Editorial


Pulso a medias por la salud
20 de Junio de 2016


Someten al país al monopolio del imatinib, inexistente en India y Estados Unidos, que beneficia a una empresa símbolo de innovación, así como de capacidad para presionar y alcanzar ventajas.

El previsible y temido fracaso del Ministerio de Salud en su intención de negociar las condiciones impuestas por Novartis para vender el medicamento Glivec, condujo a declarar “la existencia de razones de interés público” sobre el compuesto imatinib, desarrollado por esa farmacéutica suiza. Con la disposición, la segunda de estas características en nuestra historia, el Gobierno atendió una solicitud presentada desde noviembre de 2014 por las ONG Infarma y Misión Salud, así como por el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional. Tras su decisión, el Ministerio deberá conformar un comité que estudie la producción y características del medicamento a fin de regular su precio, según criterios técnicos, que son distintos a los de la ponderación de costos dada en distintos países, cuando la decisión apenas define regulación de precios a los medicamentos.


La resolución representa un avance frente al sometimiento a las condiciones impuestas por Novartis, que el país sufría desde febrero de 2012, cuando la Sección Primera del Consejo de Estado ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder al laboratorio la segunda patente de invención para el imatinib. El fallo ordenó la revocatoria de negativas previas adoptadas, como en India y Estados Unidos, reconociendo que las modificaciones moleculares no representaban avances “en el nivel inventivo” que justificaran conceder patente “de reverdecimiento”. Estas segundas patentes son buscadas con mayor frecuencia por fabricantes que buscan acumular otros 20 años de abuso monopólico para explotar moléculas innovadoras, pero cuyo desarrollo se ha realizado sobre desarrollos científicos previos.


Expertos en las complicadas tensiones alrededor de la propiedad intelectual para medicamentos, instrumento que ha convertido a las farmacéuticas en el segundo grupo de empresas más rico del mundo, reconocen la decisión como la posible para un Gobierno enfrentado a los límites de su necesidad de afianzar a los aliados que alienten las negociaciones de La Habana, así como al impuesto por el Consejo de Estado a partir del concepto de un perito que, por cierto, no fue uno de los expertos en propiedad intelectual, patentes farmacéuticas y desarrollo de principios activos, como el doctor Germán Velásquez. Esta visión no quita el sinsabor por los límites que someten al país al monopolio del imatinib, inexistente en India y Estados Unidos, que beneficia a una empresa símbolo de innovación, así como de capacidad para presionar y alcanzar ventajas, y ganancias, que crean inequidad y favorecen abusos contra el sistema de salud. Así se regulen precios, la imposibilidad de que otros fabricantes entren al mercado mantiene el fantasma de sobrecostos en el valor cobrado al Estado por el imatinib. En este escenario es imposible olvidar que los costos del Glivec en Colombia llegaron a ser superiores en 198% a los de genéricos con igual molécula.


Como aprecia el documento suscrito, a nombre de sus organizaciones, por los reconocidos investigadores Francisco Rossi, Germán Holguín y José Julián López, y lo habíamos referido en el editorial Nuevo pulso con las farmacéuticas, del pasado 11 de mayo, las decisiones de India, que han salido triunfantes en los tribunales de la OMC, y sus avances en la fabricación de genéricos, apuntan a exigir a la industria de la innovación médica racionalidad en sus actuaciones y costos. Y es que, nótese ello, ese país no se cierra a conceder patentes, por períodos razonables que se extienden hasta los  20 años, a medicamentos novedosos que demuestren eficacia, porque salvan vidas o protegen su calidad. Tal apertura, que premia justamente los esfuerzos de investigación, se encuentra con el límite de la protección de la salud pública, que para la India es causa que le ha permitido atender enfermedades catastróficas de su población, así como consolidar una potente industria farmacéutica que permite a los más pobres del mundo acceder, pagando costos razonables, a medicamentos de gran efectividad. A pesar de que cuenta con reputados expertos en las trampas con que las farmacéuticas ganan sumas descomunales por sus avances, con decisiones como la adoptada el pasado 14 de junio, Resolución 2476 de 2016, Colombia sigue estando atrás de India, y hasta de Estados Unidos, en aquello que de defender la salud de su pueblo se trata.