Editorial

Decisiones que socavan la minería
15 de Agosto de 2016


La Corte no sólo declaró inexequible la norma en cuestión sino que creó un vacío jurídico que ha llevado a municipios como Ibagué a decidir de facto sobre el subsuelo.

Facultado por el Concejo Municipal, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha convocado a los ciudadanos de la capital del Tolima para que el 2 de octubre decidan, mediante consulta popular, si aprueban o rechazan la realización de proyectos mineros a cielo abierto en su jurisdicción. Aunque en el departamento del Quindío y en el municipio de Concordia (Antioquia) han empezado a surgir movimientos inclinados a rechazar las prácticas extractivas para convocar consultas similares, la presencia en territorio tolimense de La Colosa, el mayor proyecto de minería a gran escala que se desarrolla en el país, hace de esta convocatoria el emblema de las secuelas que ha desencadenado la Sentencia C-273 de 2016, mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequible el Artículo 37 del Código de Minas, que prohibía a las autoridades regionales, seccionales o locales la exclusión permanente o transitoria de zonas para la actividad minera.


Pese a haber superado tres demandas y haber sido declarado como constitucional en igual número de sentencias de la Corte, en esta ocasión, con una precaria ventaja de cinco votos contra cuatro, los magistrados se inclinaron por declarar la inconstitucionalidad del citado artículo del Código de Minas, argumentando que violaba la reserva de la ley orgánica; es decir, que tal norma no era procedente para determinar las competencias de las entidades territoriales (municipios, distritos y departamentos), sino que lo pertinente era una ley orgánica, que requiere, a diferencia de las leyes ordinarias, un trámite más riguroso y una mayoría absoluta para ser aprobada.


Una lectura juiciosa de la sentencia (en la que 22 de sus 56 páginas son para los salvamentos de voto) permite apreciar que las primeras 34 consideraciones del fallo  parecen respaldar las tesis que habían regido las decisiones previas, al reiterar que el subsuelo, por prescripción constitucional, le pertenece al Estado y, por lo tanto, tiene la potestad de decidir sobre la disposición, exploración o explotación de los recursos naturales no renovables allí contenidos. Y, por otro lado, que son las entidades territoriales locales, regionales y seccionales las que tienen entre sus competencias la determinación de sus planes de ordenamiento territorial y, por ende, el uso del suelo. Ante la aparente fragmentación de estas dos realidades, pues no se puede intervenir el subsuelo sin alterar el suelo, la misma Corte había establecido en Sentencia C-123/2014 que durante el proceso orientado a otorgar la autorización “para realizar actividades de exploración y explotación minera”, las autoridades del ámbito nacional debían acordar con las autoridades territoriales las medidas requeridas para proteger “el ambiente sano, las cuencas hídricas así como el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población”, atendiendo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Sorprende entonces cómo, en tan sólo cuatro consideraciones finales, la Corte hizo un giro sobre sus propias apreciaciones, afirmando que la norma demandada “afecta de manera directa y definitiva la competencia de las entidades territoriales para llevar a cabo el ordenamiento de sus respectivos territorios”, por lo que “está sujeta a reserva de ley orgánica”.


De esta manera la Corte no sólo declaró inexequible la norma en cuestión sino que creó un vacío jurídico, pues no existe ley orgánica que señale estas competencias de manera explícita, lo cual ha llevado a municipios como Ibagué a decidir de facto sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables, lo que a nuestro juicio también configura un estado de cosas inconstitucional al impedir el regente del uso del suelo la explotación del subsuelo por parte de su legítimo dueño. Y como si fuera poco, la decisión desconoce abiertamente, como lo citó uno de los salvamentos de voto, que es la propia Constitución la que contempla las situaciones que deben desarrollarse por medio de una ley orgánica. Y las zonas aptas o excluidas para la minería no es una de ellas. Respecto a las competencias de las autoridades territoriales, que sí se rigen por ese tipo de leyes, es absurdo pensar que todos los conflictos de competencias tengan que estar estipulados en una norma de este tenor. De hecho, existe un principio según el cual una duda sobre el tipo de ley requerida se resuelve a favor de la ley ordinaria, que es la que predomina en la actividad legislativa. 


Pero más allá del desacuerdo frente a la decisión y de que, una vez más, queda clara la intención del alto tribunal de recortar los poderes al Congreso, la norma debe acatarse y la manera de hacerlo es mediante un proyecto de ley orgánica que el Gobierno Nacional debe radicar con urgencia y en cuyo desarrollo deberían concurrir los ministerios de Minas, Ambiente, Hacienda y Transporte. Está claro que no de otra manera se puede llenar el vacío abierto en materia de competencias entre el Estado y las entidades territoriales para el uso del suelo y el subsuelo.