Editorial

Encontrar y despedir a los muertos
26 de Julio de 2016


Ofrecer, mantener y recuperar la dignidad humana, que incluye el respeto a los despojos mortales, no puede ser tarea evaluable en términos de dinero y tiempo invertidos.

Medellín cumple el primer aniversario de intervención interinstitucional de La Escombrera de la Comuna 13 para buscar los restos de víctimas de los conflictos de la ciudad. Ahora, sin reconocer este nuevo paso como avance en el mismo camino, el equipo conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía -que comprometió varias instancias-, Medicina Legal y la Unidad Nacional de Víctimas inició el reconocimiento de cuerpos sin identificar y fosas comunes irregulares en el Cementerio Universal. Como parte del Plan integral de búsqueda, la actividad busca devolver su identidad a las víctimas sepultadas en esa necrópolis.


Este nuevo frente abierto por el grupo interinstitucional que busca responder a las preguntas de las víctimas por el destino de sus desaparecidos no debe afectar la confianza de las organizaciones que hasta diciembre acompañaron la difícil excavación de cien hectáreas de tierra, y escombros, donde narcotraficantes, guerrilla y paramilitares dejaron los cuerpos de sus víctimas, en horribles actos que culminaban una horrorosa cadena de agresiones. Dejar de enterrar a los muertos e impedirlo a sus deudos muestra la inhumanidad de organizaciones tan degradadas que olvidaron el valor de la vida y perdieron respeto por la muerte. Del mismo modo, no escandalizarse y pensar que es posible dejar de dar a las víctimas la dignidad de un entierro digno y a las familias, la paz de conocer su destino final, denuncia cuán anestesiada se halla nuestra sociedad.


Colombia le debe a la insuficiente Ley de Justicia y Paz haber exigido a los criminales decir la verdad sobre sus fechorías y entregar registros de los lugares de ubicación de los cuerpos de sus víctimas asesinadas. En el marco de esa norma, y hasta el pasado 30 de junio, la Fiscalía ha excavado 5.196 lugares de entierro de víctimas (fosas comunes) en los que ha rescatado 6.630 cuerpos, de los cuales menos de la mitad (3.141) han sido entregados a sus familias. Las organizaciones de Derechos Humanos de Medellín calculan en unas tres mil las personas desaparecidas, y posiblemente enterradas en La Escombrera o en fosas comunes de los cementerios, mientras que el CTI reconoce que tiene los cuerpos de 441 personas, no todas víctimas del conflicto, aún sin identificar. Los pobres resultados nacionales tras diez años de esfuerzos (2005-2015) y las denuncias de lo que ocurre en nuestras urbes retan a las instituciones a perseverar en esfuerzos de gran importancia y alto costo económico, que se justifican en tanto se participe del principio de que ofrecer, mantener y recuperar la dignidad humana, que incluye el respeto a los despojos mortales, no puede ser tarea evaluable en términos de dinero y tiempo invertidos.


Estos esfuerzos de las instituciones públicas, acompañadas por las familias de las víctimas, apuntan al cumplimiento mínimo del deber de reconocer a las víctimas, esclarecer los motivos de su muerte y aportar luces a investigaciones que deben dar con responsables y garantizar justicia, ante la incapacidad evidente de nuestro Estado y nuestra sociedad para respetar y hacer respetar sus vidas. La intervención en el Cementerio Universal, donde están sepultados ciudadanos que las autoridades no identificaron oportunamente, es el momento para que el Estado asuma de manera más eficiente y responsable el esclarecimiento de las identidades de víctimas del conflicto, de desastres naturales o de su condición de habitantes de calle. También es el momento para tender la mano a las familias y darles el consuelo de saber de sus muertos. El proceso que ayer comenzó es también un nuevo esfuerzo, ojalá ahora sí el último, por recuperar para la ciudad la majestuosidad del Cementerio Universal, diseñado en 1933 y entregado, sin concluir, en 1936, como la necrópolis de la inclusión en la dignidad de la muerte, por encima de cualquier creencia religiosa o posición social. 


Las víctimas que temen que los suyos estén enterrados en La Escombrera mantienen confianza en que la Fiscalía y la Alcaldía tomarán pronto la decisión sobre qué otra zona explorar, actividad que tiene recursos en el presupuesto vigente para la ciudad. Sin duda, ellas saludan que las instituciones hagan nuevos esfuerzos en este cementerio y en otros sitios de la ciudad.