Columnistas

La doctrina constitucional es el norte en reciclaje
Autor: Carlos Alberto Atehortua R韔s
5 de Agosto de 2016


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Esta semana se hicieron públicos los avances del Municipio de Medellín en la vía de la formalización de la población de recicladores de la ciudad,  que se estima se integra por unas 3.600 personas, que avanzan en la dignificación de su trabajo y de sus condiciones de existencia; estas medidas merecen el respaldo de toda la ciudadanía y hacen parte de una política general que ha sido impuesta  por la Corte Constitucional, en sentencias en las cuales se ha ordenado a las autoridades de todo el país  la adopción de medidas que contengan acciones afirmativas a favor  de una población tan vulnerable como son los recicladores.


El norte de las medidas que se han venido adoptando,  lo constituyen sentencias que están orientadas sustancialmente a la protección de los derechos de los recicladores y al derecho colectivo a tener un medio ambiente sano, por eso es necesario que se mantenga el equilibrio entre (i) la protección de los recicladores  como población vulnerable, (ii) la protección del medio ambiente; (iii) la consolidación del aprovechamiento, como actividad económica, y (iv) los derechos de los usuarios de servicios públicos, que en últimas tendrán nuevas responsabilidades, como las de clasificar el material en la fuente y el pago por la recolección y el transporte del material reciclable.


Se trata de un asunto particularmente complejo, pues en delante deben aplicarse en forma integral normas como los Planes de Gestión Integral de residuos sólidos -Pgirs-, que son obligatorios en todos los municipios, la regulación tarifaria que expidió la CRA, que incluye la remuneración de los recicladores a través de las tarifas que pagan los usuarios finales y el reglamento de prestación de la actividad de aprovechamiento recientemente publicado por el Gobierno Nacional, todo ello sin desconocer los preceptos constitucionales que han venido siendo definidos en sus efectos y alcances por la Corte Constitucional.


La transformación sustancial del servicio público domiciliario de aseo, iniciada por decisiones de la Corte constitucional, como son las contenidas en las sentencias T-724-03, T-291-09, T-387-12, C-793-09, C-741-03 y los autos 275-11 y 118-14 que hacen referencia a la protección de los recicladores como población vulnerable, la protección del medio ambiente y la prestación de servicios públicos por comunidades organizadas, debe seguir adelante.


Ya el Gobierno Nacional ha expedido un marco normativo de referencia para la prestación del servicio de aseo, y de su actividad complementaria de aprovechamiento que está contenido en los Decreto 2981 de 2013 (compilado en el 1077 de 2015), el 596 de 2016 y la Resolución CRA 720 de 2015, los que necesariamente deben ser leídos, interpretados y aplicados a la luz de la doctrina constitucional.


Los avances de las autoridades nacionales marcan el camino que deben continuar las autoridades locales, pues será tarea de los municipios concretar el funcionamiento del nuevo escenario y adoptar las medidas que sean del caso para lograr una adecuada integración normativa entre mandatos de orden legal y reglamentario, con las prescripciones que la Corte Constitucional ha realizado sobre la materia. 


Sin duda la concreción de todas las acciones afirmativas y discriminación positiva, finalmente han recaído sobre los municipios y sobre los usuarios del servicio de aseo, pues es al municipio a quien le ha correspondido (i) adelantar acciones de identificación y reconocimiento a través de los censos de recicladores; (ii) adoptar medidas de bienestar con la ejecución de planes de inclusión de la población recicladora; (iii) adoptar los Pgirs y definir los esquemas de prestación de servicios; y (iv) ahora poner en funcionamiento todo el esquema que va desde garantizar la clasificación del material reutilizable, hasta el funcionamiento de estaciones de centros de acopio. 


Es a los usuarios a los que les corresponde (i) clasificar el material recuperable; (ii) pagar un nuevo servicio, que es la recolección y transporte del material aprovechable y (iii) sobre todo velar por que el nuevo esquema realmente sea en beneficio de todos.


*Docente y asesor