Columnistas

Carta republicana
7 de Agosto de 2016


Nos dirigimos a ustedes, así como por su intermedio a otros numerosos colombianos que ejercen similar liderazgo en las más variadas organizaciones sociales, cívicas, gremiales, políticas, sindicales, de militares en retiro, de indígenas...

Nos dirigimos a ustedes, así como por su intermedio a otros numerosos colombianos que ejercen similar liderazgo en las más variadas organizaciones sociales, cívicas, gremiales, políticas, sindicales, de militares en retiro, de indígenas, de campesinos, de comunidades afrodescendientes, y en actividades culturales, científicas, deportivas, profesionales, empresariales, religiosas, educativas, de salud, en fin, en toda la gama de labores en que se desempeñan nuestros compatriotas, para hacerles un llamado fervoroso.


Los colombianos vivimos una coyuntura histórica en la que se desmorona el Estado de Derecho y se desploman las instituciones de la democracia. Una torcida conjunción del Ejecutivo con una organización guerrillera que hasta hace pocos años se encontraba derrotada militar y políticamente, y ahora ha sido revitalizada, se ha convertido en la mayor amenaza para el futuro de la República. 


En nombre de la paz han decidido crear un aparato judicial especial por fuera de la estructura de la rama jurisdiccional, con el fin declarado de que los crímenes atroces cometidos por los terroristas no sean castigados penalmente con privación de su libertad, permitiéndoles gozar de una amnistía especial e impunidad completa para ejercer plenos derechos políticos; y con la potestad de juzgar al resto de los colombianos con las reglas que tenga a bien establecer. Los acuerdos firmados no cumplen con los principios básicos del derecho transicional -verdad, justicia, reparación y no repetición-, y por tanto no satisfacen a las víctimas. Los victimarios, por el contrario, son elevados a la categoría de víctimas del sistema.


El actual presidente de la República pactó el cese bilateral del fuego, paralizando la acción de la Fuerza Pública, mientras las Farc siguen obteniendo ingresos fabulosos por el comercio ilegal de drogas y la explotación de la minería, así como la extorsión “voluntaria” en las regiones donde tienen presencia. El Congreso, entregado a la más evidente concupiscencia de un clientelismo alimentado por el Ejecutivo, delegó su capacidad legislativa en el Presidente, quien usará esa facultad para ahondar más la relación de subalternidad del gobierno con las Farc, lo más parecido a un vergonzoso y punible ayuntamiento político, y decidió arteramente elevar lo acordado a puerta cerrada en La Habana a norma constitucional.


Por las razones anteriores y otras que son de público conocimiento, esta comunicación tiene como objetivo proponerles la creación de un frente común, expresión de la pluralidad de la sociedad colombiana, donde quepan todos los demócratas de las más variadas corrientes y ciudadanos independientes, que trabaje mancomunadamente para forjar un Movimiento de Unidad Republicana que enfrente, desde la legalidad y de la acción civilista y ciudadana, la descomposición del régimen actual.


Son ustedes los llamados a liderarlo, con la seguridad de que contarán con el respaldo de un mayoritario contingente de colombianos que desean fervientemente la paz, pero disienten de las fórmulas hasta ahora acordadas en La Habana. El plebiscito que se anuncia para refrendar en bloque tales acuerdos, sin permitir el pronunciamiento detallado sobre su amplio contenido ni respetar las mínimas reglas democráticas, es el primer reto que habrá necesidad de enfrentar, a fin de derrotar la trampa que se nos tiende y buscar una paz justa, sin impunidad ni peligrosas concesiones que pongan en riesgo la institucionalidad.


Con tal fin nos atrevemos a sugerirles la convocatoria de una primera reunión nacional, en la capital de la república, para debatir estas ideas y dar inicio a la acción ciudadana propuesta, para ratificar nuestra indeclinable decisión de defender a toda costa las libertades que nos legaron los héroes de nuestra independencia.


Atentamente,


Juan Gómez Martínez, Mariano Ospina Hernández, Jesús Vallejo Mejía, Ignacio Valencia López, coronel (r.) Alfonso Plazas Vega, Fernando Londoño Hoyos, Jaime Jaramillo Panesso, Rafael Nieto Navia, Rafael Nieto Loaiza, siguen otras  cien firmas.