Editorial

Conflictivo acuerdo con camioneros
24 de Julio de 2016


El país queda sometido a los conflictos que puedan desatar transportadores públicos no beneficiarios de las gabelas.

En el día 46 del paro, Gobierno y camioneros suscribieron el Acuerdo para la reforma estructural del transporte de carga por carretera. Este busca recuperar normalidad en la movilización de carga gracias a que ese gremio recibió garantías en los temas particulares que incentivaron su movilización. A cambio de las gabelas, el Gobierno obtuvo compromisos en materia de trabajo decente y formalización empresarial. Como es de uso, los firmantes acordaron levantar las medidas administrativas contra los camioneros y acompañar las actuaciones judiciales contra líderes de la movilización.


Aunque fue parcial, sobre todo en las vías departamentales, el paro afectó a productores e importadores, impactó los precios de alimentos y los suministros de materias primas, poniendo otro freno a la economía. A pesar de ello, y de una intensa propaganda de los grandes medios contra el movimiento y líderes que recibieron señalamientos que mermaron la confianza en su causa, la mayor parte de la ciudadanía se solidarizó con las que consideró justas pretensiones, en especial las relacionadas con el precio de los combustibles y la imposición de prepagar las futuras vías 4G a través de peajes, que serían reajustados en valores superiores al de la inflación causada. Esa solidaridad colectiva no encontró retribución en las cabezas de la protesta, que terminaron dando razón a quienes los acusaron de levantar tal polvareda sólo para alcanzar el mejoramiento de sus condiciones particulares. 


En la nuez del acuerdo están las garantías de que el Gobierno no permitirá la llegada de nuevos vehículos que compitan con los actuales empresarios del transporte, consignada en el punto 1 del documento, sobre conservación del esquema 1 a 1 para el reemplazo de camiones en las vías. Lo decidido implica que “la renovación del parque automotor de carga por carretera debe realizarse vía reposición y en ningún momento por incremento” y que, en consecuencia, los empresarios actuales mantienen su presencia y control del sistema de carga, al menos en tanto “se equilibre la condición del mercado de oferta y demanda del parque automotor de carga, demostrado técnicamente”.


Paralelo a la protección a su condición empresarial, los camioneros obtuvieron lo más parecido posible a la “tabla de fletes”, mediante un sistema de libertad vigilada de precios semejante al que existe en servicios públicos esenciales, como energía y agua, o bienes públicos con impacto vital, como los medicamentos de alto costo. Fue así como en el punto 3 se consagró hacer “un ajuste inmediato al Sice (máximo una semana después de firmado el presente acuerdo) para actualizarlo como está establecido en las normas vigentes, en lo relativo a peajes, combustibles, costos de mantenimiento, administrativos y otros fijos y variables”. Esta revisión sería la base para que el Gobierno apoye al gremio vigilando que los fletes pagados no estén por debajo de las condiciones de precios del sector.


Después de recibir garantías de que el Estado les acompañará en la fijación de los precios de movilización de la carga, los transportadores le brindaron al Gobierno cesar en las demandas que otros sectores de la opinión pública compartían con ellos. Reducido a ser tasado en el Sice, el debate por el precio de la gasolina se dejó a dirigentes políticos y otros gremios agobiados por, como señala el senador Luis Fernando Velasco, ser obligados a subsidiar a Ecopetrol pagando la gasolina por encima de valor en los mercados internacionales. Para no dejar pasar en blanco la importante exigencia de no imponer peajes para prepagar las vías 4G, concesionadas a empresarios que las financiarían a cambio de su futuro usufructo, el acuerdo estableció condiciones especiales para los vehículos pesados de carga en tres casetas cercanas ubicadas en la costa Caribe. Logrado su objetivo, los camioneros regresan a su trabajo. El país, sin embargo, queda sometido a los conflictos que puedan desatar transportadores públicos no beneficiarios de las gabelas, como los de pasajeros, o incluso los privados que tienen dificultades para ser representados, pero sí llevan la carga de los sobrecostos de la gasolina o el infame cobro de peajes para el pago anticipado de las nuevas vías. Este último cobro se une a las inquietudes expresadas por voceros de la Red de Justicia Tributaria, según los cuales apenas el 40% de los ingresos por la ominosa venta de Isagén van al fondo que financia esas obras.