Editorial

Calificaciones que deben ser atendidas
3 de Agosto de 2016


Cada grado que se baje en estas calificaciones cuesta mucho recuperarlo.

En informes sectoriales de Standard and Poor’s y Moody’s, y en el de Riesgo país de Fitch, las tres más renombradas  calificadoras internacionales han identificado retrocesos en los principales indicadores macroeconómicos de Colombia, razón por la cual han rebajado sus calificaciones a los sectores financiero y eléctrico, y Fitch lo ha hecho con la general, bajándola de Estable (BBB) a Negativa (BBB-), posición que ocupa Uruguay y en la que Bolivia está apenas un punto por debajo. Estas mediciones reflejan el grado de confianza en el país de los mercados financieros mundiales y, en consecuencia, tienen impactos sobre el costo de la deuda, la atracción a inversionistas y la estabilidad económica interna.


Factor decisivo en esos conceptos ha sido la dependencia que el tesoro nacional todavía tiene de los ingresos por petróleo. Estos, señalan los análisis, se han deteriorado principalmente, por la imprevista caída de precios del crudo en los mercados mundiales. A diferencia de lo propagado por el Gobierno Nacional, el análisis de riesgo país de Fitch Raitings (se lee en https://goo.gl/0BBSPO) también alerta por la menor producción de crudo, que en abril cerró en 915.000 barriles diarios, cuando en igual mes de 2015 había alcanzado 1’029.000 barriles por día. Los inestables mercados mundiales, las amenazas guerrilleras en la zona de exploración y las decisiones de la Corte Constitucional que quitan seguridad jurídica a inversionistas en petróleo y minería confluyen como riesgos que desestimulan el sector y hacen temer que, como ha señalado la Asociación Colombia de Petróleo “si no se realizan las inversiones que el sector necesita, en seis años Colombia perdería autosuficiencia petrolera”, condición ganada y sostenida desde 1986. 


La caída del precio, ni siquiera compensada con el debilitamiento del peso frente al dólar, y de la producción del petróleo provocaron que el gasto público volviera a ser objeto de preocupación de la Contraloría General de la Nación, que emitió su primera alerta sobre el proyecto de presupuesto que el Gobierno presentó al Congreso para el 2017, y en el que sin Reforma Tributaria ni actividades que estén compensando la pérdida de ingresos, se recorta por tercer año consecutivo en inversión (10,3% menos que este año), mientras el mayor incremento se encuentra en los gastos corrientes (6,8 %). Y lo anterior sin tener en cuenta otras críticas, como la del senador Iván Duque, quien denunció el abuso con los gastos de funcionamiento disfrazados de inversión. Drástica en su adopción y potencialmente dramática en sus efectos, la determinación reacciona a los jalones de orejas del FMI y las agencias calificadoras; un segundo trago amargo para la ciudadanía llegará con la Reforma Tributaria, que necesariamente tendrá que ampliar la base gravable y se prevé será convenientemente presentada al Congreso después del plebiscito sobre los acuerdos de La Habana. 


Acorde con su criterio monetarista, las calificadoras han mantenido la ortodoxa exigencia de contener la inflación, que ha encontrado impulso en el debilitamiento del peso y, principalmente, en las disposiciones gubernamentales en materia del precio de la energía eléctrica, ocasionado en parte por el fenómeno de El Niño y en parte por la inexcusable incapacidad de respuesta de generación por las termoeléctricas, y en el valor de la gasolina, que crece mes tras mes así el petróleo siga bajando su precio internacional y el país goce de la producción de Reficar. Tercos en mantener su mirada sobre la variable inflación, la mayoría -hoy precaria según infidencia del presidente Santos- de los codirectores del Banco de la República impusieron una nueva alza de 0,25% al costo de los créditos. La imposición afecta la capacidad de inversión interna y, consecuentemente, la creación o sostenimiento de puestos de trabajo. Por alguna ironía de la información, el aumento en la tasa de interés fue anunciado el mismo viernes en que el Dane notificó al país sobre el aumento del desempleo, que en junio se ubicó en 8,9%, frente a 8,2% de junio de 2015.


Fruto del intenso lobby externo que presenta las negociaciones de La Habana como vehículo a la paz del país y la seguridad para la inversión, las agencias calificadoras poco mencionan la incertidumbre que este aspecto genera y hasta, como Fitch, alientan la confianza indicando que “la implementación de un acuerdo de paz podría proporcionar una inyección de confianza en el corto plazo y beneficios a mediano y largo plazo (es decir, con la inversión en energía y agricultura) que podría aumentar las perspectivas de crecimiento”. Sin embargo, sus propias perspectivas sobre el análisis de los resultados en inversión privada, recaudación y perspectivas de crecimiento no coinciden con tan optimista apreciación. Y cada grado que se baje en estas calificaciones cuesta mucho recuperarlo.