Columnistas

Las tales urgencias
Autor: Rodrigo Pareja
26 de Julio de 2016


Ningún ser humano ha estado libre de padecer una de esas urgencias tan frecuentes, ocasionadas a veces por el exceso en la ingestión de sabrosas comidas, o al contrario, por el consumo de alimentos de mala calidad.

Ningún ser humano ha estado libre de padecer una de esas urgencias tan frecuentes, ocasionadas a veces por el exceso en la ingestión de sabrosas comidas, o al contrario, por el consumo de alimentos de mala calidad.


Urgencias que en todo caso son manifiestas y señal de un transitorio trastorno de salud, pero que no requieren – como lo ordena la norma -- licitación pública ni disponibilidad presupuestal, entre otras cosas, pues pueden subsanarse con una buena carrera y la consiguiente y oportuna sentada.


No pasa lo mismo con ciertos gobernantes preñados de honestidad y cuyo parto puede tardar hasta cuatro años, pues en este caso esas urgencias manifiestas enriquecen de pronto a más de uno y no sirven realmente a las comunidades.


En el pasado gobierno de Sergio Fajardo, donde según el lema “no se perdía un solo peso”, un contrato adjudicado bajo la figura de “urgencia manifiesta” a la firma Ingeniería y Construcciones S.A.S. por cinco mil seiscientos cuarenta millones de pesos y plazo de siete meses para su ejecución, terminó costando treinta y siete mil trescientos sesenta y seis millones y en su ejecución se tomaron treinta y dos meses y seis días.


Lo más simpático es que “esta urgencia manifiesta” fue invocada para la “recuperación de corredores viales y para la atención de puntos críticos en los sectores priorizados en los informes técnicos de las vías del Departamento de Antioquia”, mejor dicho, lo que se buscó y logró fue la expedición de un cheque en blanco para gastar plata.


Esta figura se justifica “cuando la continuidad del servicio exija el suministro de bienes o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se trate de conjurar situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas, o cuando se trate de situaciones que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos”. O sea, en este caso, pura letra muerta y pasada por donde sabemos.


El asunto comenzó el 18 de julio de 2012 y hoy, cuatro años después, puede afirmarse que la tal “urgencia manifiesta” y los treinta y siete mil millones que al final valió el contrato adjudicado sin licitación y a dedo, y con disponibilidad presupuestal apenas para los primeros cinco mil seiscientos millones, sirvió para colocar cuatro o cinco piedras más en unas carreteras secundarias y terciarias que se mantienen ahora en la misma situación de hace veinte, treinta o más años.


Con razón el pronunciamiento desfavorable dado por la Contraloría de Antioquia sobre algunas de las adjudicaciones hechas a dedo -por ejemplo la construcción de un viaducto en la carretera Abejorral-La Ceja por valor de quince mil doscientos millones de pesos- en el cual destaca el desconocimiento de los principios elementales que gobiernan la actividad administrativa, “como son los de planeación, selección objetiva, transparencia y legalidad”.


Debe aclararse, sin embargo, que el ente fiscalizador dio el visto bueno al primer contrato por los cinco mil y pico de millones, pero nunca más le hizo un seguimiento adecuado, por lo cual fue posible extender de siete a treinta y dos meses el plazo de ejecución y hacerle adiciones o incorporaciones por treinta y un mil setecientos veintiseis millones, eso sí, “sin que se perdiera un solo peso”.


Esta anormal actuación ha sido puesta en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y otros organismos de control, y será llevada a la Fiscalía General mediante denuncia penal que va a ser instaurada en los próximos días.