Editorial

Las deudas del sector eléctrico
18 de Julio de 2016


La Contraloría desmiente a quienes, como el Gobierno, atribuyeron a El Niño la responsabilidad única de la crisis que encareció el costo de la energía y generó riesgos de racionamiento.

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La Superintendencia de Servicios Públicos y la Contraloría General han reabierto la discusión sobre las causas de la crisis del sector eléctrico, la recaudación y uso de recursos por el “cargo de confiabilidad” y el gobierno del sector.


El Gobierno devolvió a sus dueños el manejo de Termocandelaria, protagonista de la crisis. Lo hizo aduciendo que fueron definidos compromisos de pago de $450.000 millones a proveedores de combustibles y otros insumos; al arrendador de su infraestructura y al sistema financiero. La devolución ocurrió a pesar de que la Superintendencia de Sociedades no ha concluido la investigación, ni determinado acciones, sobre las causas de la iliquidez de la compañía, que conllevan también el análisis de los abusos que pudieron presentarse en el manejo de los recursos del cargo de confiabilidad. Los hallazgos en este campo permitirán aclarar, y ojalá prevenir en próximas ocasiones, fallas de la térmica, así como de los mecanismos de planificación y control en el sector.


Si bien los errores y vacíos de Termocandelaria y Termovalle, responsables del 25% de la generación térmica del país, pusieron en riesgo al sistema, la reciente crisis develó que el sector eléctrico colombiano no ha alcanzado la madurez que algunos proclaman. Las dificultades del control lo hacen, entre otras cosas, responsable de que se incumplan promesas como la de la Resolución 71 de 2006, que organizó la contribución que opera como seguro para blindar al país cuando ocurrieran, como sucedió el pasado semestre, fenómenos climatológicos como El Niño o dificultades en las hidroeléctricas, entre ellas la de Guatapé.


El informe de la Contraloría desmiente a quienes, con el Gobierno en la cabeza, atribuyeron al fenómeno de El Niño la responsabilidad única de la crisis que encareció prematuramente el costo de la energía y generó riesgos de racionamiento. El estudio calificó como “detrimento patrimonial” los $53.700 millones pagados como subsidios para la adquisición de combustibles líquidos, que garantizaron la operación, a máxima potencia, de las térmicas. En este desembolso, el ente fiscalizador también señala las fallas gubernamentales al dejar de exigir a Venezuela que cumpliera compromisos para iniciar en enero de este año las exportaciones de gas que compensaran las realizadas por Colombia a ese país.


La suma de errores y gastos inútiles toma ribetes dramáticos cuando el análisis se enfoca en las decisiones tomadas para reconocer responsabilidades y exigir sanciones y en las decisiones en curso para preparar al país para la normalidad de un sector que está llamado a crecer en tanto lo hagan el desarrollo de la infraestructura de transporte, la industria y las expectativas favorables sobre Colombia.


El reciente llamado de la Asociación Colombiana de Generadores, Acolgén, es sintomático de las condiciones del sector. Solitaria, la vocera del gremio pidió a la Creg iniciar el proceso de subasta de generación de energía, para acelerar la definición de proyectos que atenderían las necesidades que el país puede tener en el largo plazo. Las razones para la petición son las demoras que entrañan las gestiones financiera, ingenieril, ambiental y social, necesarias en proyectos de generación eléctrica. Hasta hoy no se conocen respuestas a esta petición. La atención a Acolgén permitiría a EPM y otras grandes generadoras ampliar sus inversiones nacionales en el principal campo de su gestión, el de prestación de servicios públicos domiciliarios con la eficiencia y economía que les permite atender las necesidades básicas de la población y la demanda de servicios confiables del sector productivo. La consolidación como prestadores de servicios públicos no debería seguir excluyendo inversiones en otros campos que pueden ser fuente de desarrollo empresarial y generación de utilidades que compañías como EPM destinan al desarrollo social de sus comunidades.


Si bien El Niño desnudó la gravísima situación del sector energético, es facilismo imputarle toda la responsabilidad por el encarecimiento y desabastecimiento de energía. Su conclusión sólo determinó la caída del ministro González y la superintendente Uribe, que demostraron improvisación en campos tan serios. Pasada la crisis pocos parecen interesados en corregir los vacíos y aportar soluciones para dar madurez y seriedad a la planificación del sector, despolitizándolo,  y garantizando rigor y fuerza al control por la Superintendencia.




Comentarios
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Leopoldo
2016/07/19 11:46:07 am
Sigo considerando a Empresas Públicas de Medellín como muy sólida.