Editorial

Iniquidad en salud
6 de Julio de 2016


Son iniquidades que constituyen afrentas a los departamentos y municipios que han trabajado por construir modelos transparentes de atenci髇 en salud.

Con su denuncia sobre el desfalco a los recursos para atención No POS a pacientes del régimen subsidiado de salud en Córdoba, la Contraloría General descorrió velos que ocultan focos de inequidad y desangre del sistema salud, que se curarán cuando el Gobierno y el Congreso le apuesten a revisar la Ley 100 y el sistema general de participaciones.


La Contraloría denunció a la Gobernación de Córdoba por el pago irregular de $49.000 millones a dos IPS que supuestamente habrían atendido a 81 pacientes por hemofilia, y de $1.636 millones a tres IPS por terapias de neurología que no se realizaron. Los interrogantes del órgano de vigilancia surgieron por la desproporcionada presencia de adultos con hemofilia, enfermedad de pronóstico grave que se diagnostica a edad temprana y con prevalencia del 0,05% en la población; entre los años 2013 y 2014, en Córdoba los pacientes pasaron de 47 (0,35% de prevalencia) a 81 (0,61% de prevalencia) en crecimiento exponencial e inexplicable. Las investigaciones revelaron inexistencia de órdenes médicas para atención, de exámenes con diagnósticos de la enfermedad, y, peor aún, de los pacientes enfermos. Lo que sí encontraron fueron cambios en los nombres de los prestadores y giros directos de la Secretaría de Salud departamental a las IPS que facturaron sin entregar comprobantes, como sellos de medicamentos que se aplican institucionalmente.


El escándalo, que es objeto de investigación por la Fiscalía, oculta irregularidades en la operación de la salud en Córdoba, que se repiten en otras entidades territoriales y que ocurren bajo tolerancia de las autoridades administrativas. Es notorio, y contrario al entramado institucional creado en la Ley 100, que ese departamento pague directamente las atenciones recibidas por pacientes del régimen subsidiado y que no lo hagan las EPS. Es inaceptable, además, que no se exija un sistema de auditoría de cuentas, como el que tiene el departamento de Antioquia para los recursos No POS, que revise la coherencia entre la prestación de servicios y la facturación a las entidades territoriales. Además, es insostenible que un departamento como Córdoba tenga 395.000 personas afiliadas al régimen contributivo y 1’340.000 personas adscritas al régimen subsidiado, situación que aumenta su acceso a recursos del SGP; tal desproporción debería alertar a las autoridades nacionales porque estaría demostrando que ese es un departamento sin economía, o sea sin empleo, o sometido a poderosas redes de corrupción para defraudar al Estado mediante abusos con los subsidios.


La tolerancia con la corrupción, en la que los hechos señalados por la Contraloría son apenas un elemento notable; con el irresponsable sistema de pagos directos del Departamento a los prestadores de servicios, eludiendo las responsabilidades de las administradoras de la salud, y con la adscripción de ciudadanos al régimen subsidiado de salud, son demostraciones extremas, ¿y frecuentes?, de enormes debilidades en la administración del sistema. También son iniquidades que constituyen afrentas a los departamentos y municipios que han trabajado por construir modelos transparentes de atención en salud.


La Alianza AMA legó a Antioquia y Medellín una institución planeada como modelo de administración del régimen subsidiado, y que puede serlo también del régimen contributivo, Savia Salud. A diferencia de Córdoba, donde los recursos del No POS abundan y favorecen corrupciones, Antioquia apenas recibe un billón de pesos anuales para atender a sus 2.4 millones de afiliados al sistema subsidiado, mientras cuenta con 2.2 billones para 2.2 millones de afiliados al régimen contributivo. Desde 2015, el desequilibrio entre sus necesidades y los ingresos ha sido puesto en cabeza de Savia Salud, institución que hoy sufre iliquidez por cuenta de la deuda departamental, cercana a $200.000 millones, con el régimen. Después de siete meses de acción de los gobiernos que han decidido no seguir con la Alianza, la EPS mixta sostiene su atención mientras espera que la Gobernación honre la deuda por prestaciones debidamente certificadas, el Municipio anuncie cuál será su inversión para capitalizarla, y la Nación asegure la inversión de $50.000 millones, que afinaría la capacidad financiera de una entidad que, pese a ser modelo, sufre por abandono de los gobiernos.