Editorial


Un país con hambre no vivirá en paz
19 de Junio de 2016


La actuación de la Cámara de Representantes, aupada por el Gobierno, aplazó por dos años, por lo menos, la esperanza de que Colombia tenga un instrumento para su política de seguridad nutricional.

El ausentismo parlamentario que se pretende combatir con un proyecto de ley popular entre periodistas y cínicos rutinarios en redes sociales no acaece, en muchas ocasiones, por pereza de los congresistas. Su causa corriente es el boicot deliberado a debates de control político o trámites legislativos. Fue esta la clase de ausentismo que terminó por hundir el proyecto de Ley que creaba el Sistema de seguridad alimentaria y nutricional, Sisán, y las instituciones inherentes a él, iniciativa de los senadores del Partido Liberal a la que se debía dar cuarto, y último debate.


La actuación de la Cámara de Representantes, aupada por el Gobierno, aplazó por dos años, por lo menos, la esperanza de que Colombia tenga un instrumento para su política de seguridad nutricional, comparable con Maná o los sistemas de países como Perú, Costa Rica o Guatemala. Mediante la estrategia integral definida por el gobernador Guillermo Gaviria Correa, y continuada desde 2001, Antioquia consiguió reducir las muertes de niños por desnutrición de las 912 acaecidas en el año 2000 a las todavía muy lamentables pero significativamente pocas (ocho) de 2015. Y los países que han creado sus sistemas nacionales de seguridad alimentaria, recogiendo varios de ellos la experiencia de Maná, consiguieron, en septiembre de 2015, cumplir la meta de “reducir a la mitad (frente a la existente en el año 2000), la población con hambre”. El año pasado, Colombia compartió con Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay, la desgracia del incumplimiento. Hoy, además, debe lamentar el incremento de infantes muertos por desnutrición o causas asociadas. Según el Boletín Epidemiológico del INS (que es un sub-registro pues sólo incluye muertes declaradas por autoridades sanitarias, y eso si se puede confiar en el debido diligenciamento de la partida de defunción) a la semana 23 de 2015 (segunda de junio) habían muerto 110 niños por desnutrición y causas asociadas en Colombia. Para esta misma fecha en 2016, la cifra ya es de 115, once de ellas ocurridas en la última semana de medición.  


La desnutrición aqueja a pueblos vulnerados por las organizaciones criminales, la pobreza y la corrupción. Los grupos indígenas y afro de La Guajira, Chocó, Cesar, Magdalena, Vaupés, Vichada, y Córdoba padecen especialmente la muerte de sus niños. Y nada pasa. A pesar de ser favorecidos por decisiones internacionales, como las medidas cautelares de la Cidh, o por acciones de tutela, como la del Tribunal Superior de Riohacha, el pueblo wayúu ha perdido más de 30 menores de 5 años por desnutrición, el último de ellos, Ilder de Jesús Epiayú Uraniyú, fallecido ayer. No es distinta la tragedia de las cuarenta comunidades indígenas de Lloró, Chocó, que durante este año han despedido a once niños, oficialmente, y a otros más no registrados, por desnutrición asociada al confinamiento a que los han sometido las organizaciones criminales, el desorden en la atención alimentaria y nutricional, así como su lejanía de los centros que definen el interés común. Desdice de la madurez institucional de los entes centralistas que la atención a algunas comunidades sólo se ofrezca cuando consiguen, como los wayúu, recibir atención especial internacional o porque sus líderes, como el alcalde de Lloró, movilicen la atención nacional hacia tragedias conocidas, toleradas y hasta ocultadas por sus antecesores o por funcionarios en ejercicio que han intentado disfrazarlas, como al parecer está pasando con el incremento de muertes por malaria en Chocó.


El proyecto de Ley que crea el Sistema de seguridad alimentaria y nutricional es un hecho de paz, justicia y equidad para con los colombianos que sufren los efectos del hambre en la etapa gestacional y la primera infancia, adquiriendo enfermedades incurables, viendo reducidas sus capacidades intelectuales, o enfrentándose a la irremediable muerte. Su alcance también incluye la debida prestación y control del Programa de Alimentación Escolar, así como la seguridad alimentaria de personas de la tercera edad y comunidades vulnerables. Tras la burda ruptura de quórum en que incurrió el pasado viernes, el Congreso tiene la oportunidad de reconocer esta tragedia y su condición de solucionable, si se identifican las herramientas para ello, a fin de presentarla como una iniciativa colegiada y pluripartidista inspirada en la infancia que sufre. Seguimos atentos.