos (Buscar en Google: “gobernador embluyinado”), no le gusta que yo haya criticado el hecho de que los medellinenses, que pagamos impuestos como colombianos al Gobierno Nacional, como antioqueños al gobierno de Antioquia y como medellinenses al municipio de Medellín, también tengamos que poner 520.000 millones de pesos para el Túnel del Toyo a fondo perdido, mientras quienes más se benefician, capturando las plusvalías territoriales por éste mejoramiento vial, no pagan nada, como son los grandes propietarios de la tierra rural y urbana de la zona de Urabá, en general oriundos de Medellín.


Igual planteamiento hice para el derrame de valorización del Túnel de Oriente, cerca de 100.000 millones de pesos, que va a ser financiado con un impuesto adicional a los pasajeros que salen del aeropuerto de Rionegro, y no por la elite económica y política antioqueña que tiene sus proyectos inmobiliarios, sus fincas y casas de recreo en Llano Grande y zonas aledaña, una de las más costosas del país.


No es la primera vez que escribo sobre el Túnel del Toyo, que hace parte del Proyecto de las Autopistas de la Prosperidad. En la columna ¿Por qué pagar las Autopistas? (EL MUNDO, noviembre 5 de 2009), escribí lo siguiente:


“Antioquia tiene un déficit muy grande en infraestructura vial. El gobierno nacional para subsanar este déficit vial ha lanzado el proyecto Autopistas de la Montaña (Documento Conpes  3612), (…) Se trata de mejorar la competitividad nacional y la inserción internacional”.


Además, “es claro que Antioquia y Medellín se benefician de la obra. Sin embargo, (...) no sólo los antioqueños nos vamos a beneficiar con esta obra, sino también la mayoría de los colombianos (…). El ingeniero Gonzalo Duque Escobar ha afirmado que “la reducción de costos de transporte yendo a Urabá y no a Cartagena se proyectaría así: para Antioquia, 40%; Eje Cafetero, 30%; Valle del Cauca, 20%. Estos departamentos, juntos, mueven el 30% de la carga total que se genera en el país” (Revista eje 21). (…) Por esta razón, ésta obra debería ser estrictamente de financiación nacional”. 


En este sentido, dada la firma de financiación del proyecto, “no hay razones para que del presupuesto de Medellín se saquen, a partir de 2011, 40.000 millones de pesos anuales que pertenecen a los medellinenses, y del presupuesto del departamento de Antioquia se saquen los 600.000 millones (buena parte tributados por los medellinenses), cuando las necesidades sociales de Antioquia y Medellín son gigantescas (…). ¿Por qué Medellín pone y Bogotá por ejemplo no pone en las obras que le dan salida a sus producciones, al igual que Cali o el departamento de Caldas?”.


Sin embargo, “las plusvalías del suelo que van a ser generadas por el proyecto vial, que pasa por zonas agrícolas, en general pobladas por latifundios, van a ser inmensas. (…). Así como en Medellín se han hecho vías y obras públicas, sobre las cuales los medellinenses tenemos que pagar el impuesto de valorización, no tiene sentido que Medellín, que ha defendido siempre la justicia contributiva del impuesto de valorización por quienes se benefician de las obras, ponga 200 millones de dólares en una obra, en donde las plusvalías se las van a apropiar unos señores que no contribuyen a su generación, y que además pagan a sus municipios, que permanecen en la pobreza, un impuesto predial minúsculo por sus grandes extensiones de tierra”. 


“Esta es la manera como a mucha gente le gusta enriquecerse, con los regalos del estado. La diferencia, entre los subsidios no reembolsables del programa Agro Ingreso Seguro con la captura de las plusvalías del suelo por desarrollos viales, por parte de los terratenientes, no es ninguna”. 


“Nadie puede ser enemigo del progreso por principios, pero aquellos que se benefician que paguen. Eso es justicia social. El resto es demagogia regionalista”.


Antioquia está en crisis fiscal y por lo tanto no se justifica la pereza fiscal, que no podrá ser remediada haciendo exaltaciones al amor regional. ¿Qué hubiera sido de las finanzas antioqueñas si la FLA se hubiera privatizado en 2006? Me opuse a tal proyecto, como muchas otras personas, desde las páginas de EL MUNDO con varias columnas y con una intervención en la Asamblea de Antioquia, así como me he opuesto a las privatizaciones de EPM desde 1994.


Un asunto de justicia contributiva, como es el hecho de cobrar por los beneficios que originan los proyectos de infraestructura, no se puede reducir a un asunto de la “familia antioqueña”, sobre todo con las enormes desigualdades de ingresos y de riqueza existentes en Antioquia, peores que en el resto del país.


El recurso al imaginario colectivo sobre el mito fundacional antioqueño ha sido la manera como la clase dirigente oculta las relaciones de poder, y deja sus obligaciones fiscales bajo la responsabilidad de los menos afortunados, mientras canalizan los presupuestos y contratos públicos para el beneficio personal y el pago de las lealtades políticas.


El proyecto político de la clase política tradicional y del gobernador es convertir al municipio de Medellín en su caja menor. La renuncia de la eficiente y honesta gerente del Metro Claudia Restrepo es uno de sus logros.