Editorial

La espera de los hambrientos
30 de Julio de 2016


Será presentado el nuevo proyecto que le dará al Congreso oportunidad para enmendar el error y pagar la deuda con los más vulnerables del país, haciendo un profundo y sincero gesto por la paz.

El doctor Alejandro Gaviria sorprendió con su reacción al informe de la Universidad de Antioquia y los gobernadores indígenas sobre las 51 muertes de menores de edad por desnutrición o causas asociadas a ella, ocurridas en Bojayá, Chocó en lo corrido del año. Dado que el ministro ha demostrado conciencia sobre la inseguridad alimentaria, su discusión a las estadísticas entregadas en evento público y su molestia con la publicación del informe en medios, lo puso cerca de quienes han obstaculizado las soluciones a la verdadera mayor amenaza a la paz y el desarrollo.


La estadística pone en tela de juicio la voluntad de verdad de las autoridades locales para informar sobre los impactos del hambre y hace dudar de la capacidad del Instituto Nacional de Salud para acopiar información dejada de entregar y, mucho más, controlar la que le es suministrada. La disparidad en las formas como se hacen diagnósticos y registran las causas de muertes de menores, sumada a la decisión de la Fiscalía de exhumar los cuerpos de quince niños wayuu para confirmar el diagnóstico de desnutrición como causa asociada a su muerte, prueban distorsiones institucionales que dificultan el conocimiento de la real magnitud de la tragedia contra la vida y el desarrollo integral de amplios grupos humanos del país.


Las circunstancias por las que se han generado alertas en Bojayá y La Guajira, que son las mismas de Vaupés o Lloró -también en Chocó- confirman que las comunidades indígenas y los pueblos afro son los grupos víctimas del hambre y la incapacidad de combatirlo. Aunque se aleguen errores de las comunidades, el mal se explica en el abandono histórico del Estado colombiano, constatable en la falta de infraestructuras de movilidad, servicios públicos básicos, educación y salud, las más evidentes, y en vacíos en la interlocución, entre los que la falta de intérpretes lingüísticos y culturales es el más vergonzoso, pero no el único. Tal desinterés encuentra la radicalización ideológica, revestida de valores culturales, como reacción a esporádicos acercamientos paternalistas. 


Que Colombia no haya consolidado políticas sociales coherentes con su carácter de nación pluriétnica y multicultural, principalmente las de protección a la infancia y seguridad alimentaria, se explica en fallas graves de la democracia. En virtud del clientelismo y el desorden partidista, el país ha aplazado la adopción de una política de seguridad alimentaria, que tendría integralidad en su enfoque, privilegiando, en consecuencia, el modelo asistencialista que permite a políticos y contratistas, como denunció la Contraloría General de la Nación, consolidar su poder y aumentar su riqueza, gracias al reparto de los recursos de atención nutricional. Este cáncer, que alimenta el de la corrupción, hace metástasis en el personalismo en las acciones públicas, que aqueja a la directora del Icbf, presurosa para impulsar la ley que hizo del limitado programa De cero a siempre una política pública, pero olvidadiza para cumplir el compromiso de consolidar el sistema de protección a la infancia, que asumió el 5 de diciembre de 2014 dándose plazo de un año para cumplir, y reticente para atender sus deberes con la integralidad de las políticas alimentarias.


La mayor responsabilidad en los errores de enfoque, y en las corrupciones y malentendidos que ocasionan, recae en el Ejecutivo. Pero a ella tampoco es ajeno el Congreso, y particularmente la Cámara de Representantes, donde fue hundido el proyecto de ley que creaba el Sistema de seguridad alimentaria y nutricional como mecanismo de coordinación y gestión de la política integral nacional para empoderar a la ciudadanía en la autogestión alimentaria. El proyecto fracasó a pesar de haber surtido un cuidadoso proceso que inició el 5 de agosto de 2014, cuando lo presentó la bancada Liberal en el Senado, avanzó con aval de las comisiones séptima en Senado y Cámara, de la plenaria del Senado, y del Ministerio de Salud, que lo condicionó a apoyo del Ministerio de Hacienda, que junto al DPS se encargaron de frenarlo en actuaciones con inocultable interés político. Pero como las necesidades siguen clamando por una solución definitiva, con la firma de 73 congresistas liberales, conservadores, de la U, del Centro Democrático, verdes y de Opción Ciudadana, y aval de la FAO y los miembros del Frente parlamentario contra el hambre, fue presentado el jueves el nuevo proyecto que le dará al Congreso oportunidad para enmendar el error y pagar la deuda con los más vulnerables del país, haciendo un profundo y sincero gesto por la paz.