Columnistas

Vías del Chocó: Tragedias, clientelismo y corrupción II
Autor: José E. Mosquera
23 de Junio de 2016


A mediados de este año, el gobierno del presidente Santos le asignó a los mismos hermanos Carlos Alberto y Luis Héctor Solarte, a través de otra empresa de su conglomerado.

A mediados de este año, el gobierno del presidente Santos le asignó a los mismos hermanos Carlos Alberto y Luis Héctor Solarte, a través de otra empresa de su conglomerado, Sonacol otro contrato, denominado fase III por $ 81.000 millones, para que terminen de pavimentar los kilómetros que no se ejecutaron en el gobierno de Uribe y, es precisamente en ese trayecto donde ocurrió el deslizamiento.


En el gobierno de Santos, se ha continuado con el mismo robo al Estado en las vías del Chocó, el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, no ha hecho otra cosa que un cuestionable y desastroso clientelismo con los contratos viales en el Chocó, con la complicidad de la dirigencia chocoana.


En 2012, se arrancó con la Fase II con la asignación de un contrato en el tramo El 18- Ciudad Bolívar al consorcio Corredores Lax 051, integrado por empresa mexicana Tradeco y las colombianas Coninsa Ramón H. y SP Ingenieros por $ 254.000 millones. La realidad es que ese trayecto de 72 kilómetros sólo se han pavimentado 16 kilómetros, un contrato que se termina el noviembre de este año y se ha ejecutado en obras físicas sólo el 20% de lo estipulado. Pero en un tecnicismo se demuestra que su ejecución presupuestal va el 80 por ciento, pero en obras físicas sus avances son francamente cuestionables.


En siete años de ejecución de las fases 1 y 2, en la vía Quibdó- Ciudad Bolívar, sólo se han pavimentado 40 km de los 110 km de trayecto, un promedio de 5,71 km por año. Se calcula que al ritmo que se trabaja se llevará un decenio en terminar la vía. 


Para cerrar la faena de todo este eslabón oscuro y putrefacto de las obras de pavimentación en esta carretera, en el gobierno de la actual viceministra de Cultura, Zulia María Mena García, la Alcaldía de Quibdó, adjudicó otro contrato por $13.232 millones para la pavimentación de la salida del perímetro urbano de Quibdó hacia Ciudad Bolívar, pero los chocoanos no saben en qué obras se invirtieron los dineros. Tema que fue denunciado ante el procurador Alejandro Ordoñez, pero como está en campaña política esas denuncias permanecen archivados en los anaqueles del Ministerio Público.


En consecuencia, los temas de las pavimentaciones de la carretera Quibdó-Ciudad Bolívar, ameritan abrir un debate de fondo sobre las responsabilidades políticas en este descarado desangre al Estado. Por un lado, el papel del Estado, en cabeza de la Vicepresidencia, los ministerios de Transporte, Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Vías, la Gobernación del Chocó, los políticos chocoanos y los entes de control. Porque la realidad es que por falta de transparencia y de políticas de ejecuciones eficaces de las obras, se ha permitido un robo continuo al Estado con las obras viales en el Chocó. 


Del otro lado, hay que poner en la picota pública a una serie de contratistas avivatos que al parecer en alianzas perversas con los líderes de las comunidades locales, utilizan los mecanismos de las concertaciones de las consultas previas de las obras para prolongar las ejecuciones de las mismas y a través de esos métodos nefastos saquean al Estado. 


Por último, sobre el papel de los líderes de las comunidades indígenas y negras que por intereses personales y sus continuas trabas en los procesos de concertación de las consultas previas para las obtenciones de los permisos ambientales están jugando un papel desastroso en el atraso vial de su tierra. Trabas que en cierto modo han impedido la celeridad en los trabajos, de excusas y mecanismo de los contratistas para esquilmar al Estado. En conclusión: la triste tragedia que enluta a los chocoanos debe servir para abrir un debate sobre el papel del Estado, los contratistas, los líderes políticos y comunitarios chocoanos en atraso vial del Chocó.