Nacional

State agents will have a special criminal treatment
Agentes del Estado tendrán tratamiento penal especial
Autor: León David Marín Alvarez
20 de Agosto de 2016


El proyecto permitirá la resolución definitiva de la situación jurídica de los agentes del Estado que hayan cometido conductas punibles en el marco del conflicto armado.



El proyecto no cobijará a quienes hayan incurrido en delitos graves, como genocidio, lesa humanidad y crímenes graves de guerra.

Ya se encuentra listo el proyecto de ley sobre Tratamiento Penal Especial Diferenciado para Agentes del Estado.


El proyecto, que será presentado al Congreso y se tramitará por el procedimiento Legislativo Especial para la paz, permitirá aplicar la renuncia a la persecución penal para los agentes colombianos condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.


Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa de Colombia, señaló ayer, al presentar el instrumento legal, en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, que esta normativa se podría aplicar a cerca de 5.500 integrantes de la Fuerza Pública.


De ese total mencionado anteriormente, 2.000 uniformados se encuentran privados de la libertad, de los cuales 900 cumplen condena y 1.100 tienen medida de aseguramiento.


De esos 2.000 miembros de la Fuerza Pública privados de la libertad, 1.020 podrían recibir la aplicación de la libertad transitoria, condicionada y anticipada; a 980 de ellos se les aplicaría la privación de la libertad en unidades militares.


El Tratamiento Penal Especial Diferenciado no cobijará a quienes hayan incurrido en delitos graves, como genocidio, lesa humanidad y crímenes graves de guerra. Estos delitos graves serán de competencia y conocimiento del Tribunal para la Paz.


Tampoco se incluyen los delitos que no fueron cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.


El ministro Villegas aclaró que “todo lo que se defina para los agentes del Estado termina con sus causales judiciales definitivamente y no se pueden estar reabriendo”.


El proyecto de ley establece unos principios que deberán regir la aplicación de estos tratamientos especiales, que son: principios de integralidad, prevalencia, favorabilidad, debido proceso y garantías procesales; y seguridad jurídica.